jueves, 27 de noviembre de 2008

Todos los derechos para todas las personas




TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS: RENOVAR EL COMPROMISO.-
Amnistía Internacional
Amnistía Internacional con motivo del 60 aniversario de la proclamación por la ONU de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1048, ha difundido el siguiente MANIFIESTO, con el objetivo de que se adhieran al mismo cuantas organizaciones lo deseen. La APDHA ya lo ha hecho.
_________________
Hace 60 años, los Estados recordaron su compromiso de “promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad” y reconocieron que “los seres humanos sólo pueden liberarse del temor y de la miseria, si se crean condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de todos los derechos humanos”.

Al adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, los Estados se comprometieron a respetar y hacer cumplir el conjunto de los derechos humanos, civiles, económicos, políticos, sociales y culturales, proclamando así el derecho a un nivel de vida digno.

Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y ninguno tiene prioridad sobre otro. Por lo tanto, la comunidad internacional debe tratar el conjunto de los derechos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso.

Para el pleno disfrute del derecho a la libertad de expresión es necesario promover esfuerzos en favor del derecho a la educación. Para el disfrute del derecho a la vida es preciso reducir la mortalidad infantil, las epidemias y la malnutrición.

Sin embargo, pese a la promesa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo en 2007, 1.252 personas fueron ejecutadas por su respectivo Estado en 24 países distintos, se documentaron casos de tortura y malos tratos en más de 81 países, y en 45 hay presos y presas de conciencia detenidos. Además, 854 millones de personas padecen hambre y 1.100 millones de personas no ven satisfecho su derecho a una vivienda digna, de las cuales, más de la mitad son mujeres.

Sesenta años después, todavía está por cumplir la promesa de unos derechos humanos universales e indivisibles para todas las personas, que permitan hacer efectivo el derecho a un nivel de vida digno y el ideal del ser humano libre.

Por ello en el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos exigimos a gobiernos y entidades públicas y privadas que respeten los derechos humanos y se impliquen activamente en la defensa de su universalidad, indivisibilidad e interdependencia, promulgadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.Pueden adherirse a este manifiesto en:http://www.es.amnesty.org/60-aniversario-de-la-declaracion-universal-de-ddhh/manifiesto-para-entidades/

miércoles, 26 de noviembre de 2008

Mujer e inmigrante, blanco fácil para la violencia de género



Mujer e inmigrante, un blanco fácil para la violencia de género

Han pasado más de tres años desde la implantación de la Ley Integral Contra la Violencia de Género y no desciende el número de muertes por esta causa. Durante los últimos meses se ha debatido con intensidad la efectividad y las carencias de la Ley. Y, a la luz de estos debates, el Gobierno ha decidido, junto a otras medidas, focalizar sus esfuerzos en las mujeres extranjeras que son víctimas de violencia de género, según ha dejado entrever la ministra Aído durante la celebración, hoy, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Y es que el número de mujeres extranjeras que han muerto a manos de sus parejas ha pasado desde un 22% en 2004 hasta un 45% en lo que va de año, según los datos ofrecidos por la delegación de Gobierno. Esto significa que el número de víctimas nacionales ha descendido, pero que el de extranjeras ha crecido notablemente.

Ante estas cifras, Patricia Hernández, portavoz socialista en la Comisión de Igualdad en el Senado, defiende mañana una moción para la mejora de la asistencia social de las extranjeras. Según nos cuenta, muchas mujeres extranjeras desconocen la Ley y tienen miedo a denunciar al encontrarse en situación irregular. Además, estas mujeres son más vulnerables ya que en muchas ocasiones carecen de una red de apoyo social que les permita salir de la dinámica de la violencia, ya que su único ser cercano, en ocasiones, es su propio agresor.

Aunque la Ley Integral garantiza el acceso de las mujeres inmigrantes a los recursos previstos para las víctimas de malos tratos “en pie de igualdad” con las españolas, pocas mujeres lo saben. Por esta razón se pretende dar publicidad a esta realidad, a través de campañas en diferentes idiomas y la publicación de folletos e información en las diferentes embajadas.

Otro de los objetivos que se persigue es el de reforzar la estancia de las inmigrantes irregulares, esto es, que su permanencia en España no se vea amenazada al poner una denuncia. Por ejemplo, en la actualidad, las extranjeras tienen la posibilidad de obtener la autorización de residencia temporal por razones humanitarias si son víctimas de malos tratos y existe una sentencia firme.
Sin embargo, la Red Acoge denuncia una serie de carencias en la aplicación de este tipo de medidas, ya que mientras se resuelve o no este trámite, la mujer “no tiene derecho a ayudas económicas, a la inserción laboral, a participar en talleres de formación, etcétera”.

Una de las medidas deseables citada por los expertos, como Covadonga Naredo, directora del área de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas, es que no haya que esperar a la existencia de una sentencia firme de condena para que las mujeres extranjeras puedan acceder a este tipo de servicios. En todo caso, sostiene la experta, hay que reducir el tiempo de espera para que estas mujeres puedan acceder a los recursos de ayuda.(EFE)

Por tanto, diversas organizaciones vienen trabajando en mecanismos para mejorar la situación de las mujeres inmigrantes, para que puedan superar la situación de desamparo en la que se encuentran. “Esta mujer extranjera sufre una doble discriminación: la ejercida por el maltratador y por la legislación al primar su condición de inmigrante sobre la de víctima”, denuncia Red Acoge.

En los próximos meses, pues, se hablará bastante de las mujeres extranjeras y la violencia de género, según cree Naredo. Normalmente, hay un tópico que asocia el mayor número de víctimas extranjeras a las costumbres propias de sus países, de tradición machista y donde la violencia doméstica está mejor tolerada y no tan perseguida como en España. Pero conviene aclarar que los agresores de mujeres extranjeras también tienen en muchos casos origen español. Concretamente, de las 30 mujeres extranjeras asesinadas en el año 2007, 20 lo fueron a manos de un extranjero, mientras que un español fue responsable en 10 casos (un 33%).

¿Se puede hablar de fracaso o de un funcionamiento deficiente de la Ley Integral a la luz de la estabilidad en el número de víctimas? Altamira Gonzalo, presidenta de la Fundación Themis, opina que la Ley ya contaba, desde su nacimiento, con la dificultad de reducir el número de víctimas a corto plazo. “Ya se sabe que el problema de la violencia de género es difícil de combatir, por lo que la reducción en el número de víctimas debe juzgarse en un plazo más largo. Lo importante es que, poco a poco, se está consiguiendo uno de los objetivos más ambiciosos de la Ley: cambiar las ideas de la gente y minar la estructura patriarcal de la sociedad. Sería aventurado fijarse una inmediata reducción en el número de víctimas. Tal vez, la primera aspiración debe ser la de conseguir que ninguna mujer que haya puesto una denuncia contra su agresor muera a manos de su pareja”. Altamira Gonzalo insiste que, aunque haya bajado el número de víctimas nacional, no hay que bajar la guardia porque aún queda mucho trabajo por hacer.

lunes, 24 de noviembre de 2008

Defensor del Pueblo ve con preocupación situaciones en torno al asilo político en España



En varios casos conocidos recientemente se viola la Convención de Ginebra, de obligado cumplimiento

CEAR advierte de que se está vulnerando el derecho de asilo


El Defensor del Pueblo, preocupado con varias actuaciones de autoridades españolas

CEAR está constatando con enorme preocupación las crecientes dificultades para que las personas que necesitan protección internacional puedan acceder al derecho de asilo en nuestro país. El Defensor del Pueblo, a través de varios escritos y con la apertura de las investigaciones pertinentes, ha confirmado en los últimos días las preocupaciones de CEAR, en un momento en que el Gobierno prepara una nueva Ley de Asilo. Ante los casos recientemente conocidos, CEAR reitera que el Gobierno debe garantizar que el derecho de asilo, que está legalmente establecido, sea efectivo en cualquier punto de nuestro territorio y de nuestras fronteras.


Aunque los solicitantes de asilo no estén en territorio español hay que brindarles protección

El 23 de septiembre fue rescatado en el agua un niño de 7 años y el adulto que le acompañaba, cuando se dirigían a Ceuta. La Guardia Civil les devolvió, sin ningún trámite, a Marruecos, desde donde fueron deportados a la frontera con Argelia. El adulto manifestó que en el momento de ser rescatado pidió asilo sin que esa petición se atendiese. Posteriormente, la Defensoría del Pueblo ha recibido informaciones por las que el niño podría ser demandante de asilo en Marruecos. Se desconoce su paradero actual.

El Defensor del Pueblo, en carta de respuesta a una queja presentada por este caso, rechaza la devolución automática de las personas que intentan llegar a nuestro territorio, como ya ha manifestado en anteriores ocasiones. El Defensor advierte de que, de acuerdo al Real Decreto 2393/2004, “ante la interceptación de un extranjero que pretenda entrar ilegalmente en España, la única respuesta prevista por parte de los efectivos de la Guardia Civil, es la puesta a disposición, con la mayor brevedad posible, ante la correspondiente Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía”. Afirma el Defensor que “el procedimiento utilizado carece de respaldo alguno, impidiendo además que en esos flujos mixtos de inmigrantes que intentan acceder irregularmente a nuestro territorio, se pueda detectar a aquellas personas necesitadas de protección internacional”. Como responde la oficina de la Defensoría al argumento de que las personas no se encontraban en territorio español, “lo determinante no es si los solicitantes de asilo se encuentran en territorio español, sino que estas personas se encuentran bajo el control efectivo de autoridades de nuestro Estado, por lo que el principio de no devolución no puede obviarse argumentando que el rescate se ha producido fuera de nuestras aguas territoriales”.


Para la oficina de la Defensoría, esto supone una vulneración de la Convención de Ginebra de 1951 para la protección de los refugiados, “en concreto en su artículo 33, que obliga a España a aplicar extraterritorialmente el principio de no devolución”.


Las actuaciones de las autoridades españolas fuera del territorio estatal ya habían sido cuestionadas por el Defensor del Pueblo. En escrito de hace unos semanas, y a propósito de la actuación de las Fuerzas de Seguridad españolas en territorio mauritano con los pasajeros del Marine I, el Defensor hace constar su preocupación “ante la nueva problemática que se plantea como consecuencia de la creciente tendencia a la externalización de los controles migratorios”. Al Defensor le surgen dudas “sobre la coherencia del marco jurídico regulador de dichas actuaciones y, especialmente, sobre cuál es el estatuto de nuestras Fuerzas de Seguridad en territorio extranjero, quién es el responsable de las decisiones, cómo hacer compatibles estas nuevas prácticas que tienden a diluir la responsabilidad de diversos Estados implicados con el mantenimiento de garantías efectivas de protección internacional. Todas estas son cuestiones que deben ser abordadas con el mayor rigor”.


El Defensor del Pueblo cuestiona el concepto de “lugar seguro” que el Gobierno quiere introducir en la nueva Ley de Asilo

Cuestiona también el Defensor del Pueblo, respecto al caso del menor y el adulto devueltos a Marruecos, que se considere lícita una devolución por realizarse a un lugar seguro. Este concepto de lugar seguro, en palabras del Defensor, “ha de ser necesariamente puesto en conexión con la particular situación en la que se encuentran las personas que huyen por vía marítima de sus países de origen o de los países de tránsito por sentirse perseguidas o amenazadas”.

El Defensor del Pueblo cuestiona así un concepto que el Gobierno español ha introducido en el texto de la nueva ley de asilo que espera aprobar en los próximos meses y que CEAR rechaza como violación del derecho a que cada petición de asilo sea estudiada de manera individual.


No se puede compartir información


“Por último”, prosigue el Defensor acerca de este caso de Ceuta, “las autoridades españolas tampoco deberían compartir información personal de los solicitantes de asilo con las autoridades del país del que huye esa persona o con terceros que pudiesen transmitir esa información a tales autoridades”. CEAR hace un llamamiento al Gobierno español para que aplique y haga aplicar estas recomendaciones del Defensor del Pueblo en todos los casos, especialmente después de que la propia Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, haya reconocido que varios de sus miembros viajaron a Colombia a finales de 2007 para constatar datos de solicitantes de asilo en dependencias de las autoridades colombianas.
Estas prácticas, junto a las masivas e injustificadas inadmisiones de solicitantes de colombianos en Barajas, han producido un acusado descenso de solicitudes en el aeropuerto de personas proveniente de este país en 2008, que han pasado de 2.138 en 2007 a 385 de enero a septiembre de 2008. Sin embargo, las causas por las que los colombianos tienen que huir de su país permanecen, como muestran las cifras de víctimas de violaciones de derechos humanos que hacen públicos diversos organismos internacionales, y el gran aumento de refugiados en países limítrofes como Ecuador.


Comunicado CEAR 24 noviembre 2008

viernes, 21 de noviembre de 2008

Inmigrantes, crisis económica y legitimidad ciudadana



Inmigrantes, crisis económica y legitimidad ciudadana

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008111404



Eduardo Thayer *

La crisis económica mundial ha resuelto una de las paradojas centrales de la relación entre los inmigrantes y los principales países receptores. Hasta la crisis, los gobiernos de estos países enfrentaban la dualidad de una estructura productiva demandante de fuerza de trabajo inmigrante para cubrir las ocupaciones que son rechazadas por los trabajadores nativos, y una sociedad civil exigiendo que se restrinja la entrada de inmigrantes. La crisis ha permitido resolver lo que algunos han llamado la paradoja de la necesidad del inmigrante indeseado.


El fin de la paradoja no se debe, sin embargo, a un giro favorable a la inmigración en la percepción de las sociedades civiles, sino a una desaceleración de la demanda de fuerza de trabajo inmigrante. De modo que si las demandas de la estructura productiva y las de la población local coinciden, es porque el rechazo de esta última encuentra ahora, un fundamento material en la contracción de la oferta de empleos degradados.

No es casual que en parte importante de estos países se estén implementando políticas migratorias orientadas a empujar a los inmigrantes hacia afuera y a impedir que sigan ingresando. En el Estado español encontramos ejemplos claros de este tipo de políticas: se ha recortando el número de ocupaciones para las que se otorgan permisos de trabajo, se ha implementado un programa de "retorno voluntario" para los inmigrantes desempleados, y se han suprimido los planes de reclutamiento de inmigrantes en los países de origen. Esta voluntad explicita de empujar hacia afuera a los inmigrantes, ha puesto en evidencia que toda la legitimidad con que contaban, estaba sujeta a al aporte neto que realizaban con su trabajo a la economía local. Sostener la legitimidad de los inmigrantes en un argumento como este, implica asumir de antemano que cuando su contribución pase a ser menor que el gasto que suscitan, es legítimo, si no expulsarlos, al menos empujarlos hacia afuera.
Ahora bien, estas políticas no son cuestionables solo por su fundamento, sino también porque su ineficacia, supondrá un incremento en la precariedad y las desprotección de los inmigrantes. Su previsible fracaso se debe a dos motivos:

Primero, la perspectiva de vivir una crisis económica en un país desarrollado, es preferible que hacerlo, en el mejor de los escenarios imaginables, en los países de procedencia. El impacto que está teniendo la crisis en España, para seguir con el ejemplo, por intensa que sea, no se acerca ni en intensidad, ni lo hará en sus consecuencias, a las crisis que vivieron muchos de los países de procedencia de los inmigrantes desempleados que pueden optar al programa de "retorno voluntario". Baste recordar cómo abandonaron el siglo pasado países como Argentina y Ecuador, o incluso Colombia y Perú, para entender por qué resulta verosímil plantear que ante una crisis económica que se presenta como mundial, los migrantes de estos países entenderán que es preferible quedarse donde están, que volver a sus sociedades de procedencia.
Segundo, las políticas de recorte de los permisos de trabajo van a suponer una intensificación del desplazamiento de los inmigrantes hacia la economía informal. Es un hecho consensuado entre los especialistas, que el principal mecanismo de acceso de los inmigrantes a los mercados de trabajo de las sociedades receptoras, son las redes sociales. Igualmente demostrado está el hecho de que las redes migratorias son eficientes independientemente de su grado de institucionalización. Los contactos informales son tanto o más funcionales que las asociaciones u organizaciones que forman parte de las redes. De manera que unas políticas de recorte de los mecanismos formales de acceso al empleo, redundará en un reforzamiento de los vínculos informales de las redes y en un incremento de la irregularidad en el reclutamiento de trabajadores.

Más allá del probable fracaso de estas políticas, el problema de fondo que debe plantearse no consiste ciertamente en buscar unas políticas más eficaces, sino en cuestionar el principio que gobierna la legitimidad ciudadana de los inmigrantes. Si esta legitimidad se basa solo en el aporte económico derivado de su desempeño en el trabajo; el principio del ius laborans, su reconocimiento queda sujeto a la contingencia, y funda una desigualdad estructural con la población autóctona. Si por el contrario, la legitimidad del inmigrante se construye sobre la base de un reconocimiento social y político en virtud de su condición de residente, entonces, estaremos frente a una reconfiguración global del fundamento de la ciudadanía. Los principios del ius sanguinis y el ius soli están obsoletos, y el ius laborans, es insuficiente. La introducción del principio del ius domicili, supondría la apertura de las comunidades políticas a una nueva forma de ciudadanía, más pluralista, igualitaria y menos a contracorriente de unos procesos sociales nuevos, que desde abajo, tienden a borrar los contornos de la nación.

* Coordinador de Tesis del Programa de Doctorado PROSPAL / Arena Pública, plataforma de opinión Universidad ARCIS.

Algunos datos estadísticos

NOTA DE PRENSA DE EUROSTAT SOBRE INMIGRACION EN LA U.E. DE LOS 27 DURANTE 2006


En 2006 el número más elevado de inmigrantes se registró en España ( 803.000 personas) seguido de Alemania (558.500), y Gran Bretaña (451.700) que recibieron en total al 60% de los imigrantes en la U.E.-27


En porcentajes, la ratio más elevada fue para Luxemburgo (28,8 extranjeros por cada 1000 habitantes) seguida de Irlanda (19,6), Chipre (18,7) y España (18,1)


Datos publicados el 18.11.2008 en la web de EUROSTAT.
En inglés

miércoles, 19 de noviembre de 2008

Necesario que en la ONU se planteen lo de los Derechos Humanos



Los grupos de derechos humanos solicitan un periodo extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU


Ante el incremento constante del número de víctimas civiles en la República Democrática del Congo, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y más de 40 organizaciones activas en África han advertido hoy de que la situación en la parte oriental de la República Democrática del Congo puede desembocar en una catástrofe humanitaria, y han pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que convoque sin demora un periodo extraordinario de sesiones sobre la crisis.
En una carta enviada el 17 de noviembre de 2008 al embajador Martin Uhomoibi, presidente del Consejo de Derechos Humanos, las organizaciones piden al Consejo que dedique ese periodo extraordinario a promover medidas eficaces destinadas a proteger a los miles de civiles que están sufriendo y en situación de riesgo en la región.
En concreto, las organizaciones piden al Consejo que designe un enviado especial para la zona oriental de la República Democrática del Congo con el cometido de informar sobre la situación de los derechos humanos y recomendar medidas concretas para remediarla.
En la carta, las organizaciones le dicen al embajador Uhomoibi: “Las hostilidades en la parte oriental de la República Democrática del Congo ya se han cobrado un número de víctimas demoledor. Debe hacerse todo lo posible para impedir que la situación, que ya es nefasta, siga deteriorándose. El Consejo de Derechos Humanos no debe dar la espalda a las víctimas de la República Democrática del Congo”.
Información complementaria


· Al menos 250.000 civiles, en su mayoría mujeres, niños y niñas, se han visto desplazados a causa de los combates recientes en la parte oriental de la República Democrática del Congo, lo que eleva a bastante más de un millón –según algunos cálculos, hasta 1,6 millones– el total de personas internamente desplazadas en Kivu Septentrional desde éste y otros escenarios anteriores del conflicto. La mayoría de estas personas están en una situación desesperada, ya que carecen de alimentos, agua, suministros médicos y refugios suficientes.


· Las operaciones humanitarias internacionales acaban de reanudarse tras los combates, muchos desplazados internos continúan inaccesibles y algunas operaciones humanitarias se suspenden debido a la inestabilidad de las condiciones de seguridad. Además, se han recibido informes de numerosas ejecuciones sumarias.


· El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está obligado a convocar un periodo extraordinario de sesiones si la solicitud viene refrendada por 16 miembros del Consejo y la Secretaría del Consejo. Una vez presentada la solicitud formal, se debe convocar cuanto antes un periodo extraordinario, en principio no antes de dos días laborables ni después de cinco días laborables a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

martes, 18 de noviembre de 2008

Crítica a las propuestas de ley extranjería del P P



Inmigrantes critican las propuestas de ley de extranjería del PP porque "no va por buen camino"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de inmigrantes criticaron este jueves la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería presentada por el Partido Popular, al considerar que "no va por buen camino" ya que está centrada "en recortar derechos y no en promover la integración" de los extranjeros que viven en España.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, Lorenzo Cachón, se mostró contrario a muchas de las propuestas del PP, como la limitación de las regularizaciones por arraigo o las restricciones a la reagrupación familiar, que a su juicio van "en contra de la integración y el bienestar" de estas personas.

"Ningún país ha conseguido nunca que no entren algunas personas de forma irregular en el territorio y ante esto, uno puede ponerse la venda o establecer mecanismos como el arraigo, por eso creemos que se debe mantener tal y como está", señaló Cachón, para quien en lugar de reformar todo el articulado de la ley, "lo que hay que hacer es consolidar lo que se está gestionando desde 2004 y que ha funcionado aceptablemente bien".

Por su parte, el presidente de la Asociacion de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Kamal Rahmouni, en declaraciones a Europa Press, puso el acento en la intención de los 'populares' de introducir el 'contrato de integración' para inmigrantes, una idea que ya fue rechazada por el Congreso de los Diputados y que "los ciudadanos no respaldaron en las elecciones generales".

"La reforma en sí no aporta nada nuevo y lo que dice, ya está consumado. No plantea ninguna medida de integración o ampliación de derechos, sólo recortes haciendo casi imposible la reagrupación familiar y restringiendo derechos fundamentales", aseguró Rahmouni, quien cuestionó la validez de un texto que podría suponer la sexta versión de la ley española de extranjería "en un plazo inferior a ocho años".

En la misma línea se pronunció el presidente de la Asociación Hispano Ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, quien se centró en la propuesta de crear un plazo extraordinario de 30 días de retención en centros para inmigrantes en situación irregular que van a ser expulsados. Según declaró a Europa Press, "aumentar el tiempo de estancia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) es aumentar la desprotección de estas personas".

Jiménez, que también criticó las propuestas en materia de reagrupación, arraigo e introducción de la 'tarjeta azul' europea para la movilidad de los trabajadores extranjeros cualificados, lamentó que "el endurecimiento de la política de extranjería española tenga el consenso de los dos partidos mayoritarios" y denunció que "en una época de crisis se intenta de nuevo concienciar de que la inmigración es un problema".

viernes, 14 de noviembre de 2008

Apoyo a la gente del Congo




Hola, acabo de escuchar de esta importante campaña para instar a los líderes europeos a enviar fuerzas de paz a Congo.
Cientos de miles de personas están amenazadas por grupos armados y necesitan nuestra ayuda ahora. Europa es la única esperanza ya que puede enviar rápidamente fuerzas de paz para frenar la violencia y llevar ayuda humanitaria.
Para conocer más y participar, lee el email de abajo:-
--------------La gente del Congo necesita nuestra ayuda. En las últimas semanas, más de 200.000 personas han tenido que dejar sus hogares, y las asesinatos y las violaciones abundan. Las fuerzas de paz de Naciones Unidas en Congo no han intervenido para proteger a los civiles.
Mientras enviamos este mensaje, miles de familias atascadas entre la violencia de los rebeldes y el ejército congoleño huyen para salvar sus vidas, sin comida. Los únicos refugios son campos repletos de gente, que ahora enfrentan el peligro de epidemias. Esta es una tragedia humana de proporciones inimaginables.
A pesar de esta situación urgente, los Ministros Europeos de Asuntos Exteriores que se han reunido esta semana, han dicho que es demasiado pronto para actuar.Europa puede enviar fuerzas de paz bien equipadas en dos semanas, nadie más tiene la capacidad de tener semejante presencia tan pronto. Si Europa envía fuerzas neutrales a la región y ayuda a presionar a Congo y sus países vecinos en conjunto con las Naciones Unidas y líderes africanos, esta crisis humanitaria puede resolverse y pueden encontrarse caminos que arriben a una paz duradera.
Esta dura crisis no será resuelta con acciones militares, pero los civiles necesitan urgente protección y un involucramiento apropiado de parte de la Unión Europea puede ayudar a su resolución.
La experiencia de Ruanda nos enseña que es mejor intervenir antes que sea demasiado tarde - pero los políticos europeos parecen haberlo olvidado. La gente del Este de Congo nos necesita ahora. Envía un mensaje a tu Jefe de Estado y reenvía este mail a familiares y amigos.
También publicaremos anuncios en los principales diarios europeos. La situación se deteriora día a día. Cuantos más mensajes los líderes europeos reciban esta semana, más presión sentirán de parte de los ciudadanos y gente de todo el mundo por estar a la altura de las circunstancias y proteger a los congoleños. Sigue este link para enviar tu mensaje:

