Benedicto XVI defiende los derechos de los inmigrantes

Benedicto XVI defiende los derechos de los inmigrantes
¡Los inmigrantes son personas¡

11.01.10
Diario de Yucatán

Benedicto XVI tomó la palabra ayer domingo para salir en defensa de los derechos de los inmigrantes, víctimas de la violencia o abusos laborales. La intervención del pontífice ocurre luego de los ataques del viernes pasado contra jornaleros del campo africanos en la localidad calabresa de Rosarno, en un caso que han conmocionado a la sociedad italiana.


Al dirigirse a los miles de peregrinos congregados en la plaza de San Pedro luego del Ángelus, el Papa confesó que estos hechos le han “llamado particularmente la atención”, recordando que se trata de emigrantes, “que buscan una vida mejor en países que tienen necesidad, por diferentes motivos de su presencia”. “¡Es necesario remontarse al corazón del problema!”, aseguró. “¡Hay que partir del significado de la persona!”.


“Un inmigrante es un ser humano, diferente por su proveniencia, cultura y tradiciones, pero es una persona que hay que respetar y con derechos y deberes, en particular en el ámbito laboral, donde es más fácil la tentación del abuso, así como en el ámbito de las condiciones concretas de vida”. Según el pontífice, “la violencia no debe ser nunca para nadie el camino para resolver las dificultades”.

Minaretes, mujeres y obispos

Minaretes, mujeres y obispos
ROSA PEREDA 06/01/2010 EL PAIS


Yo creo que el obispo Sanz Montes se equivoca. Si yo fuera un purpurado tradicionalista, no tendría la menor duda: estaría a favor de los minaretes en Suiza, y también en España. En todas partes. Yo misma estaría bastante a favor, siempre que no me pusieran los altavoces (modernos) a cien metros de mi casa, porque el sonido de las dulces campanas (sin amplificar) está en mis recuerdos de infancia, y la salmodia del muecín es bella, muy bella. Como las campanas.



Una cosa estética. Pero desde la perspectiva del obispo... Yo creo que el obispo de Canterbury, Rowam Williams, estaba más en línea cuando proponía al Parlamento británico que las cuestiones de familia de los anglomusulmanes, que los hay, se pudieran regular en Gran Bretaña por la ley coránica.



Las anglomusulmanas, que también las hay, pusieron el grito en el cielo: de ninguna manera, expresaron, porque por muy creyentes que fueran, preferían la ley pura y dura, de británicas como todas, para sus divorcios, sus adulterios y sus relaciones de familia, que es de lo que se trataba. Preferían que, por la ley, se respetaran sus derechos, los derechos humanos.



Y ahí está el quid que había entendido tan bien el de Canterbury: que tenía más en común con los imanes, en lo que se refiere al tratamiento del derecho de familia, que con la legislación moderna, derivada de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.



¿Que por qué fueron las mujeres musulmanas las que dijeron que ni hablar? Pues porque el derecho tradicional de familia se refiere fundamentalmente a nosotras, las mujeres. Bueno, más que fundamentalmente, yo diría que únicamente, salvo en el tema de la herencia del patrimonio. Y eso, en las leyes de origen musulmán, pero también en la tradición cristiana y en la judía. Y en la ley civil, por decirlo así, hasta la modernidad.



Parece que se nos olvida que en España, hasta hace cuatro días como quien dice, el adulterio estaba penado con cárcel y era figura de mujer: en el hombre, el amancebamiento necesitaba pruebas de permanencia en el tiempo, etc., que ahora diríamos -decimos- que eran muy discriminatorias. Que matarnos, en ese caso, tenía atenuantes y hasta eximentes. Que hasta hace cinco minutos, las mujeres no disponían de sí mismas ni de su patrimonio, y que, mientras los varones alcanzaban la mayoría de edad a los 21 años, las mujeres no lo hacían hasta los 23. Ni cuenta corriente, ni libertad de movimiento, ni... Bueno. Hace muy poco que las mujeres somos iguales en el papel. Y la igualdad real es todavía un objetivo. En todo el mundo. En Occidente también.



