viernes, 27 de noviembre de 2009

La ley de extranjería, una oportunidad perdida

CEAR, Cáritas y la Red Acoge lamentan la oportunidadperdida en la reforma de la LOEX aprobada hoy


Madrid, 26 de noviembre de 2009.- CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Cáritas y la Red Acoge expresan su decepción ante el resultado final del proceso parlamentario de reforma de la Ley de Extranjería, que se ha aprobado hoy en el Congreso.


El intenso trabajo de sensibilización y presentación de enmiendas que nuestras entidades han llevado a cabo desde que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley, con el apoyo decisivo de más de 500 organizaciones sociales de todo el Estado, ha permitido que se hayan incluido mejoras en la ley aprobada hoy. Este avance ha sido posible, también, gracias al papel activo de la sociedad civil organizada, que ha expresado ante esta reforma su opción inequívoca por el fortalecimiento de las políticas de integración y la defensa del principio de igualdad de trato y derechos, especialmente en tiempos de crisis. Cáritas, CEAR y Red Acoge reconocemos el esfuerzo de los grupos políticos para incorporar al proyecto aspectos positivos que han sido fruto de esta labor conjunta de incidencia y propuesta. Lamentamos, sin embargo, que en otros muchos temas prioritarios no se hayan logrado cambios significativos y, lo que resulta más grave, que en el último tramo parlamentario se hayan introducido elementos que se contradicen con una política de inmigración auténticamente orientada a la integración. Creemos que vincular la concesión de derechos al tiempo de residencia en nuestro país supone, de hecho, un cambio en la política migratoria y un retroceso hacia posiciones que vacían de contenido conceptos como la bidireccionalidad de la integración y el principio de igualdad de trato.

Entre los aspectos más negativos de la reforma destacamos los siguientes:




• Se ha introducido el concepto indeterminado del ‘esfuerzo de integración’, como si éste fuera un proceso unilateral de las personas inmigrantes, en la línea de las propuestas más reaccionarias que empezaron hace unos años reclamando la introducción de este tipo de ‘contratos’.



• La tramitación parlamentaria ha introducido también una consideración de los menores no acompañados como inmigrantes irregulares, concediendo un margen de maniobra ambiguo a las Comunidades Autónomas para establecer acuerdos con los países de origen y la gestión de la tutela.



• Se fragiliza el acceso a los derechos, ya que se dificulta el acceso al padrón municipal con la imposición de graves sanciones a quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el mismo.



• Además, y como hemos venido señalando públicamente durante todo el proceso legislativo, se mantienen los recortes en el derecho a la reagrupación y se somete a una situación de desamparo a las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de género, así como el incremento de las sanciones contra la población extranjera de forma desproporcionada, que pueden llevar a su detención, internamiento o expulsión y la ampliación del plazo de internamiento hasta 60 días.



Nuestros legisladores han perdido una oportunidad inmejorable para prestar un verdadero servicio del bien común y a la causa de los derechos humanos. La reforma de la LOEX se cierra sin que haya sido posible definir un marco legal para la inmigración atento al amplio consenso social que ha venido expresándose a través de las organizaciones y movimientos ciudadanos.


Cuando falta apenas un mes para que España asuma la Presidencia semestral de la Unión Europea, CEAR, Cáritas y Red Acoge llaman a la responsabilidad personal en la construcción de una sociedad más plural, más rica, que recupere aquellos valores que todos podemos aportar, para avanzar en el horizonte de la cohesión social y poder caminar hacia un cambio de valores y actitudes. Un modelo en el que las personas migrantes sean reconocidas como ciudadanas en una apuesta decidida por la integración social y la aplicación universal de los derechos humanos.


