Que se prohiban las bombas de racimo

Greenpeace y CEAR demandan la prohibición de las bombas de racimo

Greenpeace y CEAR reclaman al Gobierno español que dé el máximo respaldo al Tratado Internacional de prohibición de las bombas de racimo, en la próxima reunión de Viena que se celebrará del 5 al 7 de diciembre. También reclaman de forma urgente la prohibición de estas armas a nivel nacional.

Greenpeace y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) quieren denunciar los inaceptables efectos de las bombas de racimo sobre la población civil de zonas de conflicto. Y lo hacen a través del testimonio de sus víctimas, con las que trabaja Kike Figaredo, obispo español que lleva más de 20 años en Camboya, trabajando especialmente con supervivientes de las bombas de racimo y las minas antipersonales. Figaredo ha viajado a Madrid acompañado de cuatro niños que han sido víctimas de este tipo de armamento. El objetivo es reclamar al Gobierno español un respaldo sin fisuras al Tratado Internacional y la prohibición en el ámbito nacional.

Las bombas de racimo son un armamento especialmente letal para las poblaciones civiles en zonas de conflicto. Al contener en su interior decenas o cientos de submuniciones que se dispersan cuando la bomba se abre en el aire, afectan a grandes extensiones de territorio sin distinguir entre blancos civiles y militares. Por eso en ocasiones se las llama “la lluvia de acero”. Distintos estudios han mostrado que un 98% de sus víctimas son civiles.

Pero no sólo afectan a la población durante los bombardeos, sino mucho tiempo después de que el conflicto haya terminado. Entre un 5% y un 30% de esas submuniciones no estallan, y quedan esparcidas en las carreteras, los campos de cultivo, las aldeas y núcleos urbanos, actuando como minas antipersonales durante largos años y dificultando el desarrollo y la recuperación socioeconómica.

Camboya es un claro ejemplo de esto. Los bombardeos de EE UU con bombas de racimo se realizaron entre 1969 y 1973, y aún hoy sigue habiendo muertos y mutilados como consecuencia de los restos explosivos que no detonaron.

De esta realidad ha sido testigo Kike Figaredo. Acompañado de cuatro niños camboyanos víctimas de las bombas de racimo y de las minas, está en Madrid para ofrecer el testimonio de este horror cotidiano. Ver con sus propios ojos, día a día, el impacto devastador de las bombas de racimo y de las minas antipers sobre la vida diaria de las personas, le llevó a poner en marcha varios proyectos de rehabilitación y reintegración social para personas que resultan víctimas y mutiladas como consecuencia de estas armas. Su trabajo le ha valido múltiples galardones por su defensa de los derechos humanos y su trabajo por la dignidad y la recuperación de estas poblaciones afectadas por las bombas.

“Lo que quiero contar es que, más allá de las cifras, lo que resulta afectado es la vida diaria de numerosas personas. Y que los Gobiernos occidentales, entre ellos el español, no pueden cerrar los ojos a esta realidad y seguir vendiendo armas como si el resultado final no fuera con ellos. No se puede seguir haciendo negocio con la vida de los inocentes”, ha declarado Kike Figaredo.

Entre el 5 y el 7 de diciembre tendrá lugar en Viena una nueva reunión del llamado proceso de Oslo, que trata de lograr un Tratado Internacional de prohibición de las bombas de racimo. Más de 80 países, entre ellos España, participarán en este encuentro. Desde Greenpeace y CEAR se exige al Gobierno español un compromiso serio con un tratado que no tenga excepciones: “A pesar de quienes afirman lo contrario, no hay bombas de racimo seguras o inocuas. En todos los casos, es la población civil quien sufre sus efectos. Muchos de ellos terminan siendo refugiados o desplazados, y los restos de estas armas son uno de los principales motivos de que no puedan regresar a sus casas”, asegura Amaya Valcárcel, Secretaria General de CEAR.

España es uno de los países en los que se fabrican bombas de racimo. Está confirmado que al menos dos empresas (Expal e Instalaza) así lo hacen, aunque la falta de transparencia hace imposible saber dónde las venden. El ejército español también se cuenta entre aquellos que tienen un arsenal de este tipo de armamento.

“Pedimos al Gobierno español que demuestre su compromiso con la paz adoptando medidas en el ámbito nacional, como la prohibición de que se fabriquen, vendan y almacenen bombas de racimo en España”, ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace.