miércoles, 30 de septiembre de 2009

España aún vende armas a países en guerra




Varias ONG denuncian esta situación aunque valoran la decisión de poner fin a la fabricación de bombas de racimo


Un estudio elaborado por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermon Oxfam y Fundación per la Pau denuncia que España continúa vendiendo material militar a países inmersos en conflictos militares, en contra de la ley en sentido contrario que aprobó en 2007. Es el caso de Israel (2,3 millones de euros), Colombia (31 millones de euros) y Sri Lanka (4 millones de euros). El informe exige al Gobierno que aclare los criterios para estas transacciones.

También critica que se haya vendido material de caza por valor de 15 millones de euros en los últimos cinco años a Ghana, ya que "el Gobierno ha reconocido que parte de este material se reexporta a Nigeria", explica Mabel Bustelo, de Greenpeace. Además, las ONG piden "una garantía de que este material no será desviado a países del entorno con situación de conflicto o post-conflicto en las que puede ser utilizado indebidamente".

Mejoría en la información

Las cuatro organizaciones valoran que las estadísticas anuales incorporen los datos sobre las transferencias de armas de caza y tiro deportivo, sometidas a control por primera vez en 2008. También, califica como "positivo" la decisión del Ejecutivo y el Parlamento español de poner fin a la fabricación y a la exportación de bombas de racimo.

Por último, las ONG presentaron un decálogo de propuestas dirigidas a mejorar el grado de transparencia de las actuaciones del Ejecutivo en este campo. En este decálogo se insta al Gobierno a desempeñar un papel activo en el proceso de elaboración de un Tratado sobre Comercio de Armas (TCA).

lunes, 28 de septiembre de 2009

Mas de 500 entidades sociales en España apoyan las iniciativas en torno a la Reforma de Extranjería


Madrid, 28 de septiembre de 2009.-
Más de 500 organizaciones de todo el Estado se han adherido a las propuestas presentadas por Cáritas, CEAR (Comisión Española de Ayuda al refugiado) y la Red Acoge ante la reforma de la Ley de Extranjería (LOEX), y comparten las objeciones a un proyecto que, como se señaló públicamente el pasado 16 de septiembre durante un encuentro con los medios de comunicación, “nos afecta a todos, ya que pone en riesgo el futuro de inclusión que perseguimos, limita seriamente los derechos fundamentales de los migrantes y supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio de libertad, justicia y convivencia”.

Hasta la fecha, han confirmado sus adhesiones la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes en España (FERINE), de la que forman parte 52 organizaciones; la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), que integra a más de 400 entidades de toda España; el Servicio Jesuita a Migrantes–España, del que forman parte 10 entidades de ámbito estatal; la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, formada por 25 organizaciones catalanas; la Xarxa Per la Inclusió Social-EAPN Illes Balears; y la Red Navarra de la EAPN (European AntiPoverty Network), que integra a 23 entidades de la Comunidad foral. Asimismo, se han sumado a la propuesta la Unión Sindical Obrera (USO), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), IEPALA, Save the Children, la Asociación Martín Fierro de Valencia y la Asociación Semilla.

Las objeciones de CEAR, Acoge y Cáritas a la reforma se detallan en un amplio argumentario que, bajo el título “Con esta LOEX perdemos todos: nuestra sociedad retrocede y también los derechos de los inmigrantes”, se presentó el 16 de septiembre en Madrid, la víspera del debate en el Congreso del proyecto de reforma aprobado por el Consejo de Ministros del 26 de junio. En ese documento, además de recordar las recomendaciones aportadas por estas tres instituciones a los poderes públicos en el proceso de puesta a punto de esta reforma, se identifican serias objeciones al proyecto.

CEAR, Acoge y Cáritas alertan, junto a las más de 500 plataformas y organizaciones que apoyan su posicionamiento, sobre “los riesgos de que se realicen lecturas inadecuadas de una reforma dirigidas a vincular de manera simplista, y peligrosa, crisis e inmigración”. Para todas estas entidades, el Proyecto de reforma supone un retroceso legal en toda regla por cuatro motivos fundamentales: la política de inmigración se regula respondiendo a la crisis, se cambia la normativa a la baja en cuanto a garantía de derechos, refuerza la percepción del inmigrante como mercancía y, por tanto, se dificulta la integración y alimenta una percepción que estigmatiza al inmigrante, en especial al que está en situación administrativa irregular.

El inmigrante no es un delincuente


“No existe delito alguno, ni el migrante es un delincuente” se asegura en el documento de propuestas liderado por CEAR, Acoge y Cáritas, que abogan por una reforma entendida como una oportunidad para alcanzar tres objetivos prioritarios: construir una mejor sociedad de acogida en una coyuntura de especial dificultad, que propicie un consenso social orientado a alcanzar un Pacto de Estado sobre el hecho migratorio y que permita asentar las bases para un nuevo modelo de sociedad abierta a los valores de la diversidad, la solidaridad, la participación y la integración.

Para las organizaciones que secundan el documento, la reforma, en vez de optar por un modelo restrictivo de derechos, debería servir para transmitir a toda la sociedad “un mensaje positivo y coherente con los principios del Estado de Derecho, de la extensión universal de los derechos, de la integración y la cohesión plural”.

viernes, 25 de septiembre de 2009

Manifiesto en respuesta a la reforma de la Ley de Extranjería

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES.

El pasado 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros del Estado Español aprueba el proyecto de ley para la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España y su integración social. Asimismo, en el presente mes de septiembre y por el trámite de urgencia, con la celebración del primer pleno en el Parlamento Español el día 17 se pretende comenzar las deliberaciones y la toma de decisiones necesarias para su aprobación antes de final de año.

Es significativo que, por cuarta vez en el periodo de nueve años, el Gobierno acometa una nueva reforma de la Ley de Extranjería. Sucesivos cambios que sólo reflejan la ausencia de un modelo integral de gestión de la inmigración y su integración en España, amparándose en el necesario ajuste de la normativa española a la legislación emanada en el seno de la Unión Europea y en la adaptación de las sentencias 236/2007 y 259/2007 del Tribunal Constitucional que resuelve sendos recursos de inconstitucionalidad sobre aspectos relevantes del texto actual.

Lo que, con el enfoque adecuado, podría significar una oportunidad para corregir los defectos de la legislación actual, se convierte en un mecanismo que nuevamente profundiza en los intereses estatales en perjuicio de los derechos de las personas migrantes.

En este sentido, una reforma de este calado deviene claramente inoportuna, dado el contexto socioeconómico actual, provocando una importante fractura entre los trabajadores de origen extranjero y los autóctonos. Por otro lado, una reforma que profundiza en la visión puramente economicista de las migraciones cosifica a las personas inmigrantes, tratándolas, no como sujetos de derechos, sino como mera mano de obra. La reforma, por tanto, viene caracterizada por el recorte de derechos basado en la realidad del mercado de trabajo.

Especialmente paradójicas resultan las manifestaciones recogidas en la Exposición de Motivos del proyecto de ley, en la que, por un lado, expresa como objetivos el establecimiento de “un marco de derechos y libertades de los extranjeros que garantice a todos el pleno ejercicio de los derechos fundamentales”, así como el refuerzo de “la integración como uno de los ejes centrales de la política de inmigración”; y, por otro, enuncia el objetivo de “perfeccionar el sistema de canalización legal y ordenada de los flujos migratorios laborales, reforzando la vinculación de la capacidad de acogida de trabajadores inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo”.

Por tanto, si bien la reforma propuesta introduce elementos de avance, ésta no puede ocultar el endurecimiento de la regulación. Estamos ante un paso más en la regresión, en cuanto a derechos se refiere, en las políticas migratorias que se están llevando en la Unión Europea y, en concreto, en España.

En primer lugar, considerando, como no puede ser de otro modo, conveniente y preceptiva la adaptación de las sentencias del Tribunal Constitucional, en virtud de la cual se reconoce a las personas extranjeras los derechos fundamentales de reunión, asociación, sindicación y huelga, sin más requisito que el hallarse en España sin que puedan ser negados por una simple irregularidad administrativa como el carecer de autorización de residencia, constatamos que el catálogo de derechos y libertades queda notablemente ampliado. Sin embargo, en algunos casos la adaptación es incorrecta e inadecuada.

En relación al derecho a la tutela judicial efectiva, se obstaculiza la asistencia jurídica gratuita al introducir el requisito de la ratificación de la voluntad de recurrir ante los tribunales, elemento que en el caso de los expulsados sería de muy difícil cumplimiento provocando una mayor indefensión.

Se fragiliza el derecho a la asistencia sanitaria, endureciendo el acceso al padrón municipal, a través de la exigencia sutil de nuevos requisitos o con la imposición de graves sanciones a quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el mismo.

En relación al derecho a la educación, afirmando el Tribunal Constitucional que constituye un derecho fundamental de las personas, sean o no titulares de una autorización de residencia, la redacción dada en el proyecto de reforma impide el acceso de las personas extranjeras mayores de 18 años a las etapas educativas postobligatorias si no disponen de residencia. Esto supone la vulneración del contenido del derecho a la educación en un estado social que el propio Tribunal Constitucional reconoce.