Desde nuestras organizaciones queremos apelar a la responsabilidad de los grupos políticos, las organizaciones sociales y toda la ciudadanía en la creación de una sociedad que apuesta por la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales, y por una visión integradora de la migración. Fieles a este compromiso, nuestras organizaciones seguirán trabajando para evitar que la ley de extranjería aprobada hoy sirva para consolidar un tipo de sociedad que no queremos.

miércoles, 25 de noviembre de 2009

Contra la violencia de género



CEAR pide que no se abra expediente por estar en situación irregular a las mujeres que acudan a denunciar

La nueva ley de extranjería desincentiva las denuncias por violencia de género



CEAR lamenta que el gobierno no haya tenido en cuenta las recomendaciones de diversas organizaciones sociales para que la nueva ley de extranjería no ponga obstáculos a las mujeres extranjeras en situación irregular que quieran denunciar situaciones de violencia de género.

De acuerdo al texto que se votará en el Congreso el próximo 26 de noviembre, cuando una mujer extranjera en situación irregular acuda a denunciar violencia contra ella, le será abierto expediente sancionador, que quedará en suspenso hasta que se resuelva el proceso por violencia de género. Para CEAR, esto desincentiva la presentación de denuncias -que de por sí son menos que el número de agresiones- por el miedo de las víctimas a ser sancionadas por su situación irregular.

Abrir un expediente de expulsión a estas mujeres con la justificación de que si se demuestra la agresión contra ellas se cierra el proceso de expulsión, implica también desconocimiento de la realidad del maltrato, que muchas veces no es condenado por la falta de pruebas o porque algunas mujeres retiran la denuncia antes del fin del proceso. Igualmente, aducir que con esta medida se evitan los abusos (es decir, que las denuncias puedan ser usadas para conseguir el permiso de residencia), es no querer ver que ya la ley tiene suficientes mecanismos para evitar fraudes, sin necesidad de colocar a todas las mujeres que acudan a denunciar bajo sospecha. CEAR lamenta, por otro lado, que la ley de extranjería establezca expresamente la violencia de género como el único delito que al denunciarse conlleve la apertura de un expediente en caso de situación de irregularidad del denunciante.


CEAR considera que sobre la ley de extranjería debería primar la protección de los derechos constitucionales a la integridad física y moral de la mujer, lo que pasa inevitablemente por la denuncia de cualquier forma de violencia que los menoscabe. Por lo tanto, cualquier obstáculo que impida o desincentive que la mujer víctima de violencia de género denuncie, debe ser eliminado.


Información complementaria:

Artículo 31 bis.2 del Proyecto de Ley Orgánica de la Ley de Extranjería que será votado en el Congreso el próximo 26 de noviembre: “si al denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, el expediente administrativo sancionador incoado por infracción del art. 53.1.a) de esta Ley será suspendido por el instructor hasta la resolución del procedimiento penal.”

jueves, 29 de octubre de 2009

La nueva ley de asilo: una oportunidad perdida




Amnistía internacional y CEAR creen que añade obstáculos a los solicitantes
El Congreso ratifica la nueva Ley de Asilo



Madrid, 28 de octubre de 2009. Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, lamentan que tras la ratificación ayer en el Congreso de los Diputados, del Proyecto de Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria tras su paso por el Senado, se haya perdido una oportunidad para avanzar en el compromiso de proteger a personas que huyen de violaciones de derechos humanos, y que aumenten los obstáculos para poder acceder al asilo en España.


El texto aprobado en sesión plenaria en el Congreso de los Diputados añade a la ley vigente un número importante de obstáculos que, no sólo son contrarios a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado, sino que impedirán que muchas personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos puedan "acceder al ejercicio de su derecho a solicitar protección internacional", según AI.


En el siguiente comunicado, ambas organizaciones explican sus argumentos:


"Además, no se entiende que un país como España que cerraba el 2008, según los datos aportados por la Oficina de Asilo y Refugio, con unas 4.500 solicitudes y sólo 151 estatutos concedidos, muestre esta resistencia a garantizar la protección de las personas necesitadas de protección internacional.Así, entre los obstáculos que contempla la Ley, las organizaciones abajo firmantes queremos destacar:


* La exclusión de los ciudadanos europeos comunitarios del derecho a solicitar asilo, contraria a la Convención de Ginebra por violar el carácter universal de dicho derecho y que a nuestro juicio entraría en contradicción con el artículo 13.4 de la Constitución española.