Los recientes enfrentamientos entre las milicias del General Nkunda y el ejército congolés son las últimas registradas en un lugar donde la población ha sido atacada y aterrorizada durante años por grupos armados. Ha sido nombrada "la guerra mundial de África" con Ruanda, Uganda, Zimbabue, Angola y Namibia involucrados. Los combates son alimentados por una economía de guerra basada en la extracción de minerales como el coltán, cobalto, diamantes y oro, minerales con los que todos estamos conectados a través del mercado mundial.
Las acusaciones abundan sobre la intervención de tropas de Angola y Zimbabue a favor del ejército de Congo, sobre soldados congoleños cometiendo atrocidades y apoyando a milicias (incluyendo los grupos armados hutus de Ruanda, algunos de cuyos líderes son responsables del genocidio de 1994) y sobre el ejército ruandés apoyando al General Nkunda para empujar al gobierno de Congo a cumplir con sus compromisos de desmovilizar esas mismas milicias hutus. Así, no resulta una sorpresa que la diplomacia africana a solas esté puesta en duda.
La misión de Naciones Unidas (MONUC) está en Congo para mantener la paz entre esta telaraña de grupos armados, pero recientemente ha declarado que no puede proteger a los civiles. Sabemos por fuentes fidedignas que la MONUC está desesperadamente intentando incorporar a las fuerzas de paz europeas en un esfuerzo por restablecer la legitimidad internacional que ha perdido, dadas las percepciones existentes en cuanto a tomar partido (las tropas de las Naciones Unidas han luchado en conjunto con el ejército congoleño y además son acusados de dar apoyo a las milicias pro-gobierno).
En pos de fuerzas de paz creíbles y efectivas, la misión de Naciones Unidas en Congo deberá ser reformada y reenviada. En el largo plazo, la comunidad internacional necesita ser un agente honesto y fuerte para asegurar la implementación de los acuerdos de paz y confrontar con las causas que subyacen en el inicio de esta guerra. Si Europa envía fuerzas neutrales por un corto plazo a la región para proteger a los civiles, este puede ser el comienzo del cambio de términos en este juego brutal, proveyendo la base tanto para defender a los indefensos como para dar apalancamiento político a todas las partes.
Haz clic abajo para enviar un mensaje instando a los líderes de tu país a apoyar esta acción ahora:http://www.avaaz.org/es/european_action_on_congo/98.php?cl_tf_sign=1

No podemos dejar pasar esta oportunidad de detener el terror en Congo mientras los líderes europeos dan la espalda. Congo necesita acuerdos claros ahora. Europa está dando millones en ayuda a Congo y Ruanda para asegurar su reconstrucción y desarrollo, pero sin un empuje fuerte y permanente, no habrá paz que mantener.
Enviemos una catarata de peticiones por una acción contundente a los líderes europeos. Firma la petición y por favor, reenvíala a amigos y familiares:http://www.avaaz.org/es/european_action_on_congo/98.php?cl_tf_sign=1

Con esperanza,Paul, Alice, Pascal, Ricken, Ben, Paula, Brett, Graziela, Iain y Milena - El equipo de AvaazPD: Para conocer sobre las campañas de Avaaz, ver: https://secure.avaaz.org/es/report_back_2

Nuevamente fortaleza Europa



DE NUEVO, TENSIÓN EN LA FRONTERA SUR DEL ESTADO ESPAÑOL

Comunicado SOS Racismo España 10 11 08



A partir de los destrozos en la valla de Melilla provocados por el temporal de lluvias se han producido varios intentos por parte de personas de origen subsahariano de saltar el alambrado que prohíbe la entrada a tierras españolas. Estas personas después de haber recorrido parte del continente africano buscan la manera de entrar en Europa, y pasan temporadas más o menos largas en condiciones infrahumanas hasta encontrar un modo más o menos peligroso para lograr su objetivo.


Pero esta situación no es nueva, una década de episodios de vulneración de los derechos humanos (no podemos olvidar las muertes del año 2005) ilustran la gravedad de esta situación enquistada. Y la respuesta de los responsables políticos en estos años ha continuado en la misma línea, la inversión en el control de fronteras: la ampliación de la valla, su resistencia y el refuerzo policial, incluso en ocasiones hasta militar.


Es necesario que se contemple la llegada de inmigrantes y refugiados a Melilla, no como un hecho aislado sino como consecuencia del aumento de la pobreza y la injusticia a nivel global. Una realidad sobre la que Europa no puede eludir su responsabilidad o intentar responder sólo con muros, para apartarla de la mirada de la opinión pública, ya que así agravan las violaciones de derechos humanos que se producen en los movimientos migratorios.

Desde SOS Racismo denunciamos:


- La pasividad con la que los responsables políticos y europeos asumen su corresponsabilidad ante esta situación reiterada de vulneración de derechos humanos de tantos ciudadanos africanos que se concentran a las puertas de Ceuta y Melilla.

- Que lamentablemente los únicos anuncios de cambio legal van en la línea de la recién aprobada “Directiva de la Vergüenza” que legitima aún más las vulneraciones de derechos humanos para las personas inmigradas, por parte de las democracias europeas. Así la reforma de la Ley de extranjería española tendrá como objetivo el control de fronteras en detrimento de los derechos de las personas inmigradas y por ende de la calidad de nuestra democracia. Insistimos en la idea de la Europa fortaleza.

- Que se criminalice la actuación de aquellos que intentan llegar a continente Europeo, cuando es una opción desesperada de encontrar una alternativa a las consecuencias de unas leyes y políticas de inmigración injustas y de la situación crítica del continente africano, sobre la que Europa tiene una gran responsabilidad.


Por todo ello exigimos:


- A las autoridades españolas que se estudien adecuadamente las solicitudes de asilo político de estas personas, que en muchos casos huyen de persecuciones y conflictos políticos, ya que un retorno forzado a su país resultaría un grave peligro para su vida.

- Así como la autorización por parte del Ministerio del Interior de la entrada a la Península de las personas que se encuentran a las puertas de Ceuta y Melilla en una situación vulnerable y con una orden de expulsión no ejecutada. De tal manera que se coordine la acogida de estas personas para que puedan integrarse a la sociedad.

- Un cambio en el enfoque de las leyes y políticas europeas, que se comprometan con el respeto a los derechos humanos, ¿o pensamos dejar que estas graves situaciones se repitan durante muchos más años? Estos hechos avergüenzan y son indignante, estamos hablando de personas. Y no nos cansamos de repetir: las vallas pueden ser muy altas pero no eliminan la necesidad de emigrar.


Federación de asociaciones de SOS Racismo en el Estado español

10 de noviembre de 2008


martes, 11 de noviembre de 2008

Conflicto del Congo


El 80 por ciento de las reservas mundiales de Coltán –imprescindible para los teléfonos móviles y los ordenadores portátiles, o para la industrias aeroespacial y nuclear– están en África y, de éstas, el 80 por ciento está en la República Democrática del Congo. Mabel González Bustelo, 6 de Noviembre de 2008

Artículo completo:

lunes, 10 de noviembre de 2008

Esperanza Aguirre y la atención jurídica a inmigrantes



Ante las declaraciones de Esperanza Aguirre sobre la asistencia jurídica a extranjeros

CEAR lamenta que se hagan declaraciones que cuestionan derechos constitucionales y refuerzan actitudes xenófobas

CEAR hace un llamamiento para el respeto a la confidencialidad en las solicitudes de de asilo


La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) lamenta que personas con responsabilidad política cuestionen derechos amparados por las leyes y la Constitución Española, reforzando además opiniones y acciones xenófobas.

La asistencia jurídica gratuita en nuestro país se reconoce a toda persona sin distinción ni de su origen nacional ni de cualquiera otra circunstancia, en garantía del derecho a la tutela judicial efectiva. Dicho asesoramiento gratuito está reconocido en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y en la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, amparado constitucionalmente. El derecho de todos a obtener la tutela de los tribunales al margen de cualquier circunstancia de índole personal, es reconocido y aplicado por todos los países de nuestro entorno y es uno de los pilares del Estado de derecho.

Al hablar de la asistencia jurídica gratuita de los solicitantes de asilo, hay que recordar además que nuestro país ha suscrito convenios internacionales de protección a los refugiados que no sólo obligan a su cumplimiento, sino que son la aplicación del principio de solidaridad con aquellas personas que huyen de sus países de origen por persecución o riesgo de ser sometidos a tortura u otros tratos inhumanos o degradantes.


Por otro lado, y respecto al caso concreto al que aludían las declaraciones, CEAR muestra su preocupación por la publicidad que desde el Ministerio del Interior se está dando a los datos relativos a la solicitud de asilo de Omar Osama Bin Laden y al devenir del procedimiento. Tanto la identidad como las alegaciones en las que los solicitantes de asilo basan su solicitud de protección internacional han de quedar al amparo del principio de confidencialidad. Se trata de un principio fundamental en la protección de los solicitantes de asilo al tratarse de personas que manifiestan problemáticas de persecución y riesgo para sus vidas.

Por ello, apelamos al respeto debido a toda persona que llegue a nuestro país en busca de protección internacional, de acuerdo a los compromisos suscritos por nuestro país y a los principios que inspiran la protección a los refugiados.
Nota de CEAR 07 11 08

Africa, guerras de hoy, guerras de siempre


jueves, 6 de noviembre de 2008

Cuando no todos somos iguales ante la ley

Cuando no todos somos iguales ante la ley
José Luis Rodríguez Candela
En Málagahoy.es 04 11 08

HACE unas semanas el Boletín Oficial del Estado publicó un Real Decreto sobre la concesión de pasaporte diplomático a españoles que tienen atribuida la representación de nuestro país en el extranjero y a sus familiares. Entre estos altos funcionarios se encuentran desde el Rey, pasando por el presidente del Gobierno, Fiscal General del Estado, embajadores y otros altos cargos del Estado.
Estos representantes públicos, para poder viajar o residir en otro Estado por razón de su alta función, pueden estar acompañados por sus familiares directos, es decir, sus hijos, cónyuges y pareja de hecho.
La exposición de motivos de la citada norma comienza con un exordio sobre la evolución del tradicional modelo familia en nuestra sociedad, reconociéndose que "ha aumentado fuertemente en la sociedad española el número de personas no vinculadas maritalmente que conviven de manera estable, con ánimo de permanencia y con una relación afectiva entre ellas similar a la existente entre cónyuges." Declaración con la que evidentemente estamos de acuerdo.
Para garantizar que estos altos representantes del Estado puedan viajar y residir en el extranjero con sus parejas no maritales, hace bien el ministro de Asuntos Exteriores en proponer al Gobierno la aprobación de la norma que hoy comentamos, en donde la simple inscripción de esta relación no matrimonial en alguno de los registros públicos de las comunidades autónomas o ayuntamientos les habilita para la concesión del pasaporte diplomático también a la pareja.
Ello no pasaría de ser una simple curiosidad y no merecería un artículo de opinión al respecto, si no fuese porque, también hace unos días, la organización Andalucía Acoge tuvo que formular una demanda contra un reglamento que, el pasado año, reguló las autorizaciones de residencia para los familiares de los españoles "de a pié", entre otras cosas porque no se aceptaba en dicha normativa que la relación de pareja de hecho inscrita en alguno de los muchos registros públicos, fuese suficiente para que el ciudadano extranjero pudiese residir con su pareja española. Más aún el Ministerio del Interior, en las alegaciones que formulaba al reglamento, advertía de que permitir a las parejas de hecho el acceso a la residencia "propiciaría el uso abusivo o fraudulento, en la obtención de la documentación de residencia comunitaria con la mera formalidad de inscribir en un registro de ámbito autonómico la existencia de la convivencia".
Y aquí es donde nos damos cuenta de que no todos los españoles somos iguales ante la ley. Si los presidentes del Congreso y Senado, el gobernador del Banco de España, cualquiera de nuestros cónsules en el extranjero o de nuestros diplomáticos desean vivir con su parejas sin pasar por la vicaría o el juzgado, es un derecho, una expresión del nuevo modelo de familia que este Gobierno quiere proteger e incluso fomentar, bastando para ello que su relación esté inscrita, no sólo en cualquiera de los registros autonómicos, sino incluso, en los de nuestros ayuntamientos, o si un notario así lo certificara. ¡Pero amigo!, si quien quiere vivir con su pareja extranjera de forma no marital es usted, maestro, empresario, médico, albañil o abogado, que sepa que no es posible porque nuestro Gobierno sospecha de nosotros, porque nuestra relación será seguro fraudulenta y estaremos abusando del derecho. Además, esa presunción no admite prueba en contra, negándonos el derecho a vivir en familia o a vivir en nuestro país con nuestra pareja.
Muchos de los ciudadanos que me estén leyendo habrán sufrido esa discriminación certificada por una instrucción del Ministerio de Trabajo de marzo del pasado año, quien ya advertía de que las parejas de hecho, aún estando inscritas, no tendrían derecho a acceder a la residencia, porque, como ya hemos dicho, sólo los diplomáticos pueden vivir legalmente con éstas.
Claro, ahora comprendo porqué el Partido Socialista Español en su último congreso ha eliminado la lucha de clases de su ideario, es que ya les concedió el triunfo a una de ellas, a la poderosa.

Fuente: http://www.malagahoy.es/article/opinion/270689/cuando/no/todos/somos/iguales/ante/la/ley.html

martes, 4 de noviembre de 2008

Servicio a refugiados: PREMIOS



Leyla Zana y Malalai Joya, ganadoras del VII Premio Juan María Bandrés- CEAR

Mención de honor para el padre Jeròme


La séptima edición del Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo y la Solidaridad con los Refugiados, ha premiado a dos mujeres que luchan por los derechos de sus pueblos y por ello han sido castigadas. Sin embargo, y a pesar del gran riesgo que corren, ambas continúan su trabajo. La escritora Leyla Zana, primera mujer kurda elegida en el parlamento turco, encarcelada durante varios años y candidata al premio Nobel de la Paz, y la diputada afgana Malalai Joya, ex refugiada, expulsada del parlamento por denunciar a los señores de la guerra afganos, y con cuatro intentos de asesinato encima, continúan trabajando por el pueblo kurdo y por la democracia en Afganistán respectivamente. Ese compromiso es el que el jurado del premio Bandrés, presidido por el pintor Juan Genovés, ha querido reconocer, cuando la solidaridad con los refugiados es cada vez más importante en una Europa en la que se quieren imponer las políticas insolidarias.

Leyla Zana nace en la región kurda del sureste de Turquía. Durante los años 80, mientras iba de prisión en prisión para ver a su esposo encarcelado por posicionarse a favor del pueblo kurdo, se convirtió en la voz de las mujeres de los presos del régimen turco. Durante los 90, llevó su perspectiva feminista a la creación del periódico Yeni Ülke, publicación acosada y finalmente cerrada por la censura. En 1991, durante un breve periodo de apertura, fue posible que un parlamentario kurdo fuera elegido para la legislatura turca. Leyla Zana recibió el 84% de los votos de su distrito, convirtiéndose en diputada y en símbolo de la lucha por la paz, el respeto de los derechos de la población kurda y el diálogo entre kurdos y turcos. Fue acusada de traición en 1994 por sus discursos contra la persecución a los kurdos, y encarcelada. Desde la prisión escribió múltiples artículos que la justicia turca usó para ampliar su condena, mientras el Parlamento Europeo le concedía el premio Sajarov a los derechos humanos. En junio de 2004 es liberada después de que la Corte Europea de Derechos Humanos dictaminara que durante el juicio contra ella se habían quebrantado las disposiciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En los días de su liberación, la Unión Europea iniciaba el debate sobre el posible ingreso de Turquía en su seno. Hace tan sólo unos meses, Leyla Zana ha vuelto a ser acusada bajo la ley antiterrorista por un discurso pronunciado durante la festividad kurda del Nevruz.

Malalai Joya es un ejemplo de que los refugiados no son una carga para los países de acogida, sino una apuesta por el futuro democrático del mundo. Esta diputada salió de Afganistán como refugiada a los cuatro años. Vivió con su familia en un campo de refugiados de Irán y de allí se trasladó a Pakistán, donde terminó sus estudios. Volvió a Afganistán en 1998 y enseguida se convirtió en una tenaz opositora de los talibanes. Daba clases a mujeres clandestinamente y fundó un orfanato y una clínica. Es líder de una ONG (OPAWC) que trabaja por los derechos de las mujeres y la democracia en su país. Malalai Joya es también la diputada más joven de Afganistán, pero no puede cumplir con su trabajo porque ha sido expulsada del Parlamento tras exigir que sean procesados los miembros del Gobierno que han cometido graves delitos. El Parlamento afgano, en lugar de atender sus denuncias respaldadas por las organizaciones internacionales de derechos humanos, la ha amenazado de muerte. Sin embargo, ella sigue denunciando que Afganistán se encuentra en manos de criminales y corruptos, ahora con la connivencia de Estados Unidos. Por eso pide que se presione a los gobiernos que tienen tropas en Afganistán, entre ellos España, para que apoyen a los partidos y organizaciones democráticas en el país, en vez de seguir la senda abierta por las tropas estadounidenses.


Mención de honor para el padre Jeròme


El jurado ha decidido otorgar una mención de honor a la labor realizada por el sacerdote nigeriano Jeròme Otitoyomi Dykiya en la Misión Católica de Nouadibú, que él dirige y en la que se apoya a los migrantes que llegan a la ciudad, casi siempre después de un largo viaje a través de otros países. Pese al alto índice de migraciones en el Africa del Oeste, existen pocos centros que se ocupen de acoger y apoyan a los migrantes en tránsito hacia otros destinos, o que llegan buscando una vida más digna. El centro que dirige el padre Jeròme es una excepción. En él, los migrantes reciben formación en idiomas, alfabetización, informática, contabilidad o cocina, y encuentran apoyo a iniciativas de economía social para crear microempresas o cooperativas mediante microcréditos. En la Misión también se ha creado un registro de las personas que llegan, lo que permite conocer sus perfiles, las condiciones en sus países de origen, los objetivos que se plantean al migrar, sus expectativas de futuro. Pero además del apoyo para mejorar las habilidades y oportunidades de los migrantes, el padre Jeròme ofrecer otro apoyo fundamental: la solidaridad. En un recorrido migratorio lleno de puertas cerradas y humillaciones, el padre Jeróme siempre tiene una puerta abierta con independencia del origen, género o religión del que llega.


El premio Bandrés

CEAR y la Fundación CEAR entregan anualmente el Premio Juan María Bandrés a personas o instituciones que hayan destacado por su trayectoria en la defensa del derecho de asilo y la ayuda a los refugiados y los desplazados internos. Este galardón, junto con la Medalla Nansen que otorga el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), es de los pocos reconocimientos que reconocen el trabajo solidario a favor de los más de 40 millones de refugiados y desplazados internos que existen en el mundo.


