EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES.
El pasado 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros del Estado Español aprueba el proyecto de ley para la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España y su integración social. Asimismo, en el presente mes de septiembre y por el trámite de urgencia, con la celebración del primer pleno en el Parlamento Español el día 17 se pretende comenzar las deliberaciones y la toma de decisiones necesarias para su aprobación antes de final de año.
Es significativo que, por cuarta vez en el periodo de nueve años, el Gobierno acometa una nueva reforma de la Ley de Extranjería. Sucesivos cambios que sólo reflejan la ausencia de un modelo integral de gestión de la inmigración y su integración en España, amparándose en el necesario ajuste de la normativa española a la legislación emanada en el seno de la Unión Europea y en la adaptación de las sentencias 236/2007 y 259/2007 del Tribunal Constitucional que resuelve sendos recursos de inconstitucionalidad sobre aspectos relevantes del texto actual.
Lo que, con el enfoque adecuado, podría significar una oportunidad para corregir los defectos de la legislación actual, se convierte en un mecanismo que nuevamente profundiza en los intereses estatales en perjuicio de los derechos de las personas migrantes.
En este sentido, una reforma de este calado deviene claramente inoportuna, dado el contexto socioeconómico actual, provocando una importante fractura entre los trabajadores de origen extranjero y los autóctonos. Por otro lado, una reforma que profundiza en la visión puramente economicista de las migraciones cosifica a las personas inmigrantes, tratándolas, no como sujetos de derechos, sino como mera mano de obra. La reforma, por tanto, viene caracterizada por el recorte de derechos basado en la realidad del mercado de trabajo.
Especialmente paradójicas resultan las manifestaciones recogidas en la Exposición de Motivos del proyecto de ley, en la que, por un lado, expresa como objetivos el establecimiento de “un marco de derechos y libertades de los extranjeros que garantice a todos el pleno ejercicio de los derechos fundamentales”, así como el refuerzo de “la integración como uno de los ejes centrales de la política de inmigración”; y, por otro, enuncia el objetivo de “perfeccionar el sistema de canalización legal y ordenada de los flujos migratorios laborales, reforzando la vinculación de la capacidad de acogida de trabajadores inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo”.
Por tanto, si bien la reforma propuesta introduce elementos de avance, ésta no puede ocultar el endurecimiento de la regulación. Estamos ante un paso más en la regresión, en cuanto a derechos se refiere, en las políticas migratorias que se están llevando en la Unión Europea y, en concreto, en España.
En primer lugar, considerando, como no puede ser de otro modo, conveniente y preceptiva la adaptación de las sentencias del Tribunal Constitucional, en virtud de la cual se reconoce a las personas extranjeras los derechos fundamentales de reunión, asociación, sindicación y huelga, sin más requisito que el hallarse en España sin que puedan ser negados por una simple irregularidad administrativa como el carecer de autorización de residencia, constatamos que el catálogo de derechos y libertades queda notablemente ampliado. Sin embargo, en algunos casos la adaptación es incorrecta e inadecuada.
En relación al derecho a la tutela judicial efectiva, se obstaculiza la asistencia jurídica gratuita al introducir el requisito de la ratificación de la voluntad de recurrir ante los tribunales, elemento que en el caso de los expulsados sería de muy difícil cumplimiento provocando una mayor indefensión.
Se fragiliza el derecho a la asistencia sanitaria, endureciendo el acceso al padrón municipal, a través de la exigencia sutil de nuevos requisitos o con la imposición de graves sanciones a quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el mismo.
En relación al derecho a la educación, afirmando el Tribunal Constitucional que constituye un derecho fundamental de las personas, sean o no titulares de una autorización de residencia, la redacción dada en el proyecto de reforma impide el acceso de las personas extranjeras mayores de 18 años a las etapas educativas postobligatorias si no disponen de residencia. Esto supone la vulneración del contenido del derecho a la educación en un estado social que el propio Tribunal Constitucional reconoce.
Se restringe el derecho básico a vivir en familia al limitarse la reagrupación familiar de ascendientes a los mayores de 65 años, excepto por razones humanitarias, primando por tanto un criterio puramente economicista en la articulación de un aspecto vital como lo es éste. Del mismo modo, como aspecto positivo señalar la consideración de las parejas de hecho como supuesto análogo al matrimonio y la expedición a las personas reagrupadas de la autorización de trabajo simultáneamente a la de residencia.
El régimen sancionador se endurece de forma significativa. Por un lado, se propone el aumento del periodo de internamiento en los CIEs hasta los 60 días, con la única excusa de la adaptación de la tristemente célebre “Directiva de Retorno”. Es claro que nos hallamos ante una nueva criminalización de las personas migrantes por la mera comisión de una infracción administrativa como es la irregularidad de su residencia en España. Esta ampliación del plazo de internamiento no se justifica ante la actual realidad migratoria en España. Además, se penaliza adicionalmente a las personas solicitantes de asilo internadas que podrían estar hasta 14 días más de privación de libertad cuando su propósito sea acogerse a los mecanismos de protección internacional que le permiten pedir refugio en nuestro país.
Un valor de tanta trascendencia para la convivencia entre las personas como la solidaridad aparece criminalizado al ser objeto de persecución la hospitalidad. Si la reforma en sus actuales términos prospera, los nacionales que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su estancia en España más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros.
En los casos de mujeres víctimas de violencia de género valoramos positivamente que la reforma propuesta posibilite que la mujer reagrupada que sea víctima de esta violencia pueda obtener una autorización de residencia sin necesidad de acreditar medios de vida. No obstante consideramos negativo que el proyecto de reforma mantenga la práctica de someter a las víctimas de violencia de género sin documentación a un expediente sancionador de expulsión en el momento en que proceden a denunciar su situación (aunque el procedimiento sancionador se archive al dictar una orden de protección) ya que ello impedirá de hecho a muchas mujeres acudir a las comisarías en busca de amparo.
La situación de los menores extranjeros no acompañados empeora ostensiblemente. Valorando el avance de contemplar la defensa jurídica independiente y la posibilidad de nombrar defensor judicial, el texto de la reforma sustituye el concepto de “menor en desamparo” por el de “inmigrante extranjero”, obviando las normas internacionales y nacionales en relación a los menores, cuya consideración como tales está por encima de cualquier otra. El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino en devolver a éste a su país de origen. Sólo así puede entenderse ese interés en promover acuerdos de colaboración que contemplen “integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados”. La única vez que se cita el interés superior del menor es para decir que se respetará el mismo cuando se repatríe al menor, bien a su familia, bien a los servicios de protección de menores del país de origen, cuando lo lógico y razonable es que dicho interés superior sea el que determine la repatriación o no.
Por todos estos motivos, las organizaciones y personas abajo firmantes, consideramos que:
Es responsabilidad de los poderes públicos promover un modelo de integración ilustrado por la igualdad entre las personas y la justicia social.
La reforma de la Ley de Extranjería planteada profundiza en la exclusión de las personas migrantes en situación administrativa irregular, así como en la limitación del contenido de derechos fundamentales. Asistimos a un proceso de criminalización y estigmatización de las migraciones, a la definición de la persona extranjera como mera herramienta de trabajo.
Nuevamente, se pierde la oportunidad de adoptar una perspectiva más global sobre las migraciones que tenga en cuenta los motivos, las causas de las mismas, las situaciones de los países de origen, el tránsito, la acogida en los países de destino, se olvida todo esto para cerrarse, más si cabe, en una normativa que trata básicamente sobre el control de fronteras y restricción de derechos sobre la lógica de emergencia de la actual crisis que soporta el llamado mundo desarrollado.
El enfoque y la prioridad de las políticas migratorias deberían orientarse hacia la integración social, así como hacia el escrupuloso respeto de los derechos humanos, y no limitarse a medidas de control y represión.
Asimismo:
Reclamamos que el Gobierno y el Parlamento español retiren un proyecto de ley eminentemente restrictivo y lesivo para los derechos de las personas extranjeras. La única reforma admisible es la encaminada a crear una sociedad más integrada, en igualdad de derechos y deberes.
Demandamos que los grupos parlamentarios acojan el conjunto de propuestas elaborado por las organizaciones sociales, de inmigrantes y refugiados, con el objetivo de avanzar en el reconocimiento de derechos de las personas migrantes y en un tratamiento global del fenómeno de las migraciones.
Pedimos al Gobierno de Canarias y al resto de instituciones públicas de nuestra Comunidad Autónoma una posición activa reclamando legislaciones integradoras para todos los ciudadanos.
Animamos al conjunto de la ciudadanía canaria a apoyar activamente las iniciativas de respuesta y a mostrar su rechazo a propuestas como esta reforma de la Ley de Extranjería que criminaliza a las personas migrantes, restringe sus derechos y su plena integración en nuestra sociedad.
Publicado por Plataforma Canaria contra la reforma de la LOEX en
11:10 Firmado por un conjunto de organizaciones sociales canarias