Ahora está de moda hablar del drama de las mujeres musulmanas. Yo soy la primera que cree que tenemos que reflexionar, ellas y nosotras, sobre los temas de la indumentaria y la identidad -que es a los que se suele aludir mayoritariamente: del burka al velo o al chador-, y que no podemos mirar para otro lado ante el atropello de sus derechos, esa ordalía de sangre legalmente derramada, y esa sumisión al hombre, obligada también por sus leyes. O esa discriminación respecto a la vida cotidiana, los estudios, las libertades que nos parecen elementales. Pero cuidadín: no se trata sólo de eso, y eso hay que contextualizarlo. Ni todos los Estados musulmanes niegan los estudios y la atención médica a las mujeres, ni todos obligan al burka, ni todos apedrean a las adúlteras, por poner algunos ejemplos terribles. Ni siempre fue así.



Estamos ante el avance arrollador de las corrientes más reaccionarias y los clérigos más duros del integrismo musulmán, y su toma del poder político, y no quiero entrar en el origen y la responsabilidad en el auge de estas corrientes. Es un hecho que parece ser un signo de los tiempos. Porque también estamos oyendo a los integristas protestantes, a los ultrarreligiosos judíos, a los ultracatólicos.



Mal de muchos no consuela ni a los tontos, pero sí puede ponernos sobre aviso de lo fundamental: sólo una sociedad laica, con leyes laicas ajustadas a derecho y de aplicación universal, incluyendo a las mujeres, que si no, poco universal sería, puede librarnos de esas tropelías. No es sólo el tema de las mujeres el que está en juego, con todo lo importante que me parece.



Ya sé que la pregunta es hasta dónde llega el laicismo, que no es el ateísmo obligatorio, sino el terreno de juego donde es posible la libertad de cultos y también, la de no tener ninguno.



Ese terreno que permite la universalidad de los derechos humanos y la no discriminación de las minorías -y no me refiero a las mujeres, que somos mayoría; pienso, por ejemplo, en el joven Nemat Safavi, condenado a muerte en Irán por ser homosexual- y la convivencia de las iglesias y las religiones, de sus espacios y sus manifestaciones colectivas, dentro de esa raya intranspasable que garantizará el estado laico.



¿Y los minaretes? Los suizos han votado mayoritariamente que no se construyan más. No sé si esta cuestión debe votarse. No sé si los derechos de las minorías deben ser votados por la mayoría.



Desde luego, éste es el ten con ten de las feministas suizas, que no quieren minaretes en sus ciudades, pero, sinceramente, no entiendo bien al obispo de Oviedo. O sí le entiendo...


Rosa Pereda es escritora y periodista.

10 Diciembre: Día de los Derechos Humanos

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. "
Art 1 Declaración Universal de los Derechos Humanos

La ley de extranjería, una oportunidad perdida

CEAR, Cáritas y la Red Acoge lamentan la oportunidadperdida en la reforma de la LOEX aprobada hoy

Madrid, 26 de noviembre de 2009.- CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Cáritas y la Red Acoge expresan su decepción ante el resultado final del proceso parlamentario de reforma de la Ley de Extranjería, que se ha aprobado hoy en el Congreso.

El intenso trabajo de sensibilización y presentación de enmiendas que nuestras entidades han llevado a cabo desde que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley, con el apoyo decisivo de más de 500 organizaciones sociales de todo el Estado, ha permitido que se hayan incluido mejoras en la ley aprobada hoy. Este avance ha sido posible, también, gracias al papel activo de la sociedad civil organizada, que ha expresado ante esta reforma su opción inequívoca por el fortalecimiento de las políticas de integración y la defensa del principio de igualdad de trato y derechos, especialmente en tiempos de crisis. Cáritas, CEAR y Red Acoge reconocemos el esfuerzo de los grupos políticos para incorporar al proyecto aspectos positivos que han sido fruto de esta labor conjunta de incidencia y propuesta. Lamentamos, sin embargo, que en otros muchos temas prioritarios no se hayan logrado cambios significativos y, lo que resulta más grave, que en el último tramo parlamentario se hayan introducido elementos que se contradicen con una política de inmigración auténticamente orientada a la integración. Creemos que vincular la concesión de derechos al tiempo de residencia en nuestro país supone, de hecho, un cambio en la política migratoria y un retroceso hacia posiciones que vacían de contenido conceptos como la bidireccionalidad de la integración y el principio de igualdad de trato.