En anteriores ediciones han sido premiados Enrique Figaredo, jesuita y obispo de Battambang (Camboya), por su labor con las víctimas de las minas antipersona; Margueritte Barenkitse, directora de Maison Shalom en Burundi, por su trabajo por la convivencia étnica y el ciudado de miles de niños víctimas de la guerra; Javier Giraldo, sacerdote colombiano, por su compromiso con los más de tres millones de desplazados internos de Colombia; Suzy Castor, historiadora haitiana y ex refugiada, por su lucha por la democracia en Haití; Aminattou Haidar, emblemática defensora de los derechos de los saharauis, y Salah Salah, presidente del Comité de Refugiados del Consejo Nacional Palestino y una de las personas que más ha trabajado por el retorno de los cinco millones de exiliados palestinos.


Los premios de esta edición, representados en la escultura La espiral del viento de Martín Chirino, serán entregados en la primavera del 2009.

lunes, 3 de noviembre de 2008

El santo de "los expulsados"



El padre Anselmo recoge a los emigrantes clandestinos que son bandonados en el desierto. Es 'el santo de los expulsados'

NICOLÁS CASTELLANO (CADENA SER) 30-10-2008

"Yafany Mam, Abdoulaye Loume, Ismael Sidibe...". El padre Anselmo anota nuevos nombres en una pequeña libreta plagada de historias. Son los de nueve jóvenes que acaban de llegar a su pequeña parroquia, situada en la ciudad de Gao, al noreste de Mali. Le cuentan que han sido atracados y que les han dado una paliza en el desierto argelino.

Hasta la única iglesia católica en miles de kilómetros a la redonda llegan, prácticamente a diario, muchos de los emigrantes clandestinos que son expulsados desde Argelia o Libia y llegan hasta esta ciudad de pequeñas casas de barro a orillas del río Níger.

Buscan la ayuda de este espigado cura que se ha hecho famoso entre las personas que fracasan en su intento de llegar a Europa. Sólo este año, este religioso tanzano ha ayudado a más de 700 emigrantes clandestinos abandonados en el desierto.

Lleva ya una década haciendo este trabajo, pero los últimos tres años han sido especialmente duros. Son miles de vidas y de historias las que han pasado por sus manos pero algunas le han marcado especialmente.

"Tras los acontecimientos de 2005 de Ceuta y Melilla, que los españoles conocen bien, muchos jóvenes quedaron abandonados en el desierto", dice el párroco. "Había muchos jóvenes que sufrían en Gao, que no tenían qué comer, dónde dormir y sobre todo, que no podían viajar, que estaban bloqueados en Gao. Nos dimos cuenta de que había otra forma de sufrimiento. Así es como comenzó nuestra ayuda, con un lugar donde acogerles, escucharles, curarles, darles de comer, darles apoyo y sobre todo ayudarles a continuar su viaje. Es lo que hacemos por los inmigrantes".

"Y poco a poco, nos hemos percatado de que existe otro problema y es que muchos jóvenes creen que es suficiente con coger la carretera, ir al desierto, luego a Argelia, luego a Marruecos y ya están en España, en Europa. Así que hemos tenido que empezar a sensibilizarles sobre estos peligros", cuenta.

Las historias que le han marcado

Son miles de vidas y de historias las que han pasado por sus manos, pero algunas le han marcado especialmente.

"El primer caso que me tocó más profundamente", dice el padre Anselmo, "fue cuando quise acoger a toda una familia. Conocí a una mujer con seis hijos, una mujer camerunesa que acababa de instalarse en Argelia con su marido, que tenía todos los papeles en regla. Pero un día, mientras su marido estaba en Camerún construyendo su casa, hubo un problema en el barrio y la policía se presentó allí ordenando marcharse a todos los negros. Así que podéis imaginar a esa mujer con seis hijos atravesando el desierto en un camión".

"La segunda", dice Anselmo, "fue cuando fui a la frontera a Tinsawuatin con un camión pensando que todo el mundo iba a querer montar en el camión porque aquello es realmente un infierno, no hay agua, no hay casas... Pues bien, me encontré 64 personas y sólo 16 de ellas aceptaron venirse conmigo. Lo que me decían todos era: "Es tan difícil vivir en nuestra tierra que preferimos morir intentando llegar a Europa". Me impactó esa determinación, que estén dispuestos a morir antes que regresar al lugar donde creen que no podrán vivir. Me hizo comenzar a fijarme en cómo viven los jóvenes, cómo están dispuestos a sacrificar su vida. Me transformó, me tocó realmente y me hizo plantearme preguntas".

El padre Anselmo les proporciona comida, medicamentos y les lleva al hospital cuando están en muy mal estado. Es el caso del grupo de nueve chicos que atendía en su parroquia cuando le visitamos. Venían malheridos y describiendo el horror en el que se ha convertido intentar emigrar a Europa por el desierto del Sáhara. Wilson, nigeriano de 31 años, llevaba seis intentándolo, pero acababa de 'tirar la toalla'. Ha visto los cuerpos de más de 20 chicos muertos de sed en el desierto y siente terror por las bandas que se dedican a robarles en el trayecto.

La responsabilidad de la Unión Europea

El cura habla sin tapujos de la responsabilidad que tiene la Unión Europea en las innumerables muertes que se producen en el desierto.

"Sí, pienso que Europa tiene derecho a protegerse, pero al mismo tiempo tiene que plantearse preguntas. El Frontex lleva a que los jóvenes mueran en el desierto. Es normal que los países europeos se protejan, pero al protegerse, no es normal que dejen a la gente morir en el desierto.

Esa es mi reacción ante eso. Lo que sorprende sobre todo es el proyecto de Sarkozy de la Europa mediterránea porque quiere decir que quiere que las fronteras de Europa estén en el desierto para que la gente no pueda entrar más en Europa.

"La inmigración forma parte de la humanidad. No podemos evitar que la gente emigre."

En un país donde el 95% de la población es musulmana la 'Misión de los Padres Blancos' en Gao reparte salvavidas en forma de comida o de medicamentos ante el naufragio permanente de vidas en un desierto que miles de jóvenes seguirán cruzando en busca de Europa. Para los que fracasen, el santo de los expulsados estará esperándoles en su parroquia de Gao.
Fuente: http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/esperanza-medio-desierto/csrcsrpor/20081030csrcsrsoc_7/Tes