Holanda legaliza a 26.000 inmigrantes que llegaron al país antes de 2001
ISABEL FERRER - La Haya - 28/04/2007
EL PAIS
Los cerca de 26.000 inmigrantes que demandaron asilo en Holanda antes del 1 de abril de 2001 podrán acogerse a una amnistía general para este grupo específico de extranjeros que acaba de aprobar el Gobierno de centro-izquierda. La decisión incluye a los que mintieron sobre su identidad una vez, pero no a los que falsearon sus documentos en varias ocasiones o sean criminales de guerra oculta bajo otro nombre.
ISABEL FERRER - La Haya - 28/04/2007
EL PAIS
Los cerca de 26.000 inmigrantes que demandaron asilo en Holanda antes del 1 de abril de 2001 podrán acogerse a una amnistía general para este grupo específico de extranjeros que acaba de aprobar el Gobierno de centro-izquierda. La decisión incluye a los que mintieron sobre su identidad una vez, pero no a los que falsearon sus documentos en varias ocasiones o sean criminales de guerra oculta bajo otro nombre.
La distinción entre una o más mentiras resulta muy significativa, ya que así ocurrió con la diputada liberal de origen somalí Ayaan Hirsi Alí. Ella casi perdió su pasaporte holandés por haber dado un apellido familiar, aunque no el paterno, a las autoridades cuando llegó a Holanda en los años noventa. La conmoción provocada por su caso, gestionado por la que fuera ministra de Inmigración Rita Verdonk, ocasionó en el verano de 2006 la caída del Gabinete de centro-derecha del democristiano Jan Peter Balkenende.
El presente acuerdo de amnistía no ha gustado al grupo liberal ni al Partido para la Libertad, de extrema derecha. El primero ha lamentado que las puertas del país se abrieran "para los mentirosos". El líder del otro, Geert Wilders, amenazado por el islamismo radical, lo calificó de "ridículo". Por el contrario, socialistas y calvinistas, socios ahora de Balkenende, sostienen que "debe acabarse de una vez con la incertidumbre y las penosas condiciones soportadas por gentes con largo tiempo de residencia, pero sin papeles en regla".
El pacto gubernamental dota por fin de un protocolo a los servicios de inmigración. Los alcaldes tendrán que extender los certificados de residencia a los inmigrantes que puedan acogerse a la amnistía. Lo que ya no podrán hacer es acoger a los que no tengan derecho a permanecer en Holanda, como venía sucediendo.
La aplicación de la amnistía costará 55 millones de euros, una cifra bien empleada según el socialdemócrata Wouter Bos, ministro de Finanzas. "Los que se queden buscarán empleo, lo cual supone un ahorro", aseguró ayer.
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