martes, 31 de marzo de 2009

Siguen muriendo en el mar



CEAR considera que las muertes frente a Libia son el precio que Europa hace pagar por el cierre y externalización de fronteras


La desaparición de cientos de personas en las aguas que rodean la frontera sur europea no puede ser calificada como un mero accidente. Como CEAR y otras muchas organizaciones sociales han denunciado reiteradamente, la política de cierre y externalización de fronteras hace que las personas que intentan llegar a territorio europeo huyendo de la pobreza o las violaciones de derechos humanos tengan que asumir más riesgos. Delegar el control de fronteras en países extracomunitarios como Libia, donde no se pueden garantizar los derechos de los migrantes, significa también asumir una corresponsabilidad respecto a las personas que se ven afectadas por esos acuerdos, tal y como han recordado instituciones como el Parlamento Europeo o el Defensor del Pueblo español. Libia, además de estar negociando con la Unión Europea un tratado que contemplaría el comercio, la energía y las migraciones, ha firmado recientemente un acuerdo con Italia para patrullar las costas y frenar así el flujo de personas que llegan a territorio italiano por mar, un patrullaje que comenzará en las próximas semanas y que ha podido causar el aumento de embarcaciones hacia Europa.

Cuando las políticas migratorias se basan en el cierre de fronteras, en la delegación de la responsabilidad en países que no están en condiciones de asegurar los derechos humanos y en el rechazo, tanto con barreras físicas como simbólicas, de los seres humanos que huyen de la miseria o de las violaciones de derechos humanos, las muertes de estas personas son un precio que Europa debe aclarar si está dispuesta a hacer pagar.

Por tanto, CEAR pide que la Unión Europea no contemple pasivamente estos naufragios, y que deje de eludir su responsabilidad. La UE debe actuar de manera inmediata para localizar y rescatar, estén en el estado en que estén, a los cientos de personas desaparecidas. CEAR exige que no se manipule la tragedia con intereses partidistas, que no se señale a las ‘mafias’ como únicas responsables de estas muertes ni se culpe a supuestas políticas de “efecto llamada”, cuando la realidad es que estos últimos naufragios se han producido a las puertas de un país europeo cuya política que no se ha caracterizado precisamente por su “efecto llamada”, sino al contrario, por el cierre de fronteras, la criminalización de los inmigrantes y las actuaciones xenófobas.

CEAR pide también responsabilidad a aquellos medios de comunicación que hoy se han apresurado a calificar como “inmigrantes ilegales” a las personas desaparecidas, cuando ni siquiera han podido llegar a ningún territorio en el que romper la legalidad vigente. CEAR recuerda que son naúfragos y por tanto sujetos de derechos según el convenio internacional de búsqueda y rescate marítimo y de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar de 1982. CEAR espera que en este caso no haya vuelto a desaparecer el sentido humanitario frente a otro tipo de intereses, y por tanto exige a los países miembros de la Unión Europea una investigación sobre los naufragios ocurridos frente a las costas de Libia.

Por último, CEAR pide al gobierno español que lidere en la Unión Europea la defensa de los derechos humanos, cuando está próximo a asumir la presidencia de la UE en el primer semestre de 2010.
31 03 09

lunes, 30 de marzo de 2009

Apuntes sobre la pobreza en el mundo



Samuel Pérez
Apuntes sobre la pobreza en el mundo
(Jovencuentro, diciembre de 2008)
(Página Abierta, 199-200, enero-febrero de 2009)

La reciente conciencia mundial sobre el encarecimiento de los alimentos (un 83% en los últimos tres años) ha puesto de actualidad la grave situación de pobreza en la que viven millones de personas. Este problema ha pasado a ocupar un lugar importante en la agenda pública de instituciones y gobiernos. Esto es lo que decía en las charlas de hace un año: con la crisis económica ocupando todos los espacios, la cuestión de la pobreza ha vuelto al segundo plano en el que estaba.

La realidad es que millones de personas en todo el mundo viven en condiciones de pobreza severa. Esta es una de las lacras más graves de nuestro tiempo. La pobreza no viene sola: a la falta de alimentos se unen múltiples enfermedades que se podrían curar con facilidad pero se agravan al no disponer de recursos mínimos. Esto, junto a la falta de agua potable y otras carencias, producen sufrimientos sin cuento y llevan a la muerte a millones de estas personas cada año.

«La inmensa tragedia que representa la pobreza: destroza vidas, ahoga la felicidad, destruye la creatividad y erradica la libertad», diceAmartya Sen en el libro De la pobreza al poder (Oxfam, 2008).

Una de las principales causas de este injusto reparto de la riqueza son las políticas económicas y comerciales desiguales que agravan esta gran separación entre unos países ricos y otros empobrecidos.

Esta situación es especialmente grave en pleno siglo XXI, con el gran aumento de la riqueza que se ha venido produciendo gracias a los desarrollos tecnológicos, y cuando existen recursos, comida, medicinas y medios para que toda la población pueda vivir con un mínimo de dignidad.

La novedad frente a este gran problema no son los Compromisos del Milenio por los que 189 países, en el marco de la ONU, se comprometieron a ocho objetivos mínimos para 2015, entre los principales reducir la pobreza extrema y el hambre a la mitad para esta fecha. No es novedad porque estos compromisos vienen haciéndose desde hace tiempo e incumpliéndose de forma sistemática. Lo que es novedad es que por primera vez existe un movimiento ciudadano a escala mundial que empuja, exige y propone alternativas para que estos objetivos se cumplan. Este movimiento en España está siendo alentado por la Coordinadora de ONGD por medio de la campaña Pobreza cero.
Les invito a seguir leyendo esta reflexión en: http://www.pensamientocritico.org/samper0309.html

domingo, 29 de marzo de 2009

Pobres, inmigración y codesarrollo



Pobres, inmigración y codesarrollo
Juan García Luján

No existe ningún país en el mundo que no haya vivido movimientos migratorios a lo largo de su historia. La primera potencia mundial, Estados Unidos, nació del movimiento de británicos e irlandeses. Europa se hizo rica gracias a la explotación de sus colonias con el imprescindible tráfico de los esclavos africanos. El ser humano no ha dejado de moverse. Pretender encerrar a la gente en las fronteras levantadas artificialmente es imposible.



