¿Cárceles o centros de internamiento?

¿Qué se oculta tras los muros de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)?

El Gobierno de España no deja entrar a periodistas y pone trabas burocráticas a las delegaciones oficiales. La publicación de un informe que critica el régimen “penitenciario” vuelve a poner en el candelero el papel de estos centros que muchos consideran de "vergüenza".

No tener papeles es el único delito que han cometido los más de 800 inmigrantes que acogen los tres Centros de Retención de Inmigrantes (CIES) de Canarias. A pesar de que este delito no es punitivo, los pocos que han conseguido entrar en estas dependencias han criticado que el régimen de internamiento recuerda mucho a una cárcel. Los periodistas no han podido entrar nunca a esos centros por orden expresa del Gobierno español, y algunos, como Erena Calvo, de ABC o Nicolás Castellano de la Cadena SER, han tenido que utilizar la picaresca para relatar en primera persona que los centros de internamiento canarios “están al límite de su capacidad, con los inmigrantes hacinados y sin condiciones higiénicas”.

Los propios inmigrantes así lo relatan y algunos de los escasos observadores oficiales que han conseguido entrar también. Es el caso de Sara Prestianni, de STEPS Consulting, en cuyo informe publicado en diciembre de 2007, encargado por el Parlamento Europeo, se refleja un régimen “típicamente penitenciario”, “excesivamente estricto” y en unas “condiciones higiénicas deplorables”. El equipo capitaneado por Prestianni concluyó, tal y como declaró a ACN Press, que los inmigrantes son sometidos a un “sistema excesivamente estricto de detención de tipo penitenciario” que incluye el “encierro casi permanente en celdas” y la “limitación de paseos al aire libre”. El estudio asegura que ni siquiera los extranjeros enfermos se libran de ser tratados como delincuentes, ya que igualmente “permanecen casi todo el tiempo en sus celdas”.

Pero es que ya casi cuatro años antes, en septiembre de 2003 la Relatora Especial de la ONU, Gabriela Rodríguez Pizarro destacó este hecho en una visita a los CIES de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria y El Matorral en Fuerteventura, a petición de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. En su informe destacó que la detención administrativa de inmigrantes no tiene carácter punitivo; sin embargo notó que todos los centros visitados eran antiguas prisiones que por su estructura comportaban serias limitaciones.

En el centro de El Matorral, donde se encontraban detenidos 846 inmigrantes, algunas mujeres entrevistadas por la Relatora Especial informaron de que el día de la visita era la primera vez que las dejaban salir al patio, ya que normalmente se quedaban en sus cuartos. La Relatora Especial observó asistencia sanitaria en todos estos centros y se le informó de que dicha asistencia se da en casos de urgencia o para enfermedades con signos muy evidentes. Notó asimismo con preocupación que las personas detenidas poseen una “seria falta de información, asistencia jurídica y servicios de traducción e interpretación”, algo que el equipo de STEPS Consulting también critica casi cuatro años después.

El ACNUR y otras organizaciones han expresado su preocupación ante la ausencia de asistencia letrada o asistencia insatisfactoria, que dificultan el acceso al asilo. Tanto es así que Arsenio García, abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) llegó a declarar a finales de 2007 en www.masvoces.org que las reticencias del Gobierno español a la entrada de esta institución en los CIES le hacía sospechar que “tienen miedo a que luego todo el mundo pida asilo”.

Las Autoridades españolas respondieron al informe de la relatora asegurando que procurarán tener en cuenta las aportaciones que ofrece pero discrepando de varias acusaciones que se vertían sobre la política migratoria. En cuanto a los CIES, la Administración reconocía en su respuesta a la relatora que la legislación española obliga a que estos Centros dispongan de servicios sanitarios, asistencia social, servicio de vigilancia, enfermería, cocina, comedor, dormitorios, aseos, duchas, locutorio para abogados, sala de visitas y sala de estar. “Todas estas instalaciones y dependencias deberán satisfacer las condiciones de higiene y estar acondicionadas de manera que el volumen de espacio, ventilación, agua, alumbrado y calefacción, se ajusten a las normas de habitabilidad y a las condiciones climáticas de la localidad donde se hallen ubicados”, declaran las autoridades. Cosas que, a tenor de los informes independientes, parece que no se han cumplido.

Las autoridades españolas sin embargo, aluden al borrador de informe realizado por ocho eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (Libe) del Parlamento Europeo a Canarias, en particular, a las islas de Tenerife y Fuerteventura del 7 al 10 de junio de 2006, liderados por la eurodiputada verde Jean Lambert, donde se recogía que la “impresión general” es que los “centros están bien gestionados y limpios” y que cubren las “necesidades más básicas”. Este informe fue muy criticado por varias organizaciones sociales que lo consideraron politizado (fueron políticos de distintos grupos quienes lo realizaron) y “hecho a medida”. Estas mismas organizaciones han pedido insistentemente el cierre de estos centros tras varios testimonios de los propios inmigrantes que hacen temer por el respeto a los derechos fundamentales.

Fuente: http://www.archipielagonoticias.com/component/option,com_zoom/page,view/catid,1/key,0/Itemid,52/