viernes, 17 de abril de 2009

Trabas legales reducen las peticiones de asilo




Mientras los distintos grupos parlamentarios han presentado cerca de 360 enmiendas al anteproyecto de reforma de la Ley de Asilo, las cifras que maneja la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) evidencian un fuerte descenso en las peticiones de amparo en el Archipiélago. En 2007, fueron un total de 553 las personas extranjeras que solicitaron el asilo a las autoridades, un número que, durante el año anterior, quedó reducido a sólo 320.

Al desgranar los datos, Fuerteventura aparece como la isla donde se produjo un mayor descenso, al pasar de más de 220 solicitudes en 2007 a poco más de 80 durante el pasado año. De este modo, de las 320 solicitudes de asilo registradas por la CEAR en Canarias durante 2008, el 26 por ciento se realizaron en Fuerteventura. La desviación de la llegada de cayucos hacia las islas occidentales parece ser la clave de esta considerable reducción.

Huyendo de los conflictos

Asimismo, los datos demuestran que son los ciudadanos de Costa de Marfil que llegan al Centro de Internamiento (CIE) del Matorral los principales solicitantes de protección en la Isla. La mayoría huyen de las fuerzas rebeldes que tomaron la zona norte del país después de estallar la guerra civil en 2002. En segundo lugar, se encuentran los saharauis que emigran al Archipiélago, víctimas de la represión marroquí.

La reforma de la Ley de Asilo supone, según CEAR, la consolidación de las trabas que tienen las personas solicitantes de protección en España. En el anteproyecto, desaparece el papel del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado (Acnur) en el procedimiento de asilo en frontera, cuyo informe favorable dejaría de ser garantía para la suspensión del retorno, se debilita la asistencia letrada y el papel de las organizaciones sociales y desaparece la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado en España por vía diplomática.

«Restricción de derechos»

Según la abogada de CEAR en Fuerteventura, Leonor Pulido, «esta reforma supone una restricción de derechos sin tener en cuenta que hay personas que sufren persecuciones en sus países de origen y tienen que solicitar la protección jurídica en otro país. Por tanto, se restringen los derechos y garantías para solicitar asilo cuando realmente lo necesitan».

Además, la asesora jurídica de CEAR en Fuerteventura reiteró la petición que desde la Organización No Gubernamental (ONG) se hace para que se amplíe el plazo de petición de asilo, que, en la actualidad, es de un mes.

La ONG ha señalado que la crisis en la Isla, especialmente agresiva en sectores como la construcción o el turismo, está dificultando la regularización de la población inmigrante. La petición de arraigo por la que se solicita llevar tres años residiendo en España y un contrato de trabajo no es en la actualidad la vía más idónea para obtener el permiso de residencia. «Ahora mismo, nos encontramos con personas que llevan tres años o más en Fuerteventura y no tienen trabajo ni posibilidad de encontrarlo, por lo que no pueden acogerse a la solicitud de arraigo», lamenta la representante de CEAR en Fuerteventura.

Polémica reforma

La modificación de la Ley de Extranjería ha suscitado divergencias entre distintas organizaciones. La propuesta promulga un cambio en el artículo 62 que amplía el plazo de retención en los CIE de 40 a 60 días, periodo que puede ampliarse para aquellos inmigrantes cuyos países de origen no reconozcan o admitan las repatriaciones. Para Pulido, esta reforma «supone un gran retroceso en las garantías de una persona. Se está privando de libertad a alguien que no ha cometido ningún delito, sino una infracción administrativa».

Otro de los aspectos más criticados de la reforma promovida por el Gobierno estatal es la posibilidad de sancionar a quienes acojan a una persona en situación irregular o consienta la inscripción en el padrón del extranjero cuando su dirección no es la habitual del inmigrante.

Según la abogada, «estas medidas suponen una coartada a la libertad de una persona que quiere ayudar a otros.Donde deberían endurecer las penas es en aquellas personas que con ánimo de lucro trafican con la vida de otra persona».

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