La Emigración afecta también a un nutrido número de menores que llegan a España sin la compañía de sus familiares adultos. Desde que se comenzó a dar este fenómeno, que afecta a niños y adolescentes entre 14 y 17 años, Marruecos fundamentalmente y Argelia han sido los países más representativos de esta situación. Sin embargo, de manera progresiva y con el fenómeno de la "paterización", sus lugares de origen se han ampliado. Según datos oficiales, a inicios de este mes de diciembre, 602 menores extranjeros de países sub saharianos como Angola, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Malí, Níger, Nigeria, República del Congo, Senegal y Tanzania, han sido acogidos en la red de Servicios Sociales de las distintas Comunidades Autónomas. Algo más de dos mil menores extranjeros han sido atendidos en el sistema de protección de la Generalitat durante el pasado año 2006 y el primer semestre de 2007, según asegura el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco.
Desde un principio, el dilema ha sido dónde poner el acento: En su condición de menores o en su condición de extranjeros. Por supuesto, la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño implica una serie de beneficios importantes en relación con una lectura radical de la legislación de extranjería, ya que existe un plus de protección que tiene como eje el consagrado principio que obliga a todos a velar por "el interés superior del menor". Este principio implica que no se pueden realizar repatriaciones de estos menores sin garantías, y que tienen derecho a ser escuchados en los procesos que les afectan, así como a obtener la tutela de los Tribunales, a la defensa y asistencia de abogado, derechos fundamentales cuyo ejercicio y respeto han sido puestos en tela de juicio ante repatriaciones que se han realizado sin asegurar las garantías que establece la ley. La intervención social con estos menores no es sencilla en un sistema de Servicios Sociales con centros en ocasiones saturados y una realidad diaria que exige mucho de los profesionales que trabajan en el ámbito de protección de menores.
Debe conjugarse la actuación multidisciplinar, trabajadores sociales, mediadores, psicólogos, abogados… recursos que una vez puestos en juego pueden favorecer el proceso de integración de un menor cuyas oportunidades se multiplican. Paradójicamente, después de meses de trabajo, la espada de Damocles de la repatriación puede dar al traste con esfuerzos, sueños y esperanzas que se rompen. En el último año y medio, se han multiplicado las sentencias de Juzgados que han paralizado estas repatriaciones, por entender que no respetaban algunos derechos fundamentales. Hay que alabar el trabajo de colectivos como DRARI que se encargan de dar voz y hacer valer los derechos de un patrimonio humano valioso y de tantas formas maltratado como es nuestra infancia.
Si su tarjeta de estudiante, o bien su permiso de residencia y/o trabajo ha caducado y se encuentra en proceso de renovación y desea viajar fuera de España, es aconsejable que solicite una autorización de regreso. Han de acompañar copia de su pasaporte en vigor, así como de la solicitud de renovación de sus documentos, y le será expedida la autorización en el plazo aproximado de quince días, siendo su duración de tres meses.
ANA PAVÓN MARÍN. ABOGADA
Desde un principio, el dilema ha sido dónde poner el acento: En su condición de menores o en su condición de extranjeros. Por supuesto, la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño implica una serie de beneficios importantes en relación con una lectura radical de la legislación de extranjería, ya que existe un plus de protección que tiene como eje el consagrado principio que obliga a todos a velar por "el interés superior del menor". Este principio implica que no se pueden realizar repatriaciones de estos menores sin garantías, y que tienen derecho a ser escuchados en los procesos que les afectan, así como a obtener la tutela de los Tribunales, a la defensa y asistencia de abogado, derechos fundamentales cuyo ejercicio y respeto han sido puestos en tela de juicio ante repatriaciones que se han realizado sin asegurar las garantías que establece la ley. La intervención social con estos menores no es sencilla en un sistema de Servicios Sociales con centros en ocasiones saturados y una realidad diaria que exige mucho de los profesionales que trabajan en el ámbito de protección de menores.
Debe conjugarse la actuación multidisciplinar, trabajadores sociales, mediadores, psicólogos, abogados… recursos que una vez puestos en juego pueden favorecer el proceso de integración de un menor cuyas oportunidades se multiplican. Paradójicamente, después de meses de trabajo, la espada de Damocles de la repatriación puede dar al traste con esfuerzos, sueños y esperanzas que se rompen. En el último año y medio, se han multiplicado las sentencias de Juzgados que han paralizado estas repatriaciones, por entender que no respetaban algunos derechos fundamentales. Hay que alabar el trabajo de colectivos como DRARI que se encargan de dar voz y hacer valer los derechos de un patrimonio humano valioso y de tantas formas maltratado como es nuestra infancia.
Si su tarjeta de estudiante, o bien su permiso de residencia y/o trabajo ha caducado y se encuentra en proceso de renovación y desea viajar fuera de España, es aconsejable que solicite una autorización de regreso. Han de acompañar copia de su pasaporte en vigor, así como de la solicitud de renovación de sus documentos, y le será expedida la autorización en el plazo aproximado de quince días, siendo su duración de tres meses.
ANA PAVÓN MARÍN. ABOGADA
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