El profesor Samir Naïr habló anoche de inmigración y codesarrollo en el CICCA. Contó que entre 1945 y 1975 se produjeron grandes movimientos de población entre diferentes continentes. Africanos, latinoamericanos y asiáticos entraban y salían de Europa sin visado. Los europeos huían de las dictaduras fascistas y podían entrar con total libertad en Latinoamérica y Estados Unidos. En Canarias la posguerra trajo hambre, nuestros bisabuelos y abuelos fueron a Venezuela, Cuba, Argentina, Guinea o el Sáhara a matar su jilorio. En 1975 comenzaron los miedos y las leyes de extranjería en varios países europeos. Todavía el Mediterráneo y el Atlántico no eran cementerios de personas migrantes. Pasaban los años y llegaron los acuerdos de Maastrich, Schengen y el Tratado de Lisboa. Europa cada vez más encerrada en sí misma, y en África, Asia y Latinoamérica el FMI y el Banco Mundial planteaban la imposición de políticas de reajuste económico para imponer un modelo neoliberal. Comenzó el éxodo africano para huir de todo aquello. Muertos en el Mediterráneo, muertos en el viaje a Canarias, deportaciones. Los migrantes se hicieron ilegales y la inmigración se transformó en un drama. Cada vez menos derechos para los foráneos.


Frente a ese recorte de derechos, el profesor Samir Naïr plantea el codesarrollo. Se trata de convertir la inmigración en vector central de la cooperación al Desarrollo. Plantea que los movimientos de población sirvan para el desarrollo económico y social de los países emisores y los Estados receptores de migrantes. Desde hace algunos años el dinero que los emigrantes africanos o latinoamericanos envían como remesas a sus países de origen es más del doble de la cantidad que los Estados ricos aportan en Ayuda Oficial al Desarrollo (con toda la crítica que merece el destino de buena parte de esos fondos). En los últimos siete años, antes de entrar en la crisis económica, ya se produjo un descenso de más de un 60% del dinero destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo. Esta tendencia aumentará.

El Parlamento europeo aprueba las llamadas directivas de la vergüenza, el gobierno de Sarkozy apuesta por la “inmigración selectiva” (importación de los cerebros africanos y cierre de fronteras a la mano de obra no universitaria). De África sólo interesa ahora su petróleo, su gas, su coltán, sus fosfatos, pero sus gentes que se queden allí, para trabajar sin derechos laborales en empresas que se instalan en ese continente para ahorrar los costes de personal y seguros sociales. Dice Samir Naïr que la actual crisis económica mundial se hubiera afrontado en otro siglo con alguna guerra.


Pero la gente ya no es tonta. Yo creo que si convocan una guerra mundial habría una mayoría de desertores. No plantea Samir Naïr un cambio de sistema económico, cree que se puede mejorar la vida de la población europea y la africana apostando por el codesarrollo, vinculando políticas demográficas con las políticas de Cooperación. Pero los gobiernos europeos no le hacen caso. Ahora toca cerrar más las fronteras, suprimir la reagrupación familiar, promover directivas de la vergüenza. No coincido con Naïr en que ya no se apuesta por la guerra para afrontar la crisis. Sí hay guerras, con sus deportaciones, la guerra por el agua, la guerra por el coltán en el Congo. El ejército francés declara la guerra a cualquier gobierno africano que cuestione los intereses de sus empresas. El asesinato de Sankara es un ejemplo histórico de lo que no se debe hacer. Militares de la OTAN estuvieron ensayando maniobras hace poco en las costas canarias, al ladito del continente africano. También hay deportaciones y refugiados, como en los años más difíciles años del siglo XX. Se renuncia a la guerra contra la pobreza, se amenaza con la guerra contra los pobres.

Europa tiene miedo y cada vez cierra más sus fronteras. En su libro 'Bocas del tiempo' Eduardo Galeano nos habla de la joven investigadora Catalina Álvarez Insúa que para poder afrontar el fenómeno de la pobreza planteó una definición sobre los pobres: “Pobres son los que tienen la puerta cerrada”. Dice Galeano que la certera definición la realizó Catalina cuando tenía 3 años, la mejor edad para asomarse al mundo y ver. Pobres son los que tienen la puerta cerrada. Europa cierra sus puertas a los pobres. Pero con esa política lo único que se consigue es aumentar el número de pobres.

Fuente: http://www.canariasahora.es/opinion/4063/

sábado, 21 de marzo de 2009

21 marzo: contra racismo y discriminación





21 DE MARZO: CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN.
-Manifiesto de la APDHA
El próximo 21 de marzo se celebra el Día Internacional para la Eliminación Racial, proclamado por la ONU en 1966. Ese día, un 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica.

Si los siempre execrables sentimientos y actitudes racistas van acompañados de prácticas o incluso de violencia racistas la propia sociedad se denigra. No sólo significan una grave violación de la dignidad de las personas, sino que suponen un grave peligro para la convivencia y la paz. Y no sólo significan un peligro a nivel nacional, sino una amenaza para la paz y la seguridad internacional

Desde la APDHA observamos con preocupación las encuestas que nos hablan del crecimiento de actitudes y comportamientos xenófobos y racistas en nuestra sociedad. Y que lamentablemente tienen una incidencia importante entre las personas jóvenes.


La Encuesta Escolar sobre Actitudes ante la Inmigración y Cambio de Valores desvela que el rechazo que expresan las nuevas generaciones respecto a otras razas es aún elevado. Y que quienes más lo sufren son marroquíes y gitanos. Por su parte la Red ENAR ha advertido que crece la intolerancia en España con motivo de la crisis social y económica que vivimos y que serán los sectores más vulnerables los que la sufrirán en mayor medida


El Instituto de la Juventud por su parte, en la Encuesta Los Jóvenes y la Inmigración 2008, detecta que hay una mayoría que cree que son demasiados los inmigrantes en nuestro país y que el principal inconveniente asociado a la inmigración era que “nos quitaban los puestos de trabajo”


Es verdad que, como indican todas las investigaciones, no son pocas las actitudes positivas hacia los inmigrantes: buena parte de la sociedad ha considerado positiva la presencia de inmigrantes y no los asociaba necesariamente con la delincuencia. De tal forma que España es uno de los países que presenta el nivel más bajo de xenofobia.


Pero junto a ello, en estos años, la discriminación ha proseguido de forma más cotidiana en la vida diaria, en el trabajo, en las relaciones, en el acceso a los recursos sociales. Especialmente en determinadas zonas geográficas con amplia presencia de inmigrantes o personas gitanas.Y es cada vez mas claro que la crisis social y económica puede disparar los conflictos. Todos somos conscientes que la crisis nos está conduciendo a situaciones complicadas para la inclusión y la articulación social. Y es aquí donde se pueden generar nuevos y mayores problemas.


En primer lugar por las políticas de discriminación hacia los inmigrantes, como las de preferencia nacional para los puestos de trabajo. En segundo lugar porque no son en absoluto descartables reacciones xenófobas ante la competencia laboral de los inmigrantes. Una realidad agravada por la discriminación añadida de los más bajos salarios


De esta forma a los miedos culturales que van asociados a los crecimientos del racismo (el famoso debate sobre los contratos de integración no es sino muestra de ello), o a una visualización de competencia por recursos sociales escasos (sanidad, comedores escolares…), se suma ahora, de nuevo, el que “son los que nos quitan los puestos de trabajo”.

Si las cosas evolucionaran en este sentido, lo que no es nada descartable, se producirá una situación social complicada en la que las reacciones xenófobas serán su mayor peligro. El problema es que en España, las políticas de control de la inmigración prevalecen de forma absoluta sobre las de integración y cohesión social. No hay una acción política acabada y efectiva contra el racismo, y la lucha contra la discriminación no pasa apenas del planteamiento teórico. Mientras que se destinan fondos para programas de integración, el discurso político es velada o abiertamente racista o xenófobo. Y muchas de las medidas tomadas en este último año alimentan precisamente la sensación de que parte de la solución a la crisis pasa por controlar a los inmigrantes y disminuir su incidencia en nuestro país.

Vemos así con particular preocupación la continuidad de la preferencia nacional, el decreto de retorno voluntario, las dificultades para la reagrupación familiar, el cifrar el número de detenciones de inmigrantes en determinadas localidades, el proyecto conocido de reforma de la Ley de Extranjería, la reducción de los fondos para el plan de nivelación… Son políticas que sancionan el tratamiento desigual y por ello, junto al discurso que se practica desde el gobierno y otras administraciones, o desde la oposición, no pueden sino alimentar la discriminación, el rechazo, la generalización de la xenofobia y los brotes racistas en nuestro país.


Si la discriminación toma carta de naturaleza (y ello será muy difícil de contrarrestar desde la sociedad civil) estaremos abocados a la formación de minorías con altos riesgos de exclusión severa, lo que aderezado con razones étnicas puede alterar suficientemente lo que venía siendo un proceso que, a pesar de todo, funcionaba sin alteraciones graves para la cohesión social. Y que tendrá consecuencias importantes para la convivencia, incluso desde el punto de vista de las próximas generaciones que están llamando ya a la puerta.

Desde la APDHA, en el Día contra el Racismo, no podemos sino reclamar una política de integración que no sea un apaga fuegos sino que signifique una lucha eficaz contra el racismo y la discriminación.


Pero ello no será posible sino desde la consideración de los inmigrantes, o de las personas gitanas por ejemplo, como parte de nuestra sociedad a todos los efectos, con todas las obligaciones, pero también con todos los derechos. La desigualdad social y jurídica, y más en tiempos de crisis, genera fracturas sociales y fenómenos racistas.

No será posible desde el abismo entre las intenciones declaradas y las políticas o el discurso con tintes racistas que no pocas veces se practica desde el gobierno y otras administraciones, o determinados partidos políticos.


En suma, sin la igualdad y el reconocimiento pleno de los derechos de ciudadanía (civiles y políticos, sociales y económicos y culturales) a todas las personas de nuestra sociedad sin discriminación por razón de etnia, raza u origen nacional no hay integración y es imposible cercar al racismo y construir una convivencia en paz.


Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

viernes, 20 de marzo de 2009

Todos contra el racismo





COMUNICADO RED ENAR ESPAÑA

21 DE MARZO “DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL RACISMO”

El Estado español sigue sin registrar los casos de racismo y sin apoyar a las víctimas de este flagelo.


La representación española de La Red Europea contra el Racismo (ENAR España[1]), que engloba más de 25 organizaciones en el Estado español, quiere señalar una vez más que la lucha contra el racismo y la discriminación es una batalla pendiente tanto por parte del Gobierno como del conjunto de la sociedad española.



Ante el gobierno español las organizaciones sociales han denunciado reiteradamente el retraso en la aplicación de la directiva europea 43/2000 contra la discriminación racial y la xenofobia. De reciente creación es el consejo por la igualdad de trato y no discriminación, pero a día de hoy sigue sin estrenarse. Preocupa a la red ENAR en España que este organismo sea efectivamente independiente, como así lo exige la legislación europea, y sobre todo que brinde de forma efectiva, institucional e independiente un apoyo a las víctimas de racismo y xenofobia.



ENAR considera que el desafío de la sociedad española no se encuentra tanto en evaluar si somos racistas o no, como en determinar un apoyo importante a las víctimas de racismo. Esta es sin duda una asignatura pendiente del Estado español, por cuanto no pone los mecanismos en marcha ni para registrar el número de casos de racismo ni para darles la necesaria protección e información a las víctimas.



Por otro lado, es intolerable que el Gobierno de España no garantice que alguna instancia del Estado tenga una actitud receptiva a los posibles casos de racismo, ni se investigue si algún mando policial o político ha dado órdenes para realizar, por ejemplo, redadas de carácter racista. El gobierno no puede seguir mirando para otro lado. No pueden tolerarse actitudes, órdenes o discursos que puedan ser abiertamente o veladamente racistas.