Entre los aspectos más negativos de la reforma destacamos los siguientes:

• Se ha introducido el concepto indeterminado del ‘esfuerzo de integración’, como si éste fuera un proceso unilateral de las personas inmigrantes, en la línea de las propuestas más reaccionarias que empezaron hace unos años reclamando la introducción de este tipo de ‘contratos’.

• La tramitación parlamentaria ha introducido también una consideración de los menores no acompañados como inmigrantes irregulares, concediendo un margen de maniobra ambiguo a las Comunidades Autónomas para establecer acuerdos con los países de origen y la gestión de la tutela.

• Se fragiliza el acceso a los derechos, ya que se dificulta el acceso al padrón municipal con la imposición de graves sanciones a quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el mismo.

• Además, y como hemos venido señalando públicamente durante todo el proceso legislativo, se mantienen los recortes en el derecho a la reagrupación y se somete a una situación de desamparo a las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de género, así como el incremento de las sanciones contra la población extranjera de forma desproporcionada, que pueden llevar a su detención, internamiento o expulsión y la ampliación del plazo de internamiento hasta 60 días.

Nuestros legisladores han perdido una oportunidad inmejorable para prestar un verdadero servicio del bien común y a la causa de los derechos humanos. La reforma de la LOEX se cierra sin que haya sido posible definir un marco legal para la inmigración atento al amplio consenso social que ha venido expresándose a través de las organizaciones y movimientos ciudadanos.

Cuando falta apenas un mes para que España asuma la Presidencia semestral de la Unión Europea, CEAR, Cáritas y Red Acoge llaman a la responsabilidad personal en la construcción de una sociedad más plural, más rica, que recupere aquellos valores que todos podemos aportar, para avanzar en el horizonte de la cohesión social y poder caminar hacia un cambio de valores y actitudes. Un modelo en el que las personas migrantes sean reconocidas como ciudadanas en una apuesta decidida por la integración social y la aplicación universal de los derechos humanos.

Desde nuestras organizaciones queremos apelar a la responsabilidad de los grupos políticos, las organizaciones sociales y toda la ciudadanía en la creación de una sociedad que apuesta por la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales, y por una visión integradora de la migración. Fieles a este compromiso, nuestras organizaciones seguirán trabajando para evitar que la ley de extranjería aprobada hoy sirva para consolidar un tipo de sociedad que no queremos.

Contra la violencia de género

CEAR pide que no se abra expediente por estar en situación irregular a las mujeres que acudan a denunciar

La nueva ley de extranjería desincentiva las denuncias por violencia de género

CEAR lamenta que el gobierno no haya tenido en cuenta las recomendaciones de diversas organizaciones sociales para que la nueva ley de extranjería no ponga obstáculos a las mujeres extranjeras en situación irregular que quieran denunciar situaciones de violencia de género.

De acuerdo al texto que se votará en el Congreso el próximo 26 de noviembre, cuando una mujer extranjera en situación irregular acuda a denunciar violencia contra ella, le será abierto expediente sancionador, que quedará en suspenso hasta que se resuelva el proceso por violencia de género. Para CEAR, esto desincentiva la presentación de denuncias -que de por sí son menos que el número de agresiones- por el miedo de las víctimas a ser sancionadas por su situación irregular.

Abrir un expediente de expulsión a estas mujeres con la justificación de que si se demuestra la agresión contra ellas se cierra el proceso de expulsión, implica también desconocimiento de la realidad del maltrato, que muchas veces no es condenado por la falta de pruebas o porque algunas mujeres retiran la denuncia antes del fin del proceso. Igualmente, aducir que con esta medida se evitan los abusos (es decir, que las denuncias puedan ser usadas para conseguir el permiso de residencia), es no querer ver que ya la ley tiene suficientes mecanismos para evitar fraudes, sin necesidad de colocar a todas las mujeres que acudan a denunciar bajo sospecha. CEAR lamenta, por otro lado, que la ley de extranjería establezca expresamente la violencia de género como el único delito que al denunciarse conlleve la apertura de un expediente en caso de situación de irregularidad del denunciante.

CEAR considera que sobre la ley de extranjería debería primar la protección de los derechos constitucionales a la integridad física y moral de la mujer, lo que pasa inevitablemente por la denuncia de cualquier forma de violencia que los menoscabe. Por lo tanto, cualquier obstáculo que impida o desincentive que la mujer víctima de violencia de género denuncie, debe ser eliminado.