* La desaparición del derecho a pedir asilo en las embajadas españolas. Si bien la ley establece un procedimiento donde se reconoce la posibilidad de promover el traslado a España, vía que necesitará de un posterior desarrollo reglamentario, a ambas organizaciones nos preocupa que la decisión quede bajo la discrecionalidad del embajador. La desaparición de la vía diplomática reconocida hasta ahora en la Ley, supone un retroceso injustificado y de especial gravedad ante los obstáculos ya existentes para acceder al procedimiento en territorio español.


* El aumento de las causas de exclusión ante la posibilidad de una persona de pedir asilo, con fórmulas jurídicamente imprecisas como “constituir un peligro para la seguridad de España” o “constituir una amenaza para la Comunidad” que exceden claramente la letra de la Convención de Ginebra.


* El concepto de “tercer país seguro” como causa de inadmisión de la solicitud que vulnera la obligación, contemplada en la Convención de Ginebra, de estudiar cada caso de forma individual, así como el principio de no discriminación por motivos de nacionalidad contemplado en el artículo 3 de la propia Convención.


* La ampliación de los plazos de detención en frontera, hasta un máximo de 10 días, así como la desaparición de la garantía hoy existente de que se suspenda una devolución al país perseguidor si el ACNUR emite un informe favorable para que se admita una solicitud de asilo.


* El establecimiento de diferentes procedimientos de tramitación de la solicitud de asilo. Esta diversidad contribuye a reducir las mismas garantías para los solicitantes de asilo en función del lugar donde soliciten protección. De este modo, por ejemplo, los posibles solicitantes de asilo en frontera tendrán mayores dificultades para poder optar a conseguir la condición de refugiado.


* La desaparición del reexamen, cuando se ha denegado una petición y se obtienen nuevos elementos probatorios que permiten revisar la resolución, lo que no se compensa con la remisión de la nueva ley a la normativa general de procedimiento
administrativo.


Aspectos positivos



La nueva ley amplía las referencias a los conceptos de refugiado y de persona merecedora de protección subsidiaria, incorporando la persecución por motivos de género y orientación sexual, así como una mención expresa a colectivos especialmente vulnerables como puedan ser los menores y las personas víctimas de trata.


Asimismo, cabe destacar de forma positiva la inclusión de los programas de reasentamiento, así como una mejora sustancial del régimen de residencia en España de los beneficiarios. Cabe también destacar que los intensos trabajos en el Congreso fueron seguidos de propuestas de enmienda en el Senado que, en muchos casos suponían un avance importante en el compromiso del Estado español con el derecho de asilo de acuerdo con los estándares internacionales. Sin embargo, junto a algunos avances como las garantías sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita, CEAR y Amnistía Internacional lamentamos que otras muchas propuestas de mejora no hayan prosperado finalmente.


CEAR y Amnistía Internacional consideran que con la Ley que se ha aprobado hoy, se ha perdido una oportunidad para liderar en Europa la defensa del Derecho de Asilo, un derecho en peligro de extinción y gravemente amenazado por las políticas de control migratorio. Estas políticas, que conllevan entre otras medidas, el cierre y la externalización de fronteras, están impidiendo el acceso a los procedimientos de asilo y la identificación como refugiadas de muchas personas que huyen de violaciones de derechos humanos.


El compromiso de garantizar la protección internacional para las y los refugiados es una obligación legal y una responsabilidad política del Estado español frente a graves violaciones de los derechos humanos. Ambas organizaciones prestarán toda su atención al desarrollo reglamentario de la ley y, lo que es más relevante, a la práctica administrativa para que este derecho no se convierta en letra muerta."

lunes, 26 de octubre de 2009

Las fronteras asesinas de Europa



LAS FRONTERAS ASESINAS DE EUROPA.-
Migreurop 14 de octubreInforme sobre las violaciones de los derechos humanos en las fronteras publicado por la red Migreurop 14 de octubre

- Deportaciones ilegales en la frontera greco-turca
- Oujda: zona tampón entre Marruecos y Argelia, cámara hacia Europa
- Calais y el norte de Francia: zona de vagabundeo, puerta de Inglaterra
- Lampedusa, isla centinela de Europa


Para su primer Informe anual sobre las violaciones de los derechos humanos en las fronteras, Migreurop ha elegido retener cuatro polos emblemáticos de fechorías de la política llevada a cabo por la Unión Europea en materia de inmigración y de asilo. La frontera greco-turca, la región del Calais, al noroeste de Francia, la de Oujda, al este de Marruecos, y la isla de Lampedusa al extremo sur de Italia, son tantos altos, más o menos largos, a veces definitivos, en la odisea de millares de personas que, cada año, intentando alcanzar Europa, buscan a través del exilio elegido o forzado escapar a su suerte.



El informe anual de Migreurop sobre las violaciones de los derechos humanos en las fronteras no es el producto de una misión de investigación de más o menos larga duración por observadores externos. Es el fruto de la doble dimensión que caracteriza la red Migreurop, compuesta por organizaciones de base que trabajan para la defensa de los derechos de los migrantes y de los refugiados, y por individuos que, en su actividad profesional o militante, estudian y analizan las políticas migratorias y sus consecuencias. Este informe desea favorecer, cada vez que sea posible, la palabra de los migrantes entrevistados o en las misiones ad hoc, o por las asociaciones miembros o colaboradoras de Migreurop que están presentes a diario en los lugares elegidos. Se propone también dar cuenta de la experiencia de estas asociaciones, cuyo cruce de los análisis constituye una de las riquezas de la red. Si los hechos relatados se sitúan en la actualidad del año 2009, el conocimiento de hace tiempo por las asociaciones de la realidad de la migración permite tratar el tema diferentemente que bajo el ángulo de acontecimientos puntuales, como es a menudo el caso. Los temas de trabajo de la red Migreurop sirvieron de hilo conductor para organizar este informe: en cada zona estudiada (salvo Lampedusa, ver infra), se retuvieron cuatro ejes. Los tres primeros caracterizan la política de inmigración y de asilo de la UE: controlar y bloquear; retener, encerrar; deshumanizar, matar. El cuarto - asistir, resistir - quiere reflejar tanto los movimientos de autoorganización de los migrantes como las manifestaciones de solidaridad de aquellos que les ayudan: el componente militante de la red Migreurop constituye, para este último aspecto, una fuente privilegiada de información sobre las luchas.


Ver el Informe en francés: http://www.migreurop.org/IMG/pdf/Rapport-Migreurop-oct2009-def.pdfPronto en inglés, italiano y español.

Las fronteras asesinas de Europa



LAS FRONTERAS ASESINAS DE EUROPA.-
Migreurop 14 de octubreInforme sobre las violaciones de los derechos humanos en las fronteras publicado por la red Migreurop 14 de octubre

- Deportaciones ilegales en la frontera greco-turca
- Oujda: zona tampón entre Marruecos y Argelia, cámara hacia Europa
- Calais y el norte de Francia: zona de vagabundeo, puerta de Inglaterra
- Lampedusa, isla centinela de Europa


Para su primer Informe anual sobre las violaciones de los derechos humanos en las fronteras, Migreurop ha elegido retener cuatro polos emblemáticos de fechorías de la política llevada a cabo por la Unión Europea en materia de inmigración y de asilo. La frontera greco-turca, la región del Calais, al noroeste de Francia, la de Oujda, al este de Marruecos, y la isla de Lampedusa al extremo sur de Italia, son tantos altos, más o menos largos, a veces definitivos, en la odisea de millares de personas que, cada año, intentando alcanzar Europa, buscan a través del exilio elegido o forzado escapar a su suerte.