Tampoco puede tolerar la sociedad española que el racismo y la xenofobia sean utilizados en situaciones de crisis para enfrentar a unos ciudadanos con otros en razón de su nacionalidad. Todas y todos, como ciudadanas y ciudadanos, y no como mano de obra, tenemos que opinar, participar y beneficiarnos de las políticas contra la crisis y no ser sólo un chivo expiatorio y un blanco de políticas destructoras del Estado del bienestar.



La lucha contra el racismo, como contra el resto de discriminaciones, corresponde al conjunto de la sociedad española, de su sociedad civil y de la clase política. Si no rompemos el discurso del “ellos” y “nosotros”, no podremos ganar la batalla contra esta lacra social.


Madrid, 21 de marzo de 2009
[1] ENAR ESPAÑA está integrada por: CEAR, SOS RACISMO, IEPALA, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Movimiento contra la Intolerancia, Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña “FAGIC”, Asamblea de Cooperación por la paz, UNIO POBLES SOLIDARIS, USO, ACULCO, CONIBEROAMERICA, AESCO, Red ACOGE, Asociación Ari- Perú, VOMADE – VINCIT, Asociación ASISI, Asociación Nacional Presencia Gitana, COLEGA Madrid, Asoc. Mujeres E´WAISO IPOLA, Asociación Pro-Derechos Humanos Andalucía (APDHA), LA CEIBA Asociación de pueblos indígenas, CONADEE, Federación de Mujeres Progresistas, ASOADMAF, MPDL, Madrid Puerta Abierta

jueves, 19 de marzo de 2009

Cuba: Libertad para activistas



Cuba: El gobierno debe mostrar su compromiso con los derechos humanos liberando activistas

Sexto aniversario de la campaña represiva de activistas


Madrid.- El gobierno cubano debe poner en libertad de inmediato a los 57 presos de conciencia que llevan recluidos más de seis años y respetar el derecho a la libertad de expresión y asociación, ha dicho hoy Amnistía Internacional.


La petición se efectúa con motivo del sexto aniversario de la campaña represiva llevada a cabo en marzo de 2003 contra los activistas políticos y de derechos humanos del país.


“En su momento no había ningún motivo válido para que se detuviera a estos 57 hombres, y por supuesto que no hay ningún motivo para que permanezcan en la cárcel”, ha dicho Gerardo Ducos, investigador de Cuba de Amnistía Internacional. “El único ‘delito’ que cometieron fue ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión”.


A Amnistía Internacional también le preocupa el hostigamiento que están sufriendo los activistas de derechos humanos, especialmente los que participan en los preparativos para la manifestación del 18 de marzo.

Según los informes, Ivonne Mallesa, de la organización Damas de Blanco, fue detenida en su domicilio el 10 de marzo por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y llevada a una casa de visita (las casas de visita son locales del gobierno que se utilizan para organizar actos y reuniones públicas). Cuatro horas después quedó en libertad sin cargos. Los agentes de seguridad le dijeron que acabaría condenada a 20 años de cárcel si seguía apoyando a las Damas de Blanco, grupo no oficial formado por mujeres que son familiares y amigas de las personas encarceladas en la represión de marzo de 2003.


“Las autoridades cubanas han hablado muchas veces de la importancia de los derechos humanos. Ahora tienen la oportunidad de pasar de las palabras a los hechos poniendo en libertad a quienes han sido encarcelados injustamente”, ha dicho Gerardo Ducos.


Información complementaria

De los 57 presos de conciencia que hay actualmente en Cuba, 54 son los que quedan de un grupo de 75 que fueron encarcelados durante una campaña represiva masiva contra la disidencia que se efectuó en marzo de 2003. La mayoría fueron acusados de “actos contra la independencia del Estado”, por presuntamente recibir fondos o material de ONG radicadas en Estados Unidos y financiadas por el gobierno estadounidense, y condenados a entre seis y 28 años de cárcel tras juicios rápidos sin garantías por realizar actividades que las autoridades consideraban subversivas y dañinas para Cuba.

Estas actividades eran publicar artículos o conceder entrevistas a medios de comunicación con financiación estadounidense, comunicarse con organizaciones internacionales de derechos humanos y tener contacto con entidades o particulares considerados hostiles a Cuba. Hasta ahora han quedado en libertad 21, en algunas ocasiones, libertad condicional por razones médicas.

Uno de los opositores políticos encarcelados es Víctor Rolando Arroyo Carmona, bibliotecario independiente y vicepresidente de la organización no oficial Foro para la Reforma, detenido el 18 de marzo de 2003 y condenado menos de tres semanas después a 26 años de cárcel. Las actividades que la fiscalía le atribuyó fueron crear una biblioteca con más de 6.000 libros de carácter “reaccionario”, colaborar con agencias de prensa no acreditadas por el gobierno cubano y haber recibido el premio de derechos humanos Hellman/Hammet de Human Rights Watch. Actualmente está encarcelado en la cárcel Cuba Sí de la provincia de Holguín.

Amnistía Internacional

martes, 17 de marzo de 2009

25 años de la Ley de Asilo

El asilo, una expecie en extinción


“En 1977, España adquiere un primer compromiso con el derecho de asilo, tal y como se configuró en los grandes tratados internacionales de la posguerra, con la adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y, un año más tarde, la ratificación de la Convención de Ginebra sobre los refugiados de 1951. Con la aprobación de la Constitución de 1978, en su artículo 13.4, el derecho al asilo se asienta de manera definitiva en nuestro ordenamiento jurídico, remitiendo la concreción de los términos de su ejercicio a una futura ley.

La ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, hoy vigente, aunque modificada en profundidad por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, estableció los criterios más generales del procedimiento y los derechos básicos de los refugiados; la modificación introducida en 1994, en especial los plazos de detención en el procedimiento de admisión a trámite en frontera, fue objeto de una amplia polémica y fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.

Hoy veinticinco años después de su aprobación se encuentra en el Congreso de los Diputados un proyecto de nueva ley de asilo, consecuencia en gran medida de la armonización de esta normativa en la Unión Europea; esta coyuntura ofrece una excelente oportunidad para llevar a cabo un balance de la ley 5/1984, sus modificaciones y su aplicación, así como reflexionar sobre los cambios necesarios para que se mantenga esa aspiración que de una manera tan elocuente recogió la ley 5/1984 en su artículo primero: El territorio español constituirá un refugio inviolable para todas las personas a quienes se conceda asilo.”