Información complementaria:

Artículo 31 bis.2 del Proyecto de Ley Orgánica de la Ley de Extranjería que será votado en el Congreso el próximo 26 de noviembre: “si al denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, el expediente administrativo sancionador incoado por infracción del art. 53.1.a) de esta Ley será suspendido por el instructor hasta la resolución del procedimiento penal.”

La nueva ley de asilo: una oportunidad perdida

Amnistía internacional y CEAR creen que añade obstáculos a los solicitantes
El Congreso ratifica la nueva Ley de Asilo



Madrid, 28 de octubre de 2009. Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, lamentan que tras la ratificación ayer en el Congreso de los Diputados, del Proyecto de Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria tras su paso por el Senado, se haya perdido una oportunidad para avanzar en el compromiso de proteger a personas que huyen de violaciones de derechos humanos, y que aumenten los obstáculos para poder acceder al asilo en España.


El texto aprobado en sesión plenaria en el Congreso de los Diputados añade a la ley vigente un número importante de obstáculos que, no sólo son contrarios a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado, sino que impedirán que muchas personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos puedan "acceder al ejercicio de su derecho a solicitar protección internacional", según AI.


En el siguiente comunicado, ambas organizaciones explican sus argumentos:


"Además, no se entiende que un país como España que cerraba el 2008, según los datos aportados por la Oficina de Asilo y Refugio, con unas 4.500 solicitudes y sólo 151 estatutos concedidos, muestre esta resistencia a garantizar la protección de las personas necesitadas de protección internacional.Así, entre los obstáculos que contempla la Ley, las organizaciones abajo firmantes queremos destacar:


* La exclusión de los ciudadanos europeos comunitarios del derecho a solicitar asilo, contraria a la Convención de Ginebra por violar el carácter universal de dicho derecho y que a nuestro juicio entraría en contradicción con el artículo 13.4 de la Constitución española.


* La desaparición del derecho a pedir asilo en las embajadas españolas. Si bien la ley establece un procedimiento donde se reconoce la posibilidad de promover el traslado a España, vía que necesitará de un posterior desarrollo reglamentario, a ambas organizaciones nos preocupa que la decisión quede bajo la discrecionalidad del embajador. La desaparición de la vía diplomática reconocida hasta ahora en la Ley, supone un retroceso injustificado y de especial gravedad ante los obstáculos ya existentes para acceder al procedimiento en territorio español.


* El aumento de las causas de exclusión ante la posibilidad de una persona de pedir asilo, con fórmulas jurídicamente imprecisas como “constituir un peligro para la seguridad de España” o “constituir una amenaza para la Comunidad” que exceden claramente la letra de la Convención de Ginebra.


* El concepto de “tercer país seguro” como causa de inadmisión de la solicitud que vulnera la obligación, contemplada en la Convención de Ginebra, de estudiar cada caso de forma individual, así como el principio de no discriminación por motivos de nacionalidad contemplado en el artículo 3 de la propia Convención.


* La ampliación de los plazos de detención en frontera, hasta un máximo de 10 días, así como la desaparición de la garantía hoy existente de que se suspenda una devolución al país perseguidor si el ACNUR emite un informe favorable para que se admita una solicitud de asilo.


* El establecimiento de diferentes procedimientos de tramitación de la solicitud de asilo. Esta diversidad contribuye a reducir las mismas garantías para los solicitantes de asilo en función del lugar donde soliciten protección. De este modo, por ejemplo, los posibles solicitantes de asilo en frontera tendrán mayores dificultades para poder optar a conseguir la condición de refugiado.


* La desaparición del reexamen, cuando se ha denegado una petición y se obtienen nuevos elementos probatorios que permiten revisar la resolución, lo que no se compensa con la remisión de la nueva ley a la normativa general de procedimiento
administrativo.


Aspectos positivos



La nueva ley amplía las referencias a los conceptos de refugiado y de persona merecedora de protección subsidiaria, incorporando la persecución por motivos de género y orientación sexual, así como una mención expresa a colectivos especialmente vulnerables como puedan ser los menores y las personas víctimas de trata.


