Jornada Mundial por el trabajo decente

7 de octubre, Jornada Mundial de Acción por el Trabajo Decente.
La crisis no puede ser la coartada para la violación de derechos laborales de los refugiados e inmigrantes

En la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, CEAR hace un llamamiento para que los responsables políticos y los empresarios no usen la crisis como excusa para recortar los derechos laborales y sociales de refugiados e inmigrantes.

El precio de la crisis económica que atraviesa España lo están pagando sobre todo los trabajadores, sean autóctonos o extranjeros, como denuncian hoy los sindicatos. Y por eso deben ser respetados y protegidos los derechos laborales y sociales de todos los trabajadores, sea cual sea su procedencia, como es propio de un Estado de derecho.

Pero la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) constata diariamente que los trabajadores refugiados e inmigrantes están sufriendo especialmente el recorte de derechos. La crisis económica está siendo la coartada para el endurecimiento de la ley de extranjería, para el aumento de abusos laborales, y para la disminución de fondos para la integración sociolaboral de los trabajadores extranjeros y sus familias.

Así, a la falta de ofertas de empleo en los sectores más ocupados por refugiados e inmigrantes (construcción, hostelería y otras áreas del sector servicios), se suman los aumentos de despidos de trabajadores extranjeros, que se han incorporado más tarde al mercado laboral y tienen un mayor índice de temporalidad, en empleos con poca cualificación y sin que se tenga en cuenta el bagaje formativo y laboral previo. Los trabajadores refugiados e inmigrantes encuentran cada vez más difícil obtener contratos con suficiente duración como para poder renovar las autorizaciones de residencia y trabajo, así como para optar a la regularización por arraigo, lo que ha hecho aumentar el número de personas que se quedan en situación irregular. Por otro lado, aumentan las dificultades para acceder a recursos formativos, fundamentales para una inserción sociolaboral duradera y digna, y se endurece, en el proyecto de la nueva ley de extranjería, su derecho a la reagrupación familiar.

Pero estas situaciones no son consecuencia natural de la crisis, sino que tienen que ver con decisiones políticas que han apostado por restringir derechos y por hacer la vista gorda ante abusos laborales. Decisiones que parecen guiarse bajo la premisa de “los de aquí primero, los de fuera después”, que va calando en los discursos públicos y nos aleja no ya del trabajo decente, sino de la sociedad decente.

Por eso CEAR pide que las únicas respuestas no sean incentivar el retorno a los países de origen de los trabajadores extranjeros, medida irreal en tiempos de crisis global. Ni recortar derechos (o presupuesto para la integración) a determinados ciudadanos según la coyuntura económica, porque eso no es más que discriminación.

CEAR cree que es necesario un cambio en las políticas migratorias, que comience por la ratificación de la Convención de la ONU sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias que el gobierno español ha decidido no firmar. Asimismo, es necesario que en estos tiempos de crisis se flexibilicen los criterios exigidos de cotización a la Seguridad Social para la renovación de las autorizaciones de trabajo y residencia: que se suprima la exigencia de contar con una oferta de trabajo por un año y a jornada completa para el arraigo social, por desproporcionada y por no responder a nuestro mercado de trabajo, caracterizado por la eventualidad. Que la situación administrativa no sea determinante para percibir la prestación por desempleo, de acceder a la formación ocupacional y de inscribirse en los servicios públicos de empleo. O que las administraciones públicas establezcan medidas concretas para prevenir la discriminación de las personas refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes en el ámbito laboral.

En definitiva, CEAR cree que tomar en serio los derechos exige reforzar sus garantías sobre todo en el caso de los sujetos más vulnerables y aún más cuando se ven particularmente amenazados. Los derechos de los trabajadores inmigrantes y refugiados no son mercancías que entran de rebajas en tiempos de vacas flacas. No es cuestión de caridad o generosidad que se permite el nuevo rico y que desaparece cuando se viene a menos. Son una exigencia de igualdad, de justicia, de respeto a la ley, al Derecho.