La Directiva del Retorno de la UE es una “regresión” en los derechos humanos, según ONG
Los 27 países miembros debatieron ayer una norma que pondrá bases comunes para la repatriación de inmigrantes sin regularizar. ONG critican la iniciativa, que no encontró apoyo de todos los países porque quieren medidas más duras.
Redacción (08/05/2008) Canal Solidario
Contar con una norma común que permita armonizar en todos los países de la Unión Europea los procedimientos de repatriación forzada de los inmigrantes en situación irregular. Con esa idea se empezó a debatir hace tres años en la UE una directiva que ayer, 7 de mayo, centró de nuevo el debate de los 27 países miembros.
Tras todo un día de reuniones, al final no hubo acuerdo pero no por las críticas recibidas días antes por parte de las ONG –que dicen que la directiva reduce los derechos de los inmigrantes- sino porque una decena de los países europeos querían medidas más restrictivas. La UE volverá a hablar del tema la semana que viene y la principal decisión recaerá sobre el Parlamento Europeo el próximo junio.
Del grupo de países que piden medidas más duras Francia propone que pueda expulsarse también a los menores inmigrantes sin necesidad de acabar el curso escolar, y Alemania, Grecia y Austria se niegan a asumir la asistencia jurídica a los inmigrantes en situación irregular.
El documento que se debatió ayer 7 de mayo afectará a unos 8 millones de personas y acoge varias medidas polémicas que han llevado a movilizarse a ONG españolas y del resto de Europa, que hablan de una “regresión” en la protección de los derechos fundamentales de las personas inmigradas. Señalamos los puntos más problemáticos del texto presentado y el punto de vista de las entidades:
Retención de hasta 18 meses. Es la medida más polémica y propone permitir a los Estados retener hasta un máximo de 18 meses a los inmigrantes que esperan su expulsión en centros de internamiento.
En la actualidad, hay países como Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Grecia y Países Bajos cuyas legislaciones no contemplan límites para la retención de inmigrantes.
“Hay países donde hay períodos más largos y se ha limitado a 18 meses por lo que no obliga a los que tienen plazos más cortos a extenderlos”, afirmaba el eurodiputado canario del PSOE, Manuel Medina, que explica que la medida “no afectará a la legislación española en inmigración”.Los inmigrantes sólo podrían ser devueltos a su país o a los países con los que los Estados miembros tengan acuerdos de repatriación.
Organizaciones como SOS Racismo y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) afirman que se trata de un “retroceso en los derechos humanos” porque “alarga la estancia” de las personas retenidas en Centros de Internamiento de Inmigrantes y porque supone “privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito”.
“Se sabe por experiencia que el alejamiento de un extranjero se lleva en la mayoría de los casos en los diez primeros días de su detención, entonces está claro que la utilización de una duración tan larga no permite una mejor efectividad de las expulsiones sino que aumenta el sufrimiento del retenido y los costes de estancia para los contribuyentes”, indica APDHA. Desde la plataforma tinerfeña Todos somos Migrantes, además, denuncian que a las ONG no se les permita la entrada a los centros de retención.
Del internamiento a prisión. La directiva “certifica que ante la falta de centros de internamiento puedan ser ingresadas en prisiones aunque se encuentren en módulos separados”, añade la Federación estatal de Asociaciones de SOS Racismo.
No volver en 5 años. La nueva directiva propone también prohibir a las personas expulsadas el retorno a la Unión Europea por un tiempo de cinco años. Para APDHA, esto significa “criminalizar y excluir a estas personas”. Esta prohibición se evitaría en el caso de que las personas inmigradas se acogieran al retorno voluntario, es decir, a volver a su país de origen de manera voluntaria en el plazo máximo de un mes.
Menores inmigrantes no acompañados. La Directiva de Retorno afectará también a los menores inmigrantes sin acompañar que se encuentren en alguno de los países comunitarios.
Desde SOS Racismo critican que el texto prevea “el internamiento de menores de edad” y la APDHA advierte que los menores inmigrantes “ya no se beneficiarán de la protección concedida por el Convenio sobre los Derechos del Niño”, firmado por todos los Estados miembro. “Los menores podrán en adelante ser retenidos/detenidos en centros de internamiento y expulsados como adultos”, apunta la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Por su parte, el eurodiputado Manuel Medina afirmaba que la situación de los menores inmigrantes seguirá “igual que hasta ahora” en el Estado español. “Lo que nos interesa es que Europa tenga una legislación algo parecida a la nuestra, sobre todo en protección de menores”, y hay que “acogerlos y meterlos en centros para protegerlos”, dice.
Garantías a la baja. Para las ONG, aprobar la directiva supondrá apostar en la UE por la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito y “retroceder todavía más” en los derechos hacia las personas inmigradas. Según SOS Racismo, la nueva normativa “estandariza” las garantías procesales “a la baja y no compromete de manera eficaz a los Estado, lo que a la práctica provocará “un vergonzoso retroceso de los derechos humanos en Europa”. De ahí que las organizaciones llamen a la Directiva del Retorno ‘Directiva de la Vergüenza’.
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