Asimismo, cabe destacar de forma positiva la inclusión de los programas de reasentamiento, así como una mejora sustancial del régimen de residencia en España de los beneficiarios. Cabe también destacar que los intensos trabajos en el Congreso fueron seguidos de propuestas de enmienda en el Senado que, en muchos casos suponían un avance importante en el compromiso del Estado español con el derecho de asilo de acuerdo con los estándares internacionales. Sin embargo, junto a algunos avances como las garantías sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita, CEAR y Amnistía Internacional lamentamos que otras muchas propuestas de mejora no hayan prosperado finalmente.


CEAR y Amnistía Internacional consideran que con la Ley que se ha aprobado hoy, se ha perdido una oportunidad para liderar en Europa la defensa del Derecho de Asilo, un derecho en peligro de extinción y gravemente amenazado por las políticas de control migratorio. Estas políticas, que conllevan entre otras medidas, el cierre y la externalización de fronteras, están impidiendo el acceso a los procedimientos de asilo y la identificación como refugiadas de muchas personas que huyen de violaciones de derechos humanos.


El compromiso de garantizar la protección internacional para las y los refugiados es una obligación legal y una responsabilidad política del Estado español frente a graves violaciones de los derechos humanos. Ambas organizaciones prestarán toda su atención al desarrollo reglamentario de la ley y, lo que es más relevante, a la práctica administrativa para que este derecho no se convierta en letra muerta."

http://www.tribunalatina.com/es/notices/el_congreso_ratifica_la_nueva_ley_de_asilo_21369.php

Las fronteras asesinas de Europa

LAS FRONTERAS ASESINAS DE EUROPA.-

Migreurop 14 de octubreInforme sobre las violaciones de los derechos humanos en las fronteras publicado por la red Migreurop 14 de octubre

- Deportaciones ilegales en la frontera greco-turca

- Oujda: zona tampón entre Marruecos y Argelia, cámara hacia Europa

- Calais y el norte de Francia: zona de vagabundeo, puerta de Inglaterra

- Lampedusa, isla centinela de Europa

Para su primer Informe anual sobre las violaciones de los derechos humanos en las fronteras, Migreurop ha elegido retener cuatro polos emblemáticos de fechorías de la política llevada a cabo por la Unión Europea en materia de inmigración y de asilo. La frontera greco-turca, la región del Calais, al noroeste de Francia, la de Oujda, al este de Marruecos, y la isla de Lampedusa al extremo sur de Italia, son tantos altos, más o menos largos, a veces definitivos, en la odisea de millares de personas que, cada año, intentando alcanzar Europa, buscan a través del exilio elegido o forzado escapar a su suerte.



El informe anual de Migreurop sobre las violaciones de los derechos humanos en las fronteras no es el producto de una misión de investigación de más o menos larga duración por observadores externos. Es el fruto de la doble dimensión que caracteriza la red Migreurop, compuesta por organizaciones de base que trabajan para la defensa de los derechos de los migrantes y de los refugiados, y por individuos que, en su actividad profesional o militante, estudian y analizan las políticas migratorias y sus consecuencias. Este informe desea favorecer, cada vez que sea posible, la palabra de los migrantes entrevistados o en las misiones ad hoc, o por las asociaciones miembros o colaboradoras de Migreurop que están presentes a diario en los lugares elegidos. Se propone también dar cuenta de la experiencia de estas asociaciones, cuyo cruce de los análisis constituye una de las riquezas de la red. Si los hechos relatados se sitúan en la actualidad del año 2009, el conocimiento de hace tiempo por las asociaciones de la realidad de la migración permite tratar el tema diferentemente que bajo el ángulo de acontecimientos puntuales, como es a menudo el caso. Los temas de trabajo de la red Migreurop sirvieron de hilo conductor para organizar este informe: en cada zona estudiada (salvo Lampedusa, ver infra), se retuvieron cuatro ejes. Los tres primeros caracterizan la política de inmigración y de asilo de la UE: controlar y bloquear; retener, encerrar; deshumanizar, matar. El cuarto - asistir, resistir - quiere reflejar tanto los movimientos de autoorganización de los migrantes como las manifestaciones de solidaridad de aquellos que les ayudan: el componente militante de la red Migreurop constituye, para este último aspecto, una fuente privilegiada de información sobre las luchas.


Ver el Informe en francés: http://www.migreurop.org/IMG/pdf/Rapport-Migreurop-oct2009-def.pdfPronto en inglés, italiano y español.