Resolución de la crisis del Marine I

Podría haberse evitado un sufrimiento innecesario tras cuatro meses y medio de detención

Después de más de cuatro meses y medio detenidos, se ha decidido la suerte de los 23 hombres que fueron rescatados junto con otras 346 personas del buque Marine I a principios de febrero por un barco de Salvamento Marítimo español y que no se acogieron al retorno voluntario por manifestar temor a regresar a su país

Durante estos meses, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), junto con Médicos del Mundo y Amnistía Internacional, ha expresado en repetidas ocasiones la necesidad de que estas personas tuvieran acceso al sistema de asilo con todas las garantías, puesto que existían indicios suficientes para justificar un examen en profundidad de cada caso. De hecho, después del examen realizado en los últimos días por una misión internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), una persona ha sido considerada como refugiada y otras nueve están pendientes de un estudio más pormenorizado de su caso.

En el caso de que el resto del grupo fuera repatriado a Pakistán, existe el temor a que puedan ser sometidos de nuevo a privación de libertad al aplicárseles la legislación que castiga la inmigración ilegal. Por ello, CEAR solicita al Gobierno español que explique qué garantías va a adoptar para prevenir cualquier represalia contra estas personas.

CEAR considera que el Ejecutivo debería haber resuelto esta situación durante las primeras semanas en los términos previstos por nuestra legislación. Así, además de cumplirse la ley, se hubiera evitado un sufrimiento innecesario y una situación de salud mental límite. El examen realizado por ACNUR debería haberse hecho con anterioridad. CEAR coincide con Médicos del Mundo en que esta situación es consecuencia directa de la privación de libertad y de la gestión deficiente, desde el punto de vista de los derechos humanos, de la crisis del Marine I.

Estas personas han estado detenidas durante todo este tiempo en Nuadibú (Mauritania), los primeros 90 días custodiados por la policía española y la gendarmería mauritana, sin haber sido informadas de los motivos de su detención y sin haber sido acusados de ningún delito.

Este caso pone de manifiesto las dificultades de acceso al derecho de asilo de las personas que pueden necesitar protección internacional y que quedan atrapadas en países terceros donde sus derechos no se garantizan. Es especialmente difícil acceder al derecho de asilo, como ha mostrado esta situación, cuando se priva de libertad a los posibles refugiados.

CEAR solicita que de manera urgente España y el resto de los países de la UE acuerden procedimientos ágiles y reglados, ajustados a los derechos y garantías establecidos en las leyes y en los tratados internacionales, para que no se repitan situaciones de este tipo con respecto a los movimientos migratorios en esta zona de África.

Nota informativa de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado