La persecución por motivos de género debe estar incluida en la ley de asilo
Nota de CEAR el 8 de marzo
En el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este año bajo el lema “poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y niñas”, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) quiere que no se olvide la situación de mujeres que justamente por serlo sufren una mayor discriminación: son las perseguidas por motivos de género y las mujeres trabajadoras inmigrantes.
Muchas mujeres huyen de la explotación sexual, de la trata para prostitución forzada, de los abusos sexuales como arma de guerra, la mutilación genital, los crímenes ‘de honor’ o el maltrato familiar. Hasta ahora la legislación española no contempla la posibilidad de que una mujer obtenga el estatuto de refugiada por alegar ser víctima de la violencia de género. Sin embargo, en 2005 el Ministerio del Interior, tras el informe de apoyo emitido por CEAR, concedió asilo por primera vez a una mujer víctima de la violencia intrafamiliar en su país de origen, reconociendo que la persecución realizada por un agente no estatal (su esposo, la familia del esposo y su propia familia) en el ámbito privado tiene repercusión en el ámbito público con el reconocimiento de la condición de refugiada. Además, el Gobierno ha anunciado su disposición a incluir en la nueva Ley de Asilo este supuesto.
Los especialistas en derecho de asilo y las organizaciones de derechos humanos consideran que la persecución por motivos de género tiene cabida dentro de la Convención de Ginebra, en concreto dentro del supuesto “pertenencia a un determinado grupo social”, y que es imprescindible su reinterpretación desde una perspectiva de género.
Mientras que otros países europeos ya han incorporado estos supuestos en sus procedimientos de asilo, en España no existen criterios en la legislación, ni guías propias que establezcan directrices para los casos de persecución por motivos de género, y hay escasa práctica administrativa y jurisprudencia al respecto.
http://www.cear.es/noticias.php#texto=204
Trabajadoras inmigrantes: víctimas de la economía sumergida
Los datos publicados estos días con motivo del Día Internacional de la Mujer coinciden: las mujeres sufren peores condiciones laborales que los hombres. Pero esta discriminación es más evidente cuando hablamos de mujeres inmigrantes o refugiadas. Si tenemos en cuenta la creciente feminización del fenómeno de las migraciones (la mitad de los migrantes del mundo son mujeres), se entiende la necesidad de garantizar los derechos de un colectivo que es el principal responsable del mantenimiento de muchas economías y procesos culturales.
En nuestro país, las mujeres refugiadas e inmigrantes cumplen un importante papel social que, lejos de ser reconocido, es penalizado con la negación de derechos. Así, muchas mujeres extranjeras trabajan como empleadas domésticas, contribuyendo a que las mujeres españolas puedan acceder o mantenerse en el mercado de trabajo en un país que no cuenta con políticas efectivas de conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Muchas otras asumen el cuidado de personas ancianas, en un país cada vez más envejecido y que tampoco ha asumido socialmente la atención a sus mayores. Otros sectores con trabajadoras extranjeras son la hostelería, limpieza, manipulación agrícola o la industria pesquera, que cuentan con el mayor índice de economía sumergida y por tanto de desprotección laboral. Son ocupaciones que se caracterizan por malas retribuciones, malas condiciones de trabajo y de horario y aislamiento social. En estas condiciones, el trabajo deja de ser una herramienta de promoción e integración social por el que estas mujeres extranjeras puedan ejercer como ciudadanas de pleno derecho y hacerse visibles en los espacios públicos más allá de los estereotipos que las marcan.
Por tanto, es imprescindible garantizar que las mujeres inmigrantes que trabajan en España puedan hacer efectivos sus derechos laborales para no hacer recaer sobre ellas una discriminación tras otra, lo que implica, entre otras medidas, reformar la Ley de Extranjería para acabar con la restricción de los derechos de los trabajadores inmigrantes irregulares y suscribir la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990 y que no ha firmado todavía ningún país desarrollado.
http://www.cear.es/noticias.php#texto=204
Nota de CEAR el 8 de marzo
En el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este año bajo el lema “poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y niñas”, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) quiere que no se olvide la situación de mujeres que justamente por serlo sufren una mayor discriminación: son las perseguidas por motivos de género y las mujeres trabajadoras inmigrantes.
