Desinterés de políticos y jueces con el racismo

Amnistía denuncia el 'desinterés' de políticos y jueces ante el racismo

La ONG afirma que la "desgana" de los políticos y los jueces en la lucha contra el racismo es la culpable de que se siguen dando situaciones xenófobas. España no tiene un organismo ni un plan nacional contra la discriminación racial.

Fuente: http://www.canalsolidario.com/web/noticias/noticia/?id_noticia=9907

Redacción (10/04/2008)

La organización internacional Amnistía Internacional (AI) ha denunciado hoy la "desgana" del Gobierno y las autoridades judiciales a la hora de combatir el racismo y la xenofobia, lo que, según la ONG, ha hecho que este tipo de agresiones pasen desapercibidas en España y que sus víctimas sean "invisibles".

“El pleno disfrute de los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación es un principio fundamental. Sin embargo las autoridades españolas abordan con desinterés el fenómeno del racismo y la xenofobia, en un país con una importante comunidad gitana, que tradicionalmente ha sido marginada, y ante el aumento de la inmigración en la última década”. Esta es la principal conclusión del Informe 'Entre la desgana y la invisibilidad' elaborado por AI sobre las políticas del Estado español en la lucha contra el racismo.

Para Esteban Beltrán, director de AI: “Esta desgana aleja a España de sus obligaciones internacionales y se refleja en la no ratificación de al menos diez tratados internacionales contra la discriminación de inmigrantes y personas gitanas; la inadecuada trasposición de directivas comunitarias obligatorias sobre racismo; la existencia de leyes, como la de Extranjería, con artículos declarados inconstitucionales al considerarse discriminatorios por el Alto Tribunal; la creación tardía con competencias insuficientes de organismos especializados de lucha contra el racismo y la discriminación y la falta de voluntad política motivada por la ausencia de un Plan integral de lucha contra el racismo”.

Por ejemplo, tal y como ha explicado la entidad, España está entre los únicos 10 Estados que no han ratificado el Convenio Europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que entró en vigor el 1 de febrero de 2008, mientras que según Naciones Unidas, es uno de los diez países europeos con una mayor incidencia de casos de explotación sexual a mujeres y niñas extranjeras. La mayoría de sus víctimas son mujeres de entre 18 y 25 años provenientes de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia o Rumania.

Hay racismo pero no hay datos oficiales

Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), España es uno de los cinco estados miembros que no publica datos oficiales sobre denuncias o procesos penales relativos a delitos racistas. “La invisibilidad debe subsanarse como primera medida para abordar esta situación”, sugiere Beltrán.

Persisten los incidentes racistas a manos de particulares y los casos de malos tratos o torturas con componente racista por parte de las distintas fuerzas de seguridad. En lo que se refiere a agresiones protagonizadas por grupos racistas dirigidas contra personas inmigrantes, indigentes, homosexuales o prostitutas, según el informe RAXEN (Red Europea de Información Sobre Racismo y Xenofobia) Especial 2006, la cifra superaría las 4.000 agresiones anuales.

Los datos sobre la percepción que tiene la población española sobre la comunidad gitana y sobre el fenómeno de la inmigración dibujan un escenario de prejuicios y rechazo. Cuatro de cada diez entrevistados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2005 reconocían que les molestaría mucho o bastante tener como vecinos a una familia gitana. En el último informe sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) de 2006, seis de cada diez asociaban de algún modo la delincuencia con la inmigración.

De hecho, el primer informe sobre racismo y xenofobia de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2007, revelaba que no había encontrado ningún dato que permitiese afirmar que, durante el año 2006, se hubiese impuesto una sola sanción o compensación por casos de discriminación étnica en catorce países de la Unión, incluida España.
Para Amnistía Internacional es tan alarmante la falta de registro y análisis de datos sobre el racismo y la xenofobia y sobre incidentes racistas o delitos racistas como la ausencia de órganos independientes de investigación, ya que muestran la falta de voluntad política para conocer su dimensión.

La administración de justicia, también “desgana”

A pesar de las disposiciones penales contra el racismo y la discriminación racial que están en vigor, Amnistía Internacional afirma que el desinterés también se aprecia en las actuaciones de las autoridades judiciales y la Fiscalía General del Estado. Tal y como explica Beltrán, apenas hay denuncias en los tribunales sobre ataques o discriminación con un componente racista debido a la dificultad probatoria de estos delitos, el temor a ser objeto ser objeto de represalias, a que se inicie un expediente de expulsión, y a la desinformación generalizada sobre los derechos y mecanismos disponibles, así como a la desconfianza en el sistema. Algunas medidas positivas, pero insuficientesLa organización internacional destaca la creación en 2003 del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia entre las medidas adoptadas por los Gobiernos españoles en los últimos años para abordar la lucha contra el racismo. Sin embargo denuncian que este organismo, aunque ha hecho públicos los resultados de algunas encuestas de opinión, no ha publicado datos que permitan percibir la evolución de las tendencias racistas o xenófobas mediante la recopilación y análisis de datos referidos a casos reales.