Son los deseos que plantea CEAR en www.cear.es organizando para ello una reflexión en el día de hoy y en un momento en que todo parece indicar un retroceso que perjudica a los más débiles y especialmente a aquellos cuya vida o integridad física están en peligro por un motivo u otro de tipo político, social o religioso, no digamos si añadimos también los motivos económicos. Digamos que hoy es una de las tantas especies en peligro de extinción.


lunes, 16 de marzo de 2009

Protección de las víctimas más indefensas



Otras amenazas de la crisis económica...
Como bien sabes, los efectos de la situación económica que vivimos se ceban en personas que nada han tenido que ver con el origen de esta crisis. Por encima de perder su empleo, se enfrentan a un riesgo mayor: ver cómo se recortan sus derechos. Pero aún hay más...
Aún se pueden sumar otras amenazas cuando hablamos de las víctimas más indefensas: la hostilidad e incluso la discriminación hacia las personas inmigrantes....frente a la protección de la leyNo te hablo de números, anécdotas o esterotipos criminalizados. Te hablo de personas jóvenes, con formación, que dejan atrás su familia, su tierra, huyendo de gravísimas violaciones de derechos humanos o en busca de una vida mejor y dispuestas a ofrecernos su capacidad productiva.
El derecho internacional obliga a los Estados y ampara a estas personas, del mismo modo que te protegerían a ti si estuvieras en su piel.Por qué eres imprescindible en esta campaña. Si habitualmente apoyas nuestras peticiones y campañas, es clave que actúes en esta ocasión: el Gobierno de Zapatero está reformando en estos momentos la Ley de Asilo, la Ley de Extranjería y el Código Penal.
En Amnistía Internacional estamos vigilantes para asegurar que el Gobierno no lleve a cabo modificaciones legislativas contrarias al derecho internacional en materia de inmigración, refugio y asilo. No podemos permitir que se produzcan retrocesos en los derechos de estas personas y para ello necesitamos tu apoyo más que nunca. Porque los derechos humanos no admiten rebajas.
Además, si puedes, dale a esta petición toda la difusión que te sea posible, para que el Gobierno no pueda no escucharnos. Gracias por tu apoyo. Un fuerte abrazo,
Eva Suárez-Llanos Directora Amnistía Internacional - Sección Española
Para firmar la petición a Zapatero, pincha en el siguiente enlace y ahi podras encontrar el formulario

jueves, 12 de marzo de 2009

Busco asilo en España, en el mío me quieren matar




«Busco asilo en Bilbao; en mi país me quieren matar»


Juan huyó de las FARC en Colombia Se negó a entrar en la guerrilla.
Ha pedido refugio, y espera respuesta.

UNAI ETXEBARRIA. 09.03.2009 20minutos.es

«Nuestra lucha es por un pedazo de tierra». Juan es un fruto arrancado en Bilbao. Tiene 45 años. Vive en la capital vizcaína desde agosto como asilado político. Le quieren muerto en su país, Colombia.

Su historia empieza en las montañas del país andino. Él era el máximo responsable de la Educación en una población indígena de 4.000 familias. Su pueblo está declarado en paz, pero es el campo de batalla entre el ejército colombiano y la guerrilla de las FARC.

Estos últimos le obligaron a meter a su pueblo en sus filas. Juan les dijo que su comunidad no entraría en ninguna facción. Pero, en verdad, no tenía opción. Un día, unos guerrilleros de las FARC le cogieron a la salida de un pueblo. Le apuntaron con sus fusiles. «¿Crees que esto es broma?», le dijo uno de ellos. «Verás cómo mata», añadió mientras apuntaba a una niña que iba a por agua. «No; os creo, haré lo que digáis».

Juan tuvo que abandonar su pueblo so pena de muerte para él, su mujer y sus tres hijos. Las FARC ya habían matado a dos compañeros suyos. Se metió en un vuelo Bogotá-Madrid con visado de turista. «Huí a un país con mi mismo idioma». Era agosto de 2008. En el avión, se sentó con él un colombiano afincado en Bilbao. «Me habló bien de la ciudad y me dije: ‘Bueno, no tengo nada, para allá me voy'».

Hoy vive en Bilbao La Vieja. Su solicitud de asilo está en trámite. Si se lo niegan, quedará como inmigrante sin papeles. De su tierra le quedan sus brazos recios, piel tostada y un brillo en los ojos. Destello de lágrimas por el recuerdo, y esperanza por el futuro.

108 solicitudes en Euskadi en un año


Juan lo tiene difícil. Está esperando a si el Gobierno español admite a trámite su solicitud de asilo. Si la acepta, esperará unos dos años para obtener contestación. En el 95% de los casos, la respuesta es «no», según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

En 2008, Euskadi registró 108 solicitudes de asilo. «Se niega el refugio a personas inocentes en riesgo de ser torturadas, violadas o asesinadas», lamenta una portavoz de CEAR-Euskadi. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de Ley de Asilo que minimiza al máximo la figura de asilado político. Entre otras cosas, elimina la posibilidad de solicitar asilo desde las embajadas.

miércoles, 11 de marzo de 2009

Maldita hospitalidad




Maldita hospitalidad

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ El País 08/03/2009


Quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero cometerá una falta grave, sancionada con una multa de entre 501 y 10.000 euros. Lo dice el anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería, impulsado por el Gobierno, que explica en qué consiste exactamente esa falta: "Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor". La multa es exactamente igual a la prevista para los empresarios que no den de alta al trabajador extranjero en el Régimen de la Seguridad Social o que cometan irregularidades en el contrato de trabajo. Es decir, se piensa que merecen igual castigo quienes intenten ayudar a un extranjero, pagándole la comida o la vivienda, sin sacar provecho económico alguno, que a quien se aprovecha de él y le explota. La hospitalidad, probablemente uno de los conceptos más antiguos y conmovedores de la humanidad, se ha convertido en el mundo de hoy en una falta grave, que el Estado tiene que erradicar a toda velocidad.

