¿Racismo en España?

ESPAÑA: Entre la desgana y la invisibilidad

Políticas del Estado español en la lucha contra el racismo

Informe de Amnistía Internacional
Abril 2008

Racismo en España en comparación con Europa

Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), España es uno de los cinco estados miembros (junto a Grecia, Italia, Portugal y Chipre) que no publican datos oficiales sobre denuncias y/o procesos penales relativos a delitos racistas.

Según el último informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, presentado en agosto de 2007, sólo había cinco países miembros que no habían puesto en marcha un organismo nacional de lucha contra la discriminación racial: Alemania, República Checa, España, Luxemburgo y Malta.

España está entre los únicos 10 Estados que no han ratificado el Convenio Europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que entró en vigor el 1 de febrero de 2008.


Según Naciones Unidas, España es uno de los diez países europeos con una mayor incidencia de casos de explotación sexual a mujeres y niñas extranjeras. La mayoría de sus víctimas son mujeres de entre 18 y 25 años provenientes de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia o Rumania.


Según el informe de la Red Europea de Expertos Independientes sobre no-discriminación, España está entre los pocos países (junto a Dinamarca, Finlandia, Italia, Portugal) que han dotado al órgano especializado (Consejo para la Igualdad de Trato) de un mandato más restringido del que establece la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI).


El primer informe sobre racismo y xenofobia de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2007, revelaba que no había encontrado ningún dato que permitiese afirmar que, durante el año 2006, se hubiese impuesto una sola sanción o compensación por casos de discriminación étnica en catorce países de UE, incluida España.


Marginación comunidad gitana

La Fundación Secretariado Gitano calcula en 700.000 el número de personas gitanas de nacionalidad española residentes en España.


Cuatro de cada diez personas entrevistadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2005 reconocían que les molestaría mucho o bastante si tuvieran como vecinos a una familia gitana.

ECRI señala, en su último informe sobre España, que un 30% de los gitanos viven en condiciones de pobreza y exclusión, desigualdad que refuerza otras formas de discriminación en el acceso al alojamiento, educación y empleo.


El informe “Población gitana y empleo: un estudio comparado” de 2005, elaborado por la Fundación Secretariado Gitano, señala que, en su conjunto, las personas analfabetas (absolutas y funcionales) tienen un peso en la población gitana 4,6 veces superior al del conjunto de la población española censada. Entre los parados gitanos, el 72% son analfabetos absolutos o funcionales; en toda España la tasa roza el 5%.

Según el mismo informe, el 70% de las y los trabajadores gitanos tienen contratos temporales, frente al 31% de tasa de temporalidad del resto de trabajadores y trabajadoras, mientras que el desempleo afecta más a la comunidad gitana que al resto de la población española, con una tasa global del 13,8% frente al 10,4% del resto de la población. Asimismo, sólo el 7% de las personas gitanas inactivas son estudiantes, frente al 16% del conjunto de la población inactiva en España.


Según el CIS, al 25,3% de la población española les importaría mucho o bastante que sus hijos e hijas compartieran en el colegio la misma clase con niños de familias gitanas, mientras que el 9,9% mostraba el mismo grado de preocupación respecto a los niños y niñas de familias inmigrantes extranjeras.


Inmigración / Racismo en España


Según los datos del padrón municipal, a 1 de enero de 2007, la población extranjera censada en España ascendía a más de cuatro millones y medio de personas, lo que representa prácticamente el 10% del total de población.

En el último informe sobre España de ECRI del 2005 (publicado en febrero del 2006), seis de cada diez asociaban de algún modo la delincuencia con la inmigración.

El informe “Inmigración y vivienda en España” del colectivo Equipo de investigación social (IOÉ) del año 2004 mencionaba que la población inmigrante “habita casas mucho más pequeñas que la autóctona, lo que da lugar a que las situaciones de hacinamiento (menos de 10m2 por persona) sean mucho más frecuentes entre las primeras (19%) que entre las segundas (2,5%). Así, el 61% de las personas migrantes disponen de menos de una habitación por persona frente al 36% de las personas autóctonas”.


La inmigración es percibida como el tercer problema más importante de España (según un 34,5% de los encuestados), mientras que sólo un 0,7% percibe el racismo como un problema, según el barómetro del CIS de enero de 2007.


En lo que se refiere a agresiones protagonizadas por grupos racistas dirigidas contra personas inmigrantes, indigentes, homosexuales o prostitutas, según el informe RAXEN (Red Europea de Información Sobre Racismo y Xenofobia) Especial 2006, la cifra superaría las 4.000 agresiones anuales.


El porcentaje de personas españolas que muestran actitudes hostiles hacia las personas inmigrantes se ha incrementado del 8 al 32 por ciento de 1997 a 2004 y de modo particularmente destacado desde 2000, según el CIS.


Racismo y tribunales


El proyecto Acción contra la Discriminación, que analiza 612 casos de discriminación en territorio español, detectó que en el 80% de los casos documentados no se presentó ninguna denuncia y en los que sí hubo, en ninguno se expidió sentencia favorable a la víctima.


En noviembre del 2006, la red RAXEN mostraba la misma preocupación denunciando que no había encontrado jurisprudencia sobre discriminación étnica en los tribunales de 7 países europeos, incluida España.


Una investigación de la Universidad de Valencia analizó el número de casos en los que, entre el año 1996 a 2005, se había aplicado la agravante por motivos racistas por parte de Juzgados de Instrucción, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo. El resultado indicó que únicamente en 14 casos se alegó discriminación racial y sólo en seis casos sé aplicó finalmente.