Barcos chatarra

BARCOS CHATARRA Sábado 24 de Febrero de 2007

Así se denominaba en un medio de comunicación local al ya tristemente famoso Marine I donde viajaban más de 300 inmigrantes en condiciones inhumanas. He leído atentamente intentando averigüar de dónde viene la denominación, si de medios políticos o de medios periodísticos. Y no he llegado a ninguna conclusión.

Tampoco sé si lo de “chatarra” viene por las deficiencias técnicas del buque – lo cual sería explicable- o por la carga que llevaba – y esto sí que sería de imposible explicación. Ya sería el colmo. Pero como, refiriéndose a personas, también les llaman “ilegales”, uno ya no sabe qué pensar, pues, así como así, “personas ilegales” parecen términos contradictorios. La vida, nazca donde sea, tenga el color que fuese, lleve o no papeles consigo, siempre es legal. Y no es algo baladí, la forma de hablar expresa muchas cosas que se llevan por dentro y que, sobre todo, originan posteriores planificaciones sociales y políticas.

En todo este tema del Marine I siguen habiendo muchas cosas, como mínimo, arbitrarias. Pasemos revista a algunas.

Que España acudiera en socorro del buque que estaba en aguas de Senegal, se merece un aplauso. No hizo otra cosa que cumplir el Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos de 1979. Pero ese convenio- llamado SAR- dice que sin importar la nacionalidad o condición jurídica o circunstancias en las que se encuentren las personas en apuro, se les debe dar los auxilios médicos oportunos y trasladarles a lugar seguro. ¿Qué pasó aquí? Pues se acudió en su ayuda, pero después ni se prestaron los auxilios médicos sobre la marcha ni se trasladó a lugar seguro.

Desde el 30 de enero hasta el 12 de febrero nadie subió al barco para asistirles, salvo la comida que se les suministraba a través de cabos. Y no se les llevó a lugar seguro, pues Mauritania no ha firmado el convenio SAR y es un país permanentemente denunciado porque se incumplen muchos derechos humanos.

Con lo cual podemos decir que España no cumplió correctamente el Convenio SAR. Porque hasta que no se lleve a las personas a un lugar seguro donde se puedan considerar terminadas las operaciones de salvamento, donde la vida y seguridad de los supervivientes ya no estén amenazadas, donde puedan satisfacerse sus necesidades humanas básicas (tales como alimentación, abrigo y atención médica) y puedan concluirse acuerdos para el transporte de los supervivientes hasta su destino próximo o final, hasta que no se termine la operación, el Convenio no se ha respetado. ¿No era, pues, obligación de España?

De hecho, España ha sido consciente de ello en cuanto que envió aviones para las repatriaciones, los supervivientes descendieron del barco custodiados por policías españoles y fuerzas armadas mauritanas, y fue la propia policía española quien comenzó los interrogatorios en un territorio que no era el suyo. Por cierto, y todo ello no parece haber sido hecho con las garantías de asistencia jurídica e interpretación previstas en las leyes españolas.

Por otra parte, las personas de origen presuntamente africano son deportadas colectivamente a Cabo Verde, país del que no son originarias ni es de donde ha partido el barco, sino que presumiblemente es el país que se ha podido comprar. Y tampoco se ha permitido en este país que les asista un abogado enviado por organizaciones humanitarias.

Se habla de un traslado de este grupo a Guinea Conakry, país donde se ha decretado el estado de sitio por su grave inestabilidad social y política. En estas condiciones dicho traslado violaría no solo la Declaración Universal de los Derechos Humanos sino también el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre la tortura. De acuerdo a todos ellos ninguna persona puede ser devuelta a un país en el que haya violaciones de derechos humanos y corra el riesgo de ser sometida a tratos inhumanos.

Y del resto de personas que continúan en un hangar de Mauritania, hasta la propia Cruz Roja ha denunciado las condiciones inhumanas en que se encuentran.

Todo esto parece ser algo ajeno a la voluntad del gobierno español cuando es su gestión la autora material e intelectual de todos estos resultados. Resultados que, por otra parte, no parecen preocupar oficialmente. Lo único importante es conseguir una solución que ayude a disuadir de la decisión de emigrar y que nadie vuelva a intentarlo, pues, según el propio gobierno canario, se está generando un falso debate humanitario.

En un espacio como éste no puedo extenderme más. Más que unas consideraciones a título personal, lo que he hecho, en este texto, es popularizar el comunicado del Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU), hecho público en Madrid el 19 de este mes. Un comunicado que titula “Marine I: Cúmulo de violaciones de Derechos Humanos y actuaciones al margen de la legalidad por parte del gobierno español”. A dicho documento remito a quien pueda estar interesado en una mayor profundización.

Eso sí, si al principio de esta reflexión no sabía bien a qué contenido se aplicaba el término “chatarra”, cuando la estoy acabando lo sé mucho menos, pues el campo de contenidos se me ha ampliado.

Armando Quintana