Merecen igual castigo quienes intenten ayudar a un extranjero que quien se aprovecha de él y le explota

Las nuevas normas se van a aprobar justo cuando la crisis ha frenado en seco las corrientes migratorias


Hasta ahora se había comentado ampliamente la dureza del proyecto de ley con los inmigrantes irregulares, disimulada, eso sí, tras una larga retahíla de artículos en los que se reconocen derechos que ya estaban reconocidos y amparados y que ahora se enuncian nuevamente, como sombrilla bajo la que se colocan nuevas, y muy discutibles, normas de internamiento forzado y expulsión. Quedaba por aclarar que quienes se atrevan a acoger o ayudar a los inmigrantes en situación irregular, es decir, a seres humanos que no han cometido ningún delito, sean españoles o extranjeros legalizados, serán también duramente perseguidos.

La idea es tan violenta que el propio texto legal explicita que "en la propuesta de sanción se tendrán especialmente en cuenta todas las circunstancias personales y familiares". Quizá la multa sea menor si se trata de un inmigrante "con papeles" que no ha expulsado de casa a su hermano, en situación irregular, o de un trabajador social poco dado a cerrar la puerta de su comedor público. Las autoridades prometen estudiar cada caso con cuidado. Lo que importa, sin embargo, no es la benevolencia con que se aplique este artículo de la ley, sino la profanación que supone su simple enunciado. Profanación no es una palabra religiosa. Significa deshonra, uso indigno de algo que se considera respetable y las leyes, la ley, debería entrar en ese apartado. El concepto de hospitalidad tampoco es un concepto religioso. Más bien era una obligación impuesta por los dioses a los humanos en la antigüedad, una manera de hacerles hombres y mujeres. No se trató nunca de una virtud moral sino de una responsabilidad. No se trata de ser "hospitalarios" porque somos buenos y tontos (una asociación de ideas que tanto gusta a los imbéciles malvados), sino porque es una obligación del ser humano, una de las más antiguas que se recuerdan y reconocen.

Un numeroso grupo de ciudadanos españoles, convencidos de esa obligación, ha promovido un manifiesto para la reforma de la ley que se titula: "Salvemos la hospitalidad" (el documento se puede descargar en http://www.dosorillas.org/spip.php?article1833). Entre otras cosas, el manifiesto señala que "el Estado español pierde toda legitimidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de los Derechos Humanos, despoja de ayuda a las personas en situación irregular y pretende intimidar a quienes ejerzan la hospitalidad y el cuidado del otro". Entre los firmantes hay representantes de agrupaciones religiosas, catedráticos de Derecho (muchos vinculados con la Universidad de Comillas), fiscales, artistas y ciudadanos anónimos, que se niegan a dejarse meter miedo y que exigen que las sanciones se reserven explícitamente para quienes se aprovechen "con ánimo de lucro" de las necesidades de los extranjeros "sin papeles". Esa mención atajaría los posibles casos de empleadas del hogar en situación irregular, que no son declaradas como trabajadoras y de las que, sin embargo, se obtiene un rendimiento, sin colocar en pie de igualdad a quienes realmente no obtienen ningún beneficio de la ayuda que prestan.

Es cierto que el Gobierno español no es el primero en Europa en dar paso a normas de este tipo. Francia, por ejemplo, ya recorrió ese camino. La Italia de Berlusconi ha llegado todavía más lejos. Lo que quizá resulta más lastimoso del caso de España es que las nuevas normas se van a aprobar justo cuando la crisis mundial ha frenado en seco, por lo menos de momento, las corrientes migratorias y cuando está bajando la presión por la llegada de nuevos inmigrantes indocumentados.

viernes, 6 de marzo de 2009

¿Integración social sin la familia?



‘No se puede pedir la integración mientras se separa a las familias’.
Javier de Lucas, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

PERIÓDICO LATINO 02.03.09

Andrés Restrepo Otálvaro.- La inmigración ha protagonizado los titulares de actualidad con noticias tan contradictorias como el maltrato en los CIE, las denuncias de redadas masivas y la ampliación del voto a los extranjeros.

Para analizar y entender el nuevo contexto de la inmigración en España, hemos entrevistado a Javier de Lucas, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y experto en leyes de Extranjería.

¿Qué opina del escándalo de los cupos de detenciones de inmigrantes?

Surge de nuevo la asociación de inmigración con delincuencia y se toma al inmigrante como chivo expiatorio de la crisis económica. Todo esto por no hablar del estado de terror en el que se sume a un sector importante de la población.

¿Qué derechos humanos se vulneran con las redadas indiscriminadas que realiza la policía?


El derecho a la seguridad, a la libertad de movimiento, a la intimidad, a la propia imagen y a la presunción de inocencia. Lo más grave es el tratamiento penal que se le está dando a una sanción administrativa. Es tan absurdo como si la policía recibiera instrucciones de detener a quinientos españoles que no hubieran pagado una multa de tráfico.

Redadas, abusos en los CIE y voto inmigrante. ¿Es esta una buena manera de resumir la nueva política de inmigración del Gobierno?

Una parte del Gobierno, especialmente el ministro de Trabajo e Inmigración Celestino Corbacho, está prefiriendo el mensaje simplista de utilizar la inmigración como excusa para la situación de crisis. La idea que deja es que se está reaccionando duramente contra la inmigración para proteger a los miles de trabajadores que están perdiendo sus trabajos. Al mismo tiempo y para parecer todavía que son un Gobierno de izquierdas, amplía el derecho al voto para los inmigrantes.

¿Cuáles son los puntos más negativos del proyecto de Ley de Extranjería que propone el Gobierno?

La restricción en la reagrupación de los ascendientes. Ahora, se le exigirá al reagrupante ser residente permanente (5 años con residencia legal en España) y sus padres tendrán que ser mayores de 65 años. De otro lado, es una Ley que sigue un espíritu instrumentalista del inmigrante, pues lo considera únicamente como mano de obra. Por último, es nefasta la ampliación del tiempo de internamiento de 40 a 60 días.
Hay que insistir en que el reagrupamiento familiar es un derecho fundamental. No se puede hablar de políticas de integración cuando se están separando familias.