El informe anual de Migreurop sobre las violaciones de los derechos humanos en las fronteras no es el producto de una misión de investigación de más o menos larga duración por observadores externos. Es el fruto de la doble dimensión que caracteriza la red Migreurop, compuesta por organizaciones de base que trabajan para la defensa de los derechos de los migrantes y de los refugiados, y por individuos que, en su actividad profesional o militante, estudian y analizan las políticas migratorias y sus consecuencias. Este informe desea favorecer, cada vez que sea posible, la palabra de los migrantes entrevistados o en las misiones ad hoc, o por las asociaciones miembros o colaboradoras de Migreurop que están presentes a diario en los lugares elegidos. Se propone también dar cuenta de la experiencia de estas asociaciones, cuyo cruce de los análisis constituye una de las riquezas de la red. Si los hechos relatados se sitúan en la actualidad del año 2009, el conocimiento de hace tiempo por las asociaciones de la realidad de la migración permite tratar el tema diferentemente que bajo el ángulo de acontecimientos puntuales, como es a menudo el caso. Los temas de trabajo de la red Migreurop sirvieron de hilo conductor para organizar este informe: en cada zona estudiada (salvo Lampedusa, ver infra), se retuvieron cuatro ejes. Los tres primeros caracterizan la política de inmigración y de asilo de la UE: controlar y bloquear; retener, encerrar; deshumanizar, matar. El cuarto - asistir, resistir - quiere reflejar tanto los movimientos de autoorganización de los migrantes como las manifestaciones de solidaridad de aquellos que les ayudan: el componente militante de la red Migreurop constituye, para este último aspecto, una fuente privilegiada de información sobre las luchas.


Ver el Informe en francés: http://www.migreurop.org/IMG/pdf/Rapport-Migreurop-oct2009-def.pdfPronto en inglés, italiano y español.

viernes, 16 de octubre de 2009

AMNISTIA INTERNACIONAL Y CEAR ante la nueva ley de asilo



Madrid, 15 de octubre de 2009

ESPAÑA / LEY DE ASILO: El Congreso ratifica una Ley que convierte el conseguir asilo en una carrera de obstáculos



Madrid-. Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, lamentan que tras la ratificación hoy en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria tras su paso por el Senado, se haya perdido una oportunidad para avanzar en el compromiso de proteger a personas que huyen de violaciones de derechos humanos, y que aumenten los obstáculos para poder acceder al asilo en España.




El texto aprobado hoy en sesión plenaria en el Congreso de los Diputados añade a la ley vigente un número importante de obstáculos que, no sólo son contrarios a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado sino que, lo más grave, impedirán que muchas personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos puedan simplemente acceder al ejercicio de su derecho a solicitar protección internacional. Además, no se entiende que un país como España que cerraba el 2008, según los datos aportados por la Oficina de Asilo y Refugio, con unas 4.500 solicitudes y sólo 151 estatutos concedidos, muestre esta resistencia a garantizar la protección de las personas necesitadas de protección internacional.




Así, entre los obstáculos que contempla la Ley, las organizaciones abajo firmantes queremos destacar:




La exclusión de los ciudadanos europeos comunitarios del derecho a solicitar asilo, contraria a la Convención de Ginebra por violar el carácter universal de dicho derecho y que a nuestro juicio entraría en contradicción con el artículo 13.4 de la Constitución española.




La desaparición del derecho a pedir asilo en las embajadas españolas. Si bien la ley establece un procedimiento donde se reconoce la posibilidad de promover el traslado a España, vía que necesitará de un posterior desarrollo reglamentario, a ambas organizaciones nos preocupa que la decisión quede bajo la discrecionalidad del embajador. La desaparición de la vía diplomática reconocida hasta ahora en la Ley, supone un retroceso injustificado y de especial gravedad ante los obstáculos ya existentes para acceder al procedimiento en territorio español.







El aumento de las causas de exclusión ante la posibilidad de una persona de pedir asilo, con fórmulas jurídicamente imprecisas como “constituir un peligro para la seguridad de España” o “constituir una amenaza para la Comunidad” que exceden claramente la letra de la Convención de Ginebra.




El concepto de “tercer país seguro” como causa de inadmisión de la solicitud que vulnera la obligación, contemplada en la Convención de Ginebra, de estudiar cada caso de forma individual, así como el principio de no discriminación por motivos de nacionalidad contemplado en el artículo 3 de la propia Convención.




La ampliación de los plazos de detención en frontera, hasta un máximo de 10 días, así como la desaparición de la garantía hoy existente de que se suspenda una devolución al país perseguidor si el ACNUR emite un informe favorable para que se admita una solicitud de asilo.




El establecimiento de diferentes procedimientos de tramitación de la solicitud de asilo. Esta diversidad contribuye a reducir las mismas garantías para los solicitantes de asilo en función del lugar donde soliciten protección. De este modo, por ejemplo, los posibles solicitantes de asilo en frontera tendrán mayores dificultades para poder optar a conseguir la condición de refugiado.




La desaparición del reexamen, cuando se ha denegado una petición y se obtienen nuevos elementos probatorios que permiten revisar la resolución, lo que no se compensa con la remisión de la nueva ley a la normativa general de procedimiento administrativo.




Los aspectos positivos para los derechos humanos en la ley



La nueva ley amplía las referencias a los conceptos de refugiado y de persona merecedora de protección subsidiaria, incorporando la persecución por motivos de género y orientación sexual, así como una mención expresa a colectivos especialmente vulnerables como puedan ser los menores y las personas víctimas de trata.




Asimismo, cabe destacar de forma positiva la inclusión de los programas de reasentamiento, así como una mejora sustancial del régimen de residencia en España de los beneficiarios. Cabe también destacar que los intensos trabajos en el Congreso fueron seguidos de propuestas de enmienda en el Senado que, en muchos casos suponían un avance importante en el compromiso del Estado español con el derecho de asilo de acuerdo con los estándares internacionales. Sin embargo, junto a algunos avances como las garantías sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita, CEAR y Amnistía Internacional lamentamos que otras muchas propuestas de mejora no hayan prosperado finalmente.




CEAR y Amnistía Internacional consideran que con la Ley que se ha aprobado hoy, se ha perdido una oportunidad para liderar en Europa la defensa del Derecho de Asilo, un derecho en peligro de extinción y gravemente amenazado por las políticas de control migratorio. Estas políticas, que conllevan entre otras medidas, el cierre y la externalización de fronteras, están impidiendo el acceso a los procedimientos de asilo y la identificación como refugiadas de muchas personas que huyen de violaciones de derechos humanos.




El compromiso de garantizar la protección internacional para las y los refugiados es una obligación legal y una responsabilidad política del Estado español frente a graves violaciones de los derechos humanos. Ambas organizaciones prestarán toda su atención al desarrollo reglamentario de la ley y, lo que es más relevante, a la práctica administrativa para que este derecho no se convierta en letra muerta.

FIN/// AMNISTIA INTERNACIONAL Y CEAR

miércoles, 14 de octubre de 2009

Llegan menos, pero mueren mas; ¡qué bien!



Según el Gobierno español estamos de enhorabuena. Suena a broma, pero lo dicen con la misma seriedad con que quisieron quitarnos del vino y del tabaco; con el mismo convencimiento con que negaron que hubiera crisis económica; con la misma certeza con que aseguran que se equivocan instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España, que -¡pobres ignorantes!- han expresado dudas sobre el futuro de la economía española.




Sí, llegan menos inmigrantes clandestinos a bordo de cayucos. Pero mueren muchos más: a fines de agosto se contabilizaban treinta y dos muertes en las costas canarias (diez más que el año anterior por las mismas fechas).

Lo importante, sin embargo, es la eficacia de nuestros controles fronterizos y el efecto disuasorio de esas muertes. ¡Qué bien!, ¿verdad? Y qué orgullo ser gobernados por estas dignas personalidades, émulas de Santa Teresa de Calcuta y dignas de asumir papeles estelares en películas de los Hermanos Marx (por su marxismo militante, se entiende).


--
Manuel Ferrer Muñoz

Coordinador general del Centro Europeo de Estudios sobre Flujos Migratorios