viernes, 6 de febrero de 2009

Que se garanticen los derechos de los niños inmigrantes



Comunicado de la Federación Estatal de Asociaciones de SOS Racismo ante la petición de Canarias de devolver su competencia sobre menores

EXIGIMOS QUE SE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES NO ACOMPAÑADOS

El Parlamento canario aprobó esta semana con los votos de Coalición Canaria y el Partido Popular una inédita propuesta. Por primera vez desde que se configuró el Estado de las Autonomías, una comunidad autónoma plantea renunciar a una de sus competencias y pide devolvérsela al Gobierno central. Esa competencia, que le reconoce el propio Estatuto de Canarias, es la relativa a la asistencia a menores en situación de desamparo.

SOS Racismo condena esta muestra de absoluta irresponsabilidad y toda falta de sensibilidad y exige, en este caso al Gobierno canario que asuma su obligación de garantizar los derechos de todos los niños y niñas en situación de desamparo, sin discriminarlas por su origen. Los argumentos que esgrimen las autoridades políticas son absolutamente obscenos:

- "Los menores inmigrantes deben tener un estatuto diferenciado y creemos que el marco adecuado es la Ley de Extranjería". (Inés Rojas, consejera de Bienestar Social). El marco adecuado para asistir a cualquier niño o niña es la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y los textos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Todos establecen que siempre ha de primar el interés superior del menor.

- “A problemas distintos, soluciones diferentes” (Rojas). Los menores en situación de desamparo no se pueden dividir en dos colectivos homogéneos: nativos y extranjeros. Hay que apostar por una asistencia a menores inclusiva que no discrimine y respete la diversidad y las necesidades de cada niño o niña solo. La segregación en los centros de menores obstaculiza la socialización de los menores y la posibilidad de que emprendan un proyecto de vida autónomo. Pretender hacer de esa segregación de facto la norma, es ahondar más aún en el error.

- "Es lo mejor para los propios menores porque ya son muchos y estamos desbordados” (Carlos Esther, portavoz de Inmigración del PP canario): Es evidente que no es mejor para los propios menores que su atención esté regulada por una Ley de Extranjería que impone un marco normativo diferenciado a un grupo de personas, discriminándolas por razón de su origen. Si están desbordados, es su obligación gestionar correctamente los recursos. La atención a menores debe ser una prioridad máxima a la hora de planificar los presupuestos. No cabe regatear con los derechos de la infancia.

- "Los menores inmigrantes no son niños en desamparo, tienen a sus familias y han venido por sus medios" (Rojas): Por ley, la autoridad autonómica o provincial competente está obligada a garantizar a todo menor que llegue o se encuentre sólo en su territorio los siguientes derechos básicos: una vivienda digna, acceso al sistema educativo y sanitario, y una documentación en regla. Dicha autoridad, en este caso el Gobierno canario, pasa a ejercer la tutela legal del menor y no puede renunciar a ella porque se sienta desbordado. El Gobierno no está para juzgar si esos niños merecen o no la condición de desamparados. Algunos tendrán sus familias y otros no, pero eso da igual. Se trata de unos derechos inalienables que no se pueden cuestionar.

Nos sonroja la imagen que da de unos niños cuyo delito es embarcarse solos en un viaje incierto, que les obliga a asumir una responsabilidad y una autonomía que no son propias de su edad. No son pocos los que han muerto o han quedado gravemente heridos debido al blindaje de fronteras europeo.

Por todo ello, denunciamos los argumentos xenófobos esgrimidos por los/as responsables políticos/as que han defendido esta medida y exigimos:

Que se garanticen los derechos de las y los menores, haciendo prevalecer siempre, tal y como dictan las normas internacionales, su condición de menores por encima de la de extranjeros.

Que sin entrar en debates sobre quién debe ostentar la titularidad de las competencias en materia de menores, las administraciones en su conjunto garanticen sus derechos como tales.

SOS RACISMO

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