Londres.- 22 Abril 2009
Todos los días, las personas que llegan a las fronteras de Turquía en búsqueda de asilo arriesgan la vida, ya que las autoridades turcas no les prestan protección internacional, ha manifestado Amnistía Internacional en un informe publicado hoy, 22 de abril de 2009.
El informe titulado Stranded: Refugees in Turkey denied protection, trata de los obstáculos que encuentran en Turquía desde el momento en que entran en territorio turco las personas que llegan en su mayor parte huyendo de persecución en sus propios países.
“Los riesgos que están dispuestas a correr las personas que intentan llegar a Turquía son muestra de su desesperación –ha manifestado Andrew Gardner, experto de Amnistía Internacional en Turquía-. No obstante, el país aplica un doble rasero y se niega a reconocerlas como refugiados.”
Turquía es el único Estado signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que no reconoce, en la práctica, a los ciudadanos de países no pertenecientes al Consejo de Europa. Debido a ello, a un número creciente de personas que necesitan protección internacional, se les niega ésta.
En Turquía, el organismo de la ONU para los refugiados, el ACNUR se ocupa de determinar la condición de refugiado y facilita el reasentamiento en terceros países de algunas de las personas a las que se reconoce como tales.
Según datos oficiales, mientras que en 2006 el ACNUR recibió 4.550 nuevas solicitudes de asilo de países no europeos, la cifra ascendió a 12.980 en 2008. La mayoría de estas personas procedían de Irán, Irak, Afganistán y Somalia. Mientras tanto, es posible que en Turquía hubiera millares de personas más en situación irregular, aunque no se dispone de cifras fiables.
En Turquía, los solicitantes de asilo sufren graves restricciones de acceso a la salud, a una vivienda adecuada y al trabajo, lo que constituye una violación de las obligaciones contraídas por el país en virtud del derecho internacional.
Los casos expuestos en el informe de Amnistía Internacional demuestran la falta de respeto del derecho internacional por parte del gobierno, que insiste en devolver a personas a países donde están expuestas a sufrir graves abusos contra los derechos humanos.
En abril de 2008, Amnistía Internacional fue informada del caso una familia iraquí que había huido de Bagdad y estaba detenida en el sur de Turquía. Sin embargo, la policía se negaba a admitir que la familia se hallara bajo custodia y le negó la oportunidad de solicitar asilo, a pesar de haber pedido el ACNUR que se le permitiera hacerlo. Aunque se temía por su vida allí, la familia fue devuelta a Irak.
“Las autoridades turcas violan continuamente los derechos de los solicitantes de asilo desde el momento en que intentan entrar en el país –ha señalado Andrew Gardner-. Las violaciones continúan durante la tramitación de sus solicitudes y después de habérseles reconocido la condición de refugiados.”
Es frecuente recluir a los solicitantes de asilo durante largos periodos en duras condiciones, sin alimentos suficientes ni una justificación clara de su detención. Pueden ser expulsados sin el debido procedimiento jurídico y devueltos a países donde están expuestos a perder la vida.
Una persona de nacionalidad afgana explicó así, a Amnistía Internacional, el trato que había recibido bajo custodia policial en el oeste de Turquía: “Si nos les dábamos dinero, nos golpeaban. Utilizaban nuestro dinero para enviarnos de regreso a Afganistán”.
En abril de 2008, un grupo de 18 personas se vieron obligadas a cruzar a nado el río Tigris, que separa Turquía de Irak, al negarse las autoridades iraquíes a admitirlas de nuevo en su territorio. Cuatro de ellas se ahogaron.
En septiembre de 2008, funcionarios de seguridad turcos obligaron a 24 refugiados uzbekos, 15 de ellos niños y niñas a entrar en territorio iraní. Al parecer, durante la expulsión golpearon a algunos de ellos y amenazaron con violar a las mujeres y las niñas. En Irán, un grupo cuyo nombre se ignora tomó a los uzbecos como rehenes y amenazó con matarlos. Quedaron en libertad a cambio de 5.000 dólares de rescate y fueron devueltos a Turquía de manera irregular. En octubre, volvieron a ser expulsados a Irán. Según información proporcionada por activistas de los derechos humanos, vivían en lo alto de las montañas cerca de la frontera, pues las autoridades iraníes se habían negado a admitirlos y los niñas y niñas sufrían los efectos del hambre.
Amnistía Internacional pide a las autoridades turcas que elaboren las leyes necesarias para aplicar un procedimiento interno de asilo justo. De este modo, se garantizará que a todas las personas que necesitan protección internacional se les reconoce y concede, y que se respetan plenamente los derechos de los solicitantes de asilo y los refugiados.
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional
Documentos y comunicados de prensa www.es.amnesty.org
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