Mujer e inmigrante, un blanco fácil para la violencia de género
Han pasado más de tres años desde la implantación de la Ley Integral Contra la Violencia de Género y no desciende el número de muertes por esta causa. Durante los últimos meses se ha debatido con intensidad la efectividad y las carencias de la Ley. Y, a la luz de estos debates, el Gobierno ha decidido, junto a otras medidas, focalizar sus esfuerzos en las mujeres extranjeras que son víctimas de violencia de género, según ha dejado entrever la ministra Aído durante la celebración, hoy, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Y es que el número de mujeres extranjeras que han muerto a manos de sus parejas ha pasado desde un 22% en 2004 hasta un 45% en lo que va de año, según los datos ofrecidos por la delegación de Gobierno. Esto significa que el número de víctimas nacionales ha descendido, pero que el de extranjeras ha crecido notablemente.
Ante estas cifras, Patricia Hernández, portavoz socialista en la Comisión de Igualdad en el Senado, defiende mañana una moción para la mejora de la asistencia social de las extranjeras. Según nos cuenta, muchas mujeres extranjeras desconocen la Ley y tienen miedo a denunciar al encontrarse en situación irregular. Además, estas mujeres son más vulnerables ya que en muchas ocasiones carecen de una red de apoyo social que les permita salir de la dinámica de la violencia, ya que su único ser cercano, en ocasiones, es su propio agresor.
Aunque la Ley Integral garantiza el acceso de las mujeres inmigrantes a los recursos previstos para las víctimas de malos tratos “en pie de igualdad” con las españolas, pocas mujeres lo saben. Por esta razón se pretende dar publicidad a esta realidad, a través de campañas en diferentes idiomas y la publicación de folletos e información en las diferentes embajadas.
Otro de los objetivos que se persigue es el de reforzar la estancia de las inmigrantes irregulares, esto es, que su permanencia en España no se vea amenazada al poner una denuncia. Por ejemplo, en la actualidad, las extranjeras tienen la posibilidad de obtener la autorización de residencia temporal por razones humanitarias si son víctimas de malos tratos y existe una sentencia firme.
Sin embargo, la Red Acoge denuncia una serie de carencias en la aplicación de este tipo de medidas, ya que mientras se resuelve o no este trámite, la mujer “no tiene derecho a ayudas económicas, a la inserción laboral, a participar en talleres de formación, etcétera”.
Una de las medidas deseables citada por los expertos, como Covadonga Naredo, directora del área de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas, es que no haya que esperar a la existencia de una sentencia firme de condena para que las mujeres extranjeras puedan acceder a este tipo de servicios. En todo caso, sostiene la experta, hay que reducir el tiempo de espera para que estas mujeres puedan acceder a los recursos de ayuda.(EFE)
Por tanto, diversas organizaciones vienen trabajando en mecanismos para mejorar la situación de las mujeres inmigrantes, para que puedan superar la situación de desamparo en la que se encuentran. “Esta mujer extranjera sufre una doble discriminación: la ejercida por el maltratador y por la legislación al primar su condición de inmigrante sobre la de víctima”, denuncia Red Acoge.
En los próximos meses, pues, se hablará bastante de las mujeres extranjeras y la violencia de género, según cree Naredo. Normalmente, hay un tópico que asocia el mayor número de víctimas extranjeras a las costumbres propias de sus países, de tradición machista y donde la violencia doméstica está mejor tolerada y no tan perseguida como en España. Pero conviene aclarar que los agresores de mujeres extranjeras también tienen en muchos casos origen español. Concretamente, de las 30 mujeres extranjeras asesinadas en el año 2007, 20 lo fueron a manos de un extranjero, mientras que un español fue responsable en 10 casos (un 33%).
¿Se puede hablar de fracaso o de un funcionamiento deficiente de la Ley Integral a la luz de la estabilidad en el número de víctimas? Altamira Gonzalo, presidenta de la Fundación Themis, opina que la Ley ya contaba, desde su nacimiento, con la dificultad de reducir el número de víctimas a corto plazo. “Ya se sabe que el problema de la violencia de género es difícil de combatir, por lo que la reducción en el número de víctimas debe juzgarse en un plazo más largo. Lo importante es que, poco a poco, se está consiguiendo uno de los objetivos más ambiciosos de la Ley: cambiar las ideas de la gente y minar la estructura patriarcal de la sociedad. Sería aventurado fijarse una inmediata reducción en el número de víctimas. Tal vez, la primera aspiración debe ser la de conseguir que ninguna mujer que haya puesto una denuncia contra su agresor muera a manos de su pareja”. Altamira Gonzalo insiste que, aunque haya bajado el número de víctimas nacional, no hay que bajar la guardia porque aún queda mucho trabajo por hacer.
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