Educación para niños pobres

En estos días se viene hablando de una experiencia educativa que la Generalitat de Catalunya pondrá en marcha a partir de septiembre: los Espacios de Bienvenida Educativa para alumnado inmigrante. Visto que, según el texto de la Generalitat “sirven para informar del entorno, del sistema educativo, para el fomento y uso de la lengua catalana y para la integración social” y visto que los cuatro que están ya preparados se sitúan en municipios donde la población inmigrante y las reagrupaciones familiares son de origen extracomunitario podemos concluir que se trata de centros especiales para los y las alumnas inmigrantes con una condición clara: que sean inmigrantes de países pobres. Es decir, no es para el alumnado que provenga de la UE, sí es para africanos, asiáticos y, en general, para los provenientes de países pobres.

Dichos Espacios de Bienvenida Educativa contemplan la escolarización de alumnado inmigrante en espacios exclusivos; se trata, pues de segregar para integrar. Contradicción notable en sí misma. Oficialmente, esta experiencia sirve para detectar las necesidades de tipo educativo que este alumnado presente, por un lado, y dotarle de los instrumentos adecuados (lingüísticos, sociales…) para una correcta integración, por otro. A la vez que, según se dice, para realizar un trabajo de información y de integración con las familias a partir de nada menos que 10 horas de entrevistas personalizadas.

Para la Comisión Pedagógica de Sos Racismo es, sin embargo, un ataque sin precedentes a los derechos de los niños y niñas y de sus familias. Porque han de convivir con sus iguales, pero sus iguales, en este caso, no son los demás niños de su edad, sino sólo aquéllos niños inmigrantes de países pobres. Ello conlleva una evidente guetización del alumnado inmigrante y una estigmatización desde el primer momento. De cara a los afectados en primera persona, pero también de cara a la sociedad de acogida que constata que “la llegada de estos niños y niñas es un problema”. A efectos prácticos, tal y como ha señalado el catedrático Julio Carabaña, no aporta nada positivo y retrasa absurdamente el momento de la integración. Integración que se dará con el hándicap añadido de haber pasado por centros especiales, donde ha convivido sólo con alumnado inmigrante pobre. Se menoscaba el derecho de la familia porque no pueden elegir centro en el primer momento. Si a ello sumamos el sistema de cuotas (no pueden ir a un centro donde ya haya un determinado cupo de inmigración) vemos que el derecho a la elección de centro queda gravemente dañado para las familias inmigrantes. También constatar que el envío de alumnado a estos espacios, fuera del sistema educativo ordinario, nos plantea problemas de legalidad puesto que se vulnera el derecho a la escolarización de todo menor, especialmente a partir de los 15 años que puede que no sean nunca adscritos a la educación normalizada. (Sos Racisme Catalunya ha puesto una queja por estos motivos ante el Sindic de Greuges, equivalente al Defensor del Pueblo en Catalunya).

No nos parece que la evaluación inicial del alumnado deba situarse fuera de los centros ordinarios. Y menos con figuras que tienen más que ver con la exclusión social que con la educación. Pues el proyecto contempla que los profesionales intervinientes sean un docente, un educador social, un monitor de ocio y un integrador social. Los centros tienen instrumentos (en la CAPV existe el profesorado consultor, los técnicos y técnicas de los Berritzegune, y la nunca suficientemente reconocida labor del profesorado tutor) para realizar una correcta evaluación inicial. Percatarse de las necesidades que pueda presentar. Ahora bien, luchamos por una consideración individual e individualizadora del alumnado y por eso, no debe ser tomado como grupo (cada experiencia migratoria es única, personal e intransferible) ni se le debe suponer que va a presentar necesidades educativas diferentes de las lingüísticas, si las presentan. Por otro lado, la integración es un bien universal, por ello debe darse desde el primer momento, en el ámbito que corresponda a su edad y no ser segregados por razón de su lugar de procedencia. Esta experiencia, en nuestra opinión, atenta contra los derechos humanos de los menores, nada menos que en aquello que afecta a un trato igual, independientemente de su lugar de origen.

Otra cuestión que nos preocupa sobremanera es que en el plan de creación de estos espacios, se da mucha importancia a la inserción laboral de los jóvenes entre 16 y 18 años. Nos parece que participa esta visión de la idea utilitarista de la inmigración que circula por nuestra sociedad. A veces, con muy buena voluntad, para contrarrestar las ideas anti-inmigración se manejan datos de la necesidad de mano de obra para mantener el estado de bienestar. A nosotros y nosotras, nos parece que eso termina dando una visión utilitarista de la inmigración que se contrapone con lo que debe ser el derecho humano a inmigrar. Las personas no inmigran porque nos venga bien a nosotros, sino porque tienen ese derecho. Además es crear expectativas respecto a un determinado futuro respecto a estos chicos y chicas. Las expectativas deben ser iguales y lo más amplias posibles para todas las personas.

Por todo ello no nos gustaría nada que se importase este modelo. Somos conscientes de que el Departamento no es muy valiente a la hora de adoptar decisiones y que espera a que las cosas respecto al alumnado inmigrante sean experimentadas por otras comunidades antes de adoptarlas en la CAPV. Además se tiene una querencia especial hacia las experiencias que provienen de Catalunya. Por eso, pedimos que no se importe este modelo, porque lo consideramos contrario a los derechos humanos, especialmente de los menores y de sus familias. Si hubiese alguna tentación de importar los Espacios de Bienvenida Educativa, Sos Racismo hará todo lo que esté en sus manos para impedirlo.

SR. TONTXU CAMPOS: NO IMPORTE ESE MODELO

KEPA OTERO GARCÍA
Miembro de la Comisión Pedagógica de SOS RACISMO-BIZKAIKO SOS ARRAZAKERIA.