Se restringe el derecho básico a vivir en familia al limitarse la reagrupación familiar de ascendientes a los mayores de 65 años, excepto por razones humanitarias, primando por tanto un criterio puramente economicista en la articulación de un aspecto vital como lo es éste. Del mismo modo, como aspecto positivo señalar la consideración de las parejas de hecho como supuesto análogo al matrimonio y la expedición a las personas reagrupadas de la autorización de trabajo simultáneamente a la de residencia.

El régimen sancionador se endurece de forma significativa. Por un lado, se propone el aumento del periodo de internamiento en los CIEs hasta los 60 días, con la única excusa de la adaptación de la tristemente célebre “Directiva de Retorno”. Es claro que nos hallamos ante una nueva criminalización de las personas migrantes por la mera comisión de una infracción administrativa como es la irregularidad de su residencia en España. Esta ampliación del plazo de internamiento no se justifica ante la actual realidad migratoria en España. Además, se penaliza adicionalmente a las personas solicitantes de asilo internadas que podrían estar hasta 14 días más de privación de libertad cuando su propósito sea acogerse a los mecanismos de protección internacional que le permiten pedir refugio en nuestro país.

Un valor de tanta trascendencia para la convivencia entre las personas como la solidaridad aparece criminalizado al ser objeto de persecución la hospitalidad. Si la reforma en sus actuales términos prospera, los nacionales que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su estancia en España más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros.

En los casos de mujeres víctimas de violencia de género valoramos positivamente que la reforma propuesta posibilite que la mujer reagrupada que sea víctima de esta violencia pueda obtener una autorización de residencia sin necesidad de acreditar medios de vida. No obstante consideramos negativo que el proyecto de reforma mantenga la práctica de someter a las víctimas de violencia de género sin documentación a un expediente sancionador de expulsión en el momento en que proceden a denunciar su situación (aunque el procedimiento sancionador se archive al dictar una orden de protección) ya que ello impedirá de hecho a muchas mujeres acudir a las comisarías en busca de amparo.

La situación de los menores extranjeros no acompañados empeora ostensiblemente. Valorando el avance de contemplar la defensa jurídica independiente y la posibilidad de nombrar defensor judicial, el texto de la reforma sustituye el concepto de “menor en desamparo” por el de “inmigrante extranjero”, obviando las normas internacionales y nacionales en relación a los menores, cuya consideración como tales está por encima de cualquier otra. El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino en devolver a éste a su país de origen. Sólo así puede entenderse ese interés en promover acuerdos de colaboración que contemplen “integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados”. La única vez que se cita el interés superior del menor es para decir que se respetará el mismo cuando se repatríe al menor, bien a su familia, bien a los servicios de protección de menores del país de origen, cuando lo lógico y razonable es que dicho interés superior sea el que determine la repatriación o no.


Por todos estos motivos, las organizaciones y personas abajo firmantes, consideramos que:
Es responsabilidad de los poderes públicos promover un modelo de integración ilustrado por la igualdad entre las personas y la justicia social.

La reforma de la Ley de Extranjería planteada profundiza en la exclusión de las personas migrantes en situación administrativa irregular, así como en la limitación del contenido de derechos fundamentales. Asistimos a un proceso de criminalización y estigmatización de las migraciones, a la definición de la persona extranjera como mera herramienta de trabajo.

Nuevamente, se pierde la oportunidad de adoptar una perspectiva más global sobre las migraciones que tenga en cuenta los motivos, las causas de las mismas, las situaciones de los países de origen, el tránsito, la acogida en los países de destino, se olvida todo esto para cerrarse, más si cabe, en una normativa que trata básicamente sobre el control de fronteras y restricción de derechos sobre la lógica de emergencia de la actual crisis que soporta el llamado mundo desarrollado.

El enfoque y la prioridad de las políticas migratorias deberían orientarse hacia la integración social, así como hacia el escrupuloso respeto de los derechos humanos, y no limitarse a medidas de control y represión.


Asimismo:
Reclamamos que el Gobierno y el Parlamento español retiren un proyecto de ley eminentemente restrictivo y lesivo para los derechos de las personas extranjeras. La única reforma admisible es la encaminada a crear una sociedad más integrada, en igualdad de derechos y deberes.

Demandamos que los grupos parlamentarios acojan el conjunto de propuestas elaborado por las organizaciones sociales, de inmigrantes y refugiados, con el objetivo de avanzar en el reconocimiento de derechos de las personas migrantes y en un tratamiento global del fenómeno de las migraciones.

Pedimos al Gobierno de Canarias y al resto de instituciones públicas de nuestra Comunidad Autónoma una posición activa reclamando legislaciones integradoras para todos los ciudadanos.

Animamos al conjunto de la ciudadanía canaria a apoyar activamente las iniciativas de respuesta y a mostrar su rechazo a propuestas como esta reforma de la Ley de Extranjería que criminaliza a las personas migrantes, restringe sus derechos y su plena integración en nuestra sociedad.
Publicado por Plataforma Canaria contra la reforma de la LOEX en 11:10
Firmado por un conjunto de organizaciones sociales canarias

martes, 1 de septiembre de 2009

SIN ESCUELA POR SER NEGROS


Sin escuela por ser negros


El Gobierno de Israel cortará las ayudas a tres escuelas que rechazan alumnos etíopes - Netanyahu: "Es intolerable"
ANA CARBAJOSA - Petah Tikva - 01/09/2009 EL PAIS

Hoy comienza el curso escolar en Israel, pero para Abraham y Aved no habrá vuelta al cole. Son judíos etíopes y para ellos, como para cerca de un centenar de israelíes de origen africano, no hay plaza en los colegios concertados de Petah Tikva, una población cercana a Tel Aviv. Las escuelas alegan "razones pedagógicas" para no admitir a los estudiantes, pero sus padres no tienen duda de que se encuentran ante un caso claro de racismo. El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu ha dicho que se trata de una situación "intolerable", de "un ataque a la ética del país" y el Ministerio de Educación ha anunciado que cortará la financiación a los colegios que se nieguen a admitir a estudiantes de origen etíope. Anoche, mientras el Tribunal Superior de Justicia daba 48 horas al ministerio para dar con una solución, algunos medios israelíes hablaban de un principio de acuerdo por parte de las escuelas.

En Israel viven cerca de 100.000 judíos etíopes que llegaron al país en los ochenta y en los noventa y que desde entonces acumulan un largo historial de discriminaciones.

Salomón es el padre de Abraham y Aved y ayer, un día antes del comienzo del curso, acudió junto a sus compatriotas a manifestarse ante las puertas del Ayuntamiento de Petah Tikva para pedir que admitan a sus hijos en una de las escuelas religiosas que el Estado financia entre un 50% y un 70%. Sólo cinco de las 20 escuelas religiosas de Petah Tikva aceptan a emigrantes etíopes en sus aulas. El resto los evita, a pesar de recibir dinero público. "No quieren admitir a nuestros hijos porque somos negros", sostiene Abraham, de 28 años. A pocos metros de él, Zamanai, también negra, vestida al uso ortodoxo, no hace más que pensar en dónde va a dejar hoy a sus dos hijos mientras ella trabaja en la tienda. "En la escuela nos dicen que no hay plazas para los etíopes. Mis hijos no son terroristas", se queja.

Gadi Pikado, que trabaja en una asociación que defiende los derechos de los etíopes en Israel, ofrece una lectura más elaborada del problema: "Hay un cierto sentimiento de superioridad por parte de los askenazíes [judíos blancos, de origen europeo]; ellos son los que Gobiernan este país. Podemos ir al Ejército con ellos, pagar como ellos los impuestos, pero a la hora de ir a la escuela consideran que los alumnos etíopes bajarán el nivel de las clases". La lectura de Pikado se ve enseguida confirmada en una esquina del Ayuntamiento donde se arremolina un grupo de vecinas de origen ruso que sin tapujos, dicen que "esta gente no tiene por qué estar aquí". "No tienen cultura y, por lo tanto, no pueden ir al mismo colegio que nuestros hijos". Junto a ellas, Jacob, blanco y anciano, ladea la cabeza contrariado. Llegó a Israel en 1947 después de pasar por Auschwitz y muestra su antebrazo con el número de identificación del campo tatuado. "Es una vergüenza que el Estado judío trate a esta gente así sólo por su color de piel", lamenta.

En Lamerhav, una de las escuelas que se niegan a admitir a chicos etíopes, el patio lo ocupaban ayer tanquetas policiales. Dentro, un trabajador no quiere dar explicaciones sobre la decisión del centro y remite al Ayuntamiento.

El alcalde de Petah Tikva, Yitzhak Ohayon, quiere quitarle hierro al asunto y explica por teléfono desde Jerusalén, donde ayer negociaba a contrarreloj en el Parlamento, que se trata de un problema de unas pocas escuelas y no del Ayuntamiento. Pero también cuenta que han tenido que echar mano del líder espiritual del todopoderoso partido religioso Shas, Ovadia Yosef, para que medie en el conflicto.