Muchas mujeres huyen de la explotación sexual, de la trata para prostitución forzada, de los abusos sexuales como arma de guerra, la mutilación genital, los crímenes ‘de honor’ o el maltrato familiar. Hasta ahora la legislación española no contempla la posibilidad de que una mujer obtenga el estatuto de refugiada por alegar ser víctima de la violencia de género. Sin embargo, en 2005 el Ministerio del Interior, tras el informe de apoyo emitido por CEAR, concedió asilo por primera vez a una mujer víctima de la violencia intrafamiliar en su país de origen, reconociendo que la persecución realizada por un agente no estatal (su esposo, la familia del esposo y su propia familia) en el ámbito privado tiene repercusión en el ámbito público con el reconocimiento de la condición de refugiada. Además, el Gobierno ha anunciado su disposición a incluir en la nueva Ley de Asilo este supuesto.
Los especialistas en derecho de asilo y las organizaciones de derechos humanos consideran que la persecución por motivos de género tiene cabida dentro de la Convención de Ginebra, en concreto dentro del supuesto “pertenencia a un determinado grupo social”, y que es imprescindible su reinterpretación desde una perspectiva de género.
Mientras que otros países europeos ya han incorporado estos supuestos en sus procedimientos de asilo, en España no existen criterios en la legislación, ni guías propias que establezcan directrices para los casos de persecución por motivos de género, y hay escasa práctica administrativa y jurisprudencia al respecto.
http://www.cear.es/noticias.php#texto=204
Trabajadoras inmigrantes: víctimas de la economía sumergida
Los datos publicados estos días con motivo del Día Internacional de la Mujer coinciden: las mujeres sufren peores condiciones laborales que los hombres. Pero esta discriminación es más evidente cuando hablamos de mujeres inmigrantes o refugiadas. Si tenemos en cuenta la creciente feminización del fenómeno de las migraciones (la mitad de los migrantes del mundo son mujeres), se entiende la necesidad de garantizar los derechos de un colectivo que es el principal responsable del mantenimiento de muchas economías y procesos culturales.
En nuestro país, las mujeres refugiadas e inmigrantes cumplen un importante papel social que, lejos de ser reconocido, es penalizado con la negación de derechos. Así, muchas mujeres extranjeras trabajan como empleadas domésticas, contribuyendo a que las mujeres españolas puedan acceder o mantenerse en el mercado de trabajo en un país que no cuenta con políticas efectivas de conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Muchas otras asumen el cuidado de personas ancianas, en un país cada vez más envejecido y que tampoco ha asumido socialmente la atención a sus mayores. Otros sectores con trabajadoras extranjeras son la hostelería, limpieza, manipulación agrícola o la industria pesquera, que cuentan con el mayor índice de economía sumergida y por tanto de desprotección laboral. Son ocupaciones que se caracterizan por malas retribuciones, malas condiciones de trabajo y de horario y aislamiento social. En estas condiciones, el trabajo deja de ser una herramienta de promoción e integración social por el que estas mujeres extranjeras puedan ejercer como ciudadanas de pleno derecho y hacerse visibles en los espacios públicos más allá de los estereotipos que las marcan.
Por tanto, es imprescindible garantizar que las mujeres inmigrantes que trabajan en España puedan hacer efectivos sus derechos laborales para no hacer recaer sobre ellas una discriminación tras otra, lo que implica, entre otras medidas, reformar la Ley de Extranjería para acabar con la restricción de los derechos de los trabajadores inmigrantes irregulares y suscribir la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990 y que no ha firmado todavía ningún país desarrollado.
http://www.cear.es/noticias.php#texto=204
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