¿El proyecto de Ley tiene algún aspecto positivo?

Es beneficioso que los reagrupados puedan acceder automáticamente al permiso de trabajo. Además, la Ley reconoce algunos derechos importantes, aunque esto no es mérito del Gobierno, sino una obligación que le imponen las sentencias del Tribunal Constitucional.

Después del apoyo de los sindicatos (CCOO y UGT) al proyecto de Ley de Extranjería, ¿qué apoyos institucionales le quedan al inmigrante?

Los sindicatos –aunque no todos– están aceptando la preferencia del trabajador nacional, lo que es un punto de vista detestable. Los inmigrantes sólo pueden seguir confiando en las asociaciones de inmigrantes y en las ONG que trabajan en el ámbito de la inmigración

¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación con la inmigración?

Son cruciales para España. Si ceden a la tentación fácil de presentar a los migrantes como problema, criminalizándolos, están sembrando un mensaje de xenofobia muy lesivo desde el punto de vista de la convivencia y la cohesión de la sociedad.

En el contexto actual de crisis económica, ¿cómo vislumbra el futuro de la inmigración en España y Europa?

Hay que dejar de pensar que el coste de la crisis lo deben pagar los inmigrantes. Es una política errónea porque no se defiende a los inmigrantes, se vulnera la cohesión social y se alarga la recuperación de la economía. Son tiempos difíciles para todos, así que nacionales e inmigrantes tienen que tirar para el mismo lado y contribuir a salir de esta crisis.

jueves, 5 de marzo de 2009

Inmigración y sistema sanitario




Santa Cruz de Tenerife, 2 de marzo de 2009.-
“Los inmigrantes no son el motivo de la sobrecarga que sufre el sistema sanitario público”, según se desprende de un informe elaborado por Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Canarias (MPDLC), que hace hincapié en que no se puede hablar de “abuso” por parte de este colectivo de los servicios sanitarios, sino que hace un uso asistencial minoritaria, ya que se trata de una población joven y sana. Esto, a su vez, provoca que la aportación de este colectivo a la Seguridad Social esté por encima de los beneficios que obtienen de dicho sistema.

El mencionado documento, titulado “¿Los inmigrantes son la causa de la sobrecarga de los servicios sanitarios públicos?”, forma parte de una campaña de sensibilización que está desarrollando MPDLC dentro del programa “Más allá de la noticia” y en la que se analizan los principales tópicos sobre la inmigración que se recogen en los medios de comunicación.

Las conclusiones del informe han sido extraídas a partir de las opiniones de expertos de las Islas vinculados a las áreas de sanidad e inmigración. En este caso han participado el subdirector médico del Área de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Guillermo Burillo; el vocal de las juntas directivas nacionales y canaria de Médicos del Mundo Carlos Arroyo; la mediadora cultural de Cruz Roja Karima El Mahmdi y la trabajadora social de Médicos del Mundo Eva Juana Díaz. Asimismo, se ha contado con la colaboración del Servicio de Urgencias Canario (SUC).A estas declaraciones se ha añadido también los resultados de diferentes estudios realizados a nivel nacional y autonómico en los últimos meses sobre este asunto.El trabajo de MPDLC resalta que, tal y como coinciden los expertos consultados, las causas de la saturación se encuentran en el incremento de la población en general registrado en los últimos años en Canarias, así como la propia naturaleza del sistema sanitario español, que centra sus esfuerzos en la prevención, pero que no cuenta con los recursos económicos y humanos suficientes.

Explica que la mayoría de los inmigrantes desconocen buena parte de los servicios sanitarios y muchos manifiestan cierta aversión a la hora de acudir a un centro médico por miedo a que les vaya a cobrar o a que se les niegue la asistencia. A esto se suma, también, las dificultades del idioma.

En el caso de la atención especial que pueda suponer la asistencia a los inmigrantes que llegan en cayucos, los expertos consultados puntualizan que pocas veces presentan un estado grave de salud y su incidencia en los servicios hospitalarios de urgencias puede asimilarse a la provocada por los accidentes de tráfico.

Por otro lado, el informe hace hincapié en la necesidad de que los inmigrantes tramiten la tarjeta sanitaria para poder ejercer los derechos de atención que les corresponden.

En las conclusiones se determina que, tal y como exponen los entrevistados, la aportación de los inmigrantes al sistema de la Seguridad Social está por encima de lo que reciben. Este punto ha sido también corroborado por el propio ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que, en una intervención en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, celebrada en julio del año pasado, afirmó que su contribución a la Seguridad Social “está por encima de los beneficios que se les concede” como ciudadanos.

Precisamente, los últimos datos del Ejecutivo central recogen que Canarias fue la sexta comunidad con mayor número de afiliados extranjeros, con 87.540 afiliados extranjeros, de los cuales, la mayor parte, 49.929, procedían de países no pertenecientes a la Unión Europea.Por debajo del 10%Carlos Arroyo recuerda que, tal y como se puso de manifiesto en 2007 en un congreso nacional de medicina familiar y comunitaria, organizado por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, “nunca una cifra inferior al 10% de los usuarios de un servicio puede colapsarlo”.

En su opinión, la causa de esta situación se encuentra en “un colapso crónico, provocado por una falta de inversión adecuada con arreglo al avance tecnológico”. En el caso de Canarias, agrega, ha incidido también el aumento poblacional que se ha registrado, superior al del resto del país, pero que, hace hincapié, “no depende de los inmigrantes”.

A su juicio, las soluciones en el Archipiélago pasan por un aumento de la dotación presupuestaria y de los recursos humanos, así como la actualización de la ficha financiera sanitaria de acuerdo con el censo actual.

Por su parte, el subdirector médico del Área de Urgencias del HUC, Guillermo Burillo, afirma que “la incidencia de los inmigrantes en las urgencias hospitalarias es muy baja”. Agrega que, en el caso de la llegada de pateras con enfermos graves, cuyos casos, apunta, “son muy pocos”, la presencia en las urgencias hospitalarias se limita a “cierta distorsión”, similar a la que puede provocar un accidente de tráfico.En su opinión, las causas de la saturación de las urgencias hospitalarias hay que ubicarlas en el incremento de la población, el insuficiente número de camas de hospitalización y el envejecimiento de la población, con el consiguiente aumento de las enfermedades crónicas. No obstante, se muestra optimista de cara al futuro y avanza que la situación mejorará sensiblemente en Tenerife en el plazo de dos años, gracias a la ampliación de la sala de observación del HUC en 24 camas y la puesta en marcha de hospitales comarcales en el norte y sur con plazas para crónicos.Burillo niega que los inmigrantes hagan un uso equivocado de los servicios de urgencias hospitalarios en mayor medida que la población autóctona. La única excepción, matiza, viene de la mano de los pacientes pediátricos, en donde, incluso, se detecta “un pequeño abuso”. Entre los motivos, alega los problemas que tienen los padres para acudir a las consultas de pediatría de Atención Primaria, que se realizan en horario de mañana y que coinciden con su jornada laboral, lo que genera una tendencia a que opten por llevar a los niños a las urgencias hospitalarias para que les realicen sus revisiones.

Por otro lado, destaca que el personal sanitario ha vivido un proceso de aprendizaje desde que comenzasen a llegar las primeras pateras y agrega que aspectos como el idioma son ahora una dificultad pero no una barrera, ya que se cuenta con servicios de traducción.

Para la mediadora cultural de Cruz Roja Karima El Mahmdi, los problemas de saturación del sistema sanitario están provocados por una mala gestión en la que “la inmigración no influye para nada” y cuyas consecuencias sufren tanto los españoles como los ciudadanos de fuera.

Admite que los inmigrantes presentan cierto miedo a ir al médico, por temor a que se les vaya a cobrar o que, en el caso de inmigrantes ilegales, se les niegue la atención.

Agrega que uno de los principales inconvenientes en la atención a los inmigrantes afecta a la comunicación e insiste en la necesidad de que tanto los centros de Atención Primaria como de Urgencias cuenten con más mediadores, para solventar problemas tanto de idioma como culturales.

Tarjeta sanitaria


Por su parte, la trabajadora social de Médicos del Mundo, Eva Juana Díaz, apunta que uno de los problemas más extendidos de los inmigrantes se centra en el desconocimiento sobre las posibilidades que tienen de acceso al servicio sanitario público.

Explica que, en el caso de los inmigrantes que trabajan y, por lo tanto, cotizan en la Seguridad Social, su cobertura es la misma que la de cualquier español que cuenta con un contrato laboral, con su correspondiente prestación al sistema.

Para el inmigrante que no cotice, la alternativa a la hora de poder acogerse a las prestaciones sanitarias viene de la mano de la obtención de la tarjeta sanitaria para personas sin recursos, que incluye todos los derechos de asistencia que cubre el sistema de la Seguridad Social de forma gratuita, ya que, de lo contrario sólo tienen derecho a una atención de urgencia que se les factura.
La única excepción a estas dos fórmulas afecta a los menores de 18 años y las embarazadas durante el periodo de gestación, parto y posparto, que tienen derecho a asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles que cotizan.El acceso a dicha tarjeta sanitaria está abierto a todas las personas, sea cual sea su procedencia, teniendo en cuenta que pueden solicitarla españoles que sumen más de tres meses sin cotizar, o situación administrativa, siempre que cuenten con pasaporte o documentación identificativa y estén empadronadas en un municipio canario.

Aclara que a esto se suma también un formulario en el que el interesado realiza una declaración jurada de sus rentas anuales. En función de dichos parámetros, la Administración resuelve si se concede o no la tarjeta.

Entre los estudios incorporados en el informe destacan dos publicados en la revista “Emergencias”, de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, sobre las características y necesidades de la asistencia sanitaria a los inmigrantes que lllegan en cayuco a Canarias, considerados referente en su área.

En ellos se pone de manifiesto nuevamente “el buen estado de salud en el que llegan estos pacientes, lejos de tópicos en ocasiones malintencionados”, así como la baja proporción de pacientes derivados al hospital. También se reconoce que uno de los factores que ha influido en esta evolución ha sido “la curva de aprendizaje” de los sanitarios.

http://mementompdlc.blogspot.com/2009/03/un-informe-de-mpdlc-niega-que-la.html

martes, 3 de marzo de 2009

Llueven críticas a la próxima Ley de Extranjería




El Foro para la Integración critica la Ley de Extranjería

Se opone frontalmente a las dos principales reformas que contempla el texto

Olga R. Sanmartín Madrid 03 03 09 El Mundo


El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes ha terminado de analizar el anteproyecto de la nueva Ley de Extranjería que le remitió el Gobierno a finales de 2008. La valoración del máximo órgano de consulta del Ejecutivo en materia de inmigración no es nada complaciente. A pesar de que ve positivas algunas cuestiones, se opone frontalmente a las dos principales reformas que contempla el texto: la ampliación del plazo máximo de internamiento de sin papeles de 40 a 60 días y los límites a la reagrupación familiar.

Su dictamen, al que ha tenido acceso EL MUNDO, enmienda unos 80 artículos y expresa sus reservas a una quincena de aspectos clave. Las expresiones "limitación", "retroceso", "restricción", "merma del Derecho", "reprobable", "no parece razonable", "no tiene sentido", "arroja serias dudas" y "grave infracción del principio de legalidad" aparecen de forma preocupante a lo largo de las 73 páginas del documento.

Por ejemplo, el Foro "lamenta la limitación en el reconocimiento de los derechos de ayudas en materia de vivienda y de reagrupación familiar de los ascendientes", una limitación que, advierte, "puede ir en contra del principio de no discriminación" recogido en el mismo anteproyecto.

Este órgano compuesto por representantes de las administraciones, ONG, colectivos de extranjeros, sindicatos y patronales detecta un "retroceso" en la ley al "restringir" sólo a los inmigrantes con residencia de larga duración (los que llevan cinco años o más en España) el disfrute de los sistemas públicos de ayudas de vivienda, a pesar de que tanto éstos como los que llevan menos tiempo aquí pagan